Iván Torres Robles
Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Iván Torres Robles
- Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
se Resuelve: Único. Se concede a ***************************, la suspensión definitiva solicitada en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, para los efectos indicados en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Como está ordenado en el cuaderno principal 1297/2023, con copia de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de Mexicali, Baja California, se forma por separado este incidente de suspensión. II. Audiencia incidental 1. Señalamiento. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. III. Informe previo 1. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión de Honor y Justicia de Mexicali, Baja California, el informe previo, que deberá ser rendido dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la legal notificación del presente acuerdo, enviándose para tal efecto copia de la demanda. Se apercibe que de no hacerlo así, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material para rendirlo, será impuesta una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, conforme disciplina el arábigo 260, fracción I, del ordenamiento en cita. IV. Suspensión provisional 1. Fijación de la litis. Del análisis integral de la demanda de amparo y de lo asentado en el cuaderno principal del que deriva el incidente en que se actúa, se advierte, que en el presente sumario se señalan como actos reclamados los siguientes: "IV- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME ACTO RECLAMADO: 1- De las autoridades señaladas como Responsables COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, reclamo el INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCION de fecha 20 de septiembre del 2023 con número de expediente ******************** el cual me fue notificada en fecha 25 de septiembre del 2023 el cual no cumple con los requisitos legales para dar inicio." Asimismo, en el capítulo relativo a la suspensión de los actos reclamados, la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para los efectos que a continuación se establecen: "SUSPENSION Con fundamento en lo previsto en los artículos 125,126 y 159 de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la Suspensión Provisional de los Actos Reclamados, y en su oportunidad, la Suspensión Definitiva de los mismos, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a las Autoridades Responsables la resolución que se dicte en el fondo del Juicio de Amparo. Por lo cual pido se conceda la Suspensión Provisional para efecto de no ser privado de mi Trabajo, ni sometido a ninguna pena o sanción administrativa, hasta en tanto esta autoridad federal se pronuncie, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecúa la situación del agente policiaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio, sirve de sustento a lo anterior, la siguiente TESIS con número de registro 2010106." En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión provisional únicamente en los términos solicitados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. 2. Certeza de los actos reclamados. En este momento procesal sólo se cuenta con la demanda como elemento a tener en cuenta para resolver sobre la medida cautelar, por lo cual se deben atender las manifestaciones de la parte quejosa, hechas bajo protesta de decir verdad y, con base en éstas, partir de que los actos reclamados son ciertos. 3. Estudio. De conformidad con el artículo 147 del mismo ordenamiento, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente a la quejosa el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio principal. Sobre esa base, la suspensión de las consecuencias del acto señalado, se concederá siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos por los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por el interesado, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que en esencia reprocha el inicio de procedimiento de remoción instado en su contra, respecto del cual sería de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían; porque podría ocurrir un cambio de situación jurídica al removerlo de su cargo. 4. Interés suspensional En el caso en concreto, se tiene que la parte quejosa acredita su interés suspensional, al ser parte dentro del procedimiento administrativo de origen y la sanción que eventualmente se llegue a dictar, se insiste, afectaría su esfera jurídica. Lo que resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 218, del enjuiciamiento adjetivo federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para tener por demostrado su interés suspensional. 5. Fijación de la situación en que habrán de quedar las cosas y medidas para conservar la materia del amparo Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 152 ambos de la ley aplicable, se concede la suspensión provisional solicitada, para efecto de que, sin suspender el procedimiento administrativo de origen, no se dicte la resolución definitiva ni se decrete la separación, destitución o remoción de cargo como elemento de la Dirección Pública Municipal. Lo anterior, hasta en tanto reciba notificación de lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva; sin que se afecte su relación jurídica con la institución donde presta sus servicios, esto es, que se le sigan pagando todas las prestaciones a que tenga derecho, salvo que se le haya separado o suspendido provisionalmente de su cargo, como medida cautelar vigente durante el procedimiento administrativo, en cuyo caso deberá atenderse a la normativa aplicable respecto del pago de los emolumentos. Resulta aplicable la tesis III.1o.A.31 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 32, julio de 2016, tomo III, página 2170, con registro digital 2012157, de rubro y texto: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA SU POSIBLE SEPARACIÓN DEL CARGO, NO OBSTANTE QUE NO SE HAYA ACREDITADO FEHACIENTEMENTE LA EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AL SER UN HECHO NOTORIO LA PRÁCTICA REITERADA DE CESARLOS SIN QUE MEDIE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO. Si en autos del incidente de suspensión no se acredita fehacientemente la existencia de una resolución que ordene la separación del cargo de un miembro de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, ello no es óbice para conceder la suspensión en el amparo, habida cuenta que, de negársele, se le causarían perjuicios irreparables, pues en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si eventualmente fuere separado de su cargo, por cualquier motivo, sería imposible, no obstante que se le concediera el amparo solicitado, reinstalarlo en el puesto que venía desempeñando, máxime si se considera que es un hecho notorio para este Tribunal Colegiado de Circuito la práctica reiterada de las autoridades administrativas, de cesar a dichos servidores públicos sin que medie procedimiento administrativo alguno, más aún cuando el quejoso señala que esa separación obedece a que no se aprobaron los exámenes de control de confianza, por tanto, no sería ajeno a la cotidianidad que, no obstante la negativa de sus actos, las autoridades los ejecutaran." De igual forma, es relevante la tesis III.5o.A.17 A (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo IV, página 2960, con registro digital 2011816, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PARA QUE NO SE PRIVE AL QUEJOSO DE SUS EMOLUMENTOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESTÉ SUSPENDIDO EN SU CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Tratándose de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de "presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con la imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar medidas que impliquen colocarlas en una situación de hecho equiparable entre imputadas y culpables y, por tanto, la prohibición de dictar resoluciones que supongan la anticipación de la sanción. Ahora bien, el artículo 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco establece la facultad de la instancia instructora para determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto al procedimiento administrativo de separación, de su función, cargo o comisión, si así estima conveniente para la conducción y continuación de las investigaciones, lo que lleva, como consecuencia implícita, la privación de sus percepciones, y esa restricción constituye una sanción anticipada que coloca al elemento sujeto a procedimiento en una situación con condiciones análogas a la de aquellos cuya responsabilidad se determinó, esto es, de quienes fueron separados definitivamente, lo cual vulnera el principio constitucional descrito. Por tanto, procede conceder la suspensión definitiva en el amparo contra esa consecuencia, esto es, para que no se prive al quejoso de sus emolumentos, con independencia de que esté suspendido en su cargo, pues su otorgamiento con esos alcances no contraviene disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de sus salarios, a los postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio constitucional." También, se considera la jurisprudencia PC.I.A. J/52 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 23, octubre de 2015, tomo III , página 3115, con registro digital 2010106, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN. Tratándose de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de "presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con la imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar medidas que impliquen colocarlas en una situación de hecho equiparable entre imputadas y culpables y, por tanto, la prohibición de dictar resoluciones que supongan la anticipación de la sanción. Ahora bien, en los procedimientos administrativos de separación de los elementos de instituciones de seguridad pública, regidos por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los órganos instructores apartarlos del servicio provisionalmente, con la consecuente privación de sus percepciones, resolución con la que puede verse comprometido el principio de presunción de no responsabilidad en su vertiente de regla de trato, en la medida en que, de un análisis preliminar, propio del que está autorizado a efectuarse en el incidente de suspensión en el juicio de amparo, se trata de una afectación que supone que durante el procedimiento administrativo sancionador se les coloque en una situación con condiciones análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. De ahí que, con base en el postulado constitucional de presunción de no responsabilidad, debe concederse la suspensión a efecto de que, sin reinstalar a los elementos policiales, se continúen pagando los emolumentos que les correspondan, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio de amparo." De igual modo, se transcribe la jurisprudencia I.1o.A. J/3 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 1, página 924, con registro digital 2005001, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SI DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO O DE SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE UN CUERPO POLICIAL O DE UN ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SE DECRETÓ SU SEPARACIÓN PROVISIONAL DEL CARGO QUE DESEMPEÑA, ES FACTIBLE CONCEDER ESA MEDIDA ÚNICAMENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN EN EL PAGO DE SUS HABERES. Es facultad de la autoridad instructora de un procedimiento de tal naturaleza suspender provisionalmente al servidor público hasta que se resuelva en definitiva su permanencia o separación del servicio, determinación que trae como consecuencia su separación propiamente dicha, en las funciones que desempeña, así como la interrupción del pago de su salario. En el juicio de amparo es factible otorgar la suspensión contra la falta de pago de los haberes del servidor público, ya que el hecho de dejar de percibir ingresos puede poner en riesgo la propia subsistencia del quejoso y la de los que de él dependan, es decir, la ejecución de la separación provisional puede ocasionarle daños y perjuicios de difícil reparación. Tal afirmación tiene sustento en el hecho de que, a consecuencia de la suspensión de sus funciones, el quejoso está impedido para obtener un nombramiento diverso con el objeto de prestar sus servicios en alguna otra dependencia o entidad de la administración pública. Además, el hecho de estar suspendido en el desempeño del servicio, por sí, explica las dificultades que ese funcionario público pueda tener para lograr su acomodo laboral con un patrón distinto al Estado. Por último, la circunstancia de que se le paguen sus emolumentos mientras dure el procedimiento administrativo no vulnera normas de orden público ni lesiona el interés social; lo primero, porque no existe alguna disposición que prohíba que a los servidores públicos que estén suspendidos en sus funciones, con motivo de la instrucción de un procedimiento administrativo, se les paguen sus haberes, y lo segundo, ya que si lo que se busca con la separación transitoria es que los funcionarios públicos que están en dicha situación no entorpezcan la continuación o conducción de los procesos o procedimientos instaurados en su contra, tal pretensión queda satisfecha porque la suspensión otorgada no incidirá en ese aspecto." Finalmente, se transcribe por aplicable la jurisprudencia 2a./J. 76/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, tomo 1, página 921, con registro digital 2001513, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." 6. Alcances de la suspensión Con fundamento en el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la medida cautelar que se concede queda sujeta a lo siguiente: a) No surtirá efecto alguno por actos diversos de los hechos asentados en la demanda por no ser materia de litis, o bien, si provienen de autoridades distintas de la señalada como responsable. b) En caso de que el acto reclamado se haya consumado, es decir, que se haya decretado su baja, destitución, separación o remoción de su cargo que obedezca a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. En el entendido que la medida cautelar no abarca el derecho a que siga laborando como elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal; asimismo, para que se le entregue el equipo de trabajo, dado que, la institución a la que se encuentra adscrito tiene la obligación de velar sobre la función que desempeña como servidor público. Por tanto, si actualmente cumple dicho cargo en otra área de la misma corporación no afecta a sus derechos fundamentales, porque lo importante es que no se le separe de su cargo previamente a que se le otorgue el derecho de audiencia y que siga percibiendo su salario en los términos en que lo venía haciendo previo al acto reclamado, así como a los servicios médicos, salud y seguridad social con los que cuenta; que de resolver lo contrario se afectaría el interés público ya que la sociedad está interesada en que aquellos agentes policiacos que posiblemente hayan cometido una falta en contra de la propia colectividad sean sancionados y mientras dura el procedimiento respectivo se impongan las medidas cautelares para que no se siga generando la afectación a la propia sociedad. c) Asimismo, en caso de que la orden de suspender sus labores derive de una orden de cese, la suspensión concedida no surtirá efectos. La presente medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la ley prevé a fin de conservar la materia del juicio de amparo. 7. Requisitos de efectividad La presente medida suspensiva surte sus efectos sin necesidad de que la parte quejosa otorgue garantía, en razón de que no se advierte la existencia de tercero interesado al que pudiera causar perjuicio. 8. Copia certificada En atención a la solicitud de la parte promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente auto. V. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea Se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico y artículo 263, fracción I, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. VII. Formas de notificar a las partes De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a quien cuente con el carácter de autoridad responsable, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al Actuario de la adscripción para que solo en el caso que sea proporcionado un correo electrónico y se autorice éste, envíe por dicho medio los oficios correspondientes para su notificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita. Lo anterior es así ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28 fracción III y 30 fracción I de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a la autoridad (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II de dicho ordenamiento) se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico-, lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicar notificaciones, sin que en el caso sea necesario que la autoridad destinataria tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se apercibe que de existir negativa sin causa justificada a recibir el oficio correspondiente, se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. VIII. Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales, se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. IX. Correo electrónico institucional Se informa a las partes que el correo electrónico de este Juzgado de Distrito es el siguiente: 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. X. Esquema de atención al público En términos del artículo 6 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. XI. Información relativa a la expedición de copias Se hace del conocimiento que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, dado que conforme a los términos previsto por el Acuerdo General en cita, en su artículo 22, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables; por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que en proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, se previno el escrito de demanda para que dentro del plazo de cinco días, realizara lo siguiente: ** a. Acto no señalado como reclamado De la lectura de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado: **** No obstante, en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación, en el apartado "sexto", formula conceptos de violación respecto de la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción XXXI, del Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali. Por lo expuesto, con apoyo en el artículo 114, fracción II, de la norma en consulta, la parte promovente del amparo deberá precisar si es su deseo señalar también como acto destacado la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción XXXI, del Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali; y, en caso de ser así, deberá señalar a que autoridades les reclama el mismo. De igual manera, deberá precisar los antecedentes de ello, en los términos del numeral 108, fracción V, dado que en el capítulo no hace mención de ello. b. Autoridad y acto no señalados Diga si es su deseo señalar como autoridad responsable al Municipio de Mexicali, atribuyéndole la violación del artículo 113 Constitucional, al no fomentar la participación ciudadana en la sesión de la comisión, en la cual fue votado e iniciado el procedimiento incoado en su contra; y, en caso de ser afirmativo su desahogo, deberá exhibir un tanto más de la copia de la demanda y escrito aclaratorio para correr traslado. Lo anterior, toda vez que en el apartado "noveno" de sus conceptos de violación, refiere que tanto la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Mexicali, Baja California, como el Municipio de Mexicali, violentan el referido numeral, al celebrar dicha sesión a puerta cerrada y sin acceso del público general, tal y como se advierte enseguida: *** Luego, dicha determinación se notificó el dieciocho de octubre siguiente, por lo que el término de cinco días otorgado a fin de dar cumplimiento a dicha prevención, transcurrió del treinta y uno de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se procede a realizar pronunciamiento respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, sin que se tengan como actos reclamados 1) la inconstitucionalidad de la fracción XXXI del artículo 20 del Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali; y, 2) así como la falta de fomento a la participación ciudadana atribuida al Municipio de Mexicali. II. Decisión sobre la instancia constitucional 1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, respecto del acto reclamado a la Comisión de Honor y Justicia de Mexicali, Baja California, que se hace consistir en: "IV- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME ACTO RECLAMADO: 1- De las autoridades señaladas como Responsables COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, reclamo el INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCION de fecha 20 de septiembre del 2023 con número de expediente ******************** el cual me fue notificada en fecha 25 de septiembre del 2023 el cual no cumple con los requisitos legales para dar inicio." III. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 1. Modalidades de la audiencia constitucional. La intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo mediante promoción presentada física o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. En la inteligencia de que se realizará presencialmente garantizándose la sana distancia entre quienes acudan. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo 1. Parte quejosa. ********************. A. Domicilio y autorizados. Respecto a la designación de domicilio y autorizados, se deberá estar a lo señalado en auto de once de octubre de dos mil veintitrés. 2. Autoridad responsable A. Designación. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se tiene como autoridad responsable a la Comisión de Honor y Justicia de Mexicali, Baja California. B. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, requiérase para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, sea rendido el informe con justificación. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, será impuesta una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, se apercibe que en caso que exista la negativa a recibir el oficio librado en el presente juicio, sin causa justificada, fundada y motivada, ésta se tendrá por hecha en términos del numeral 28, fracción I segundo párrafo de la Ley de Amparo, y aunado a ello, será impuesta una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. C. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se requiere para que en caso de que se tenga conocimiento o que su conducta provoque la actualización de alguna hipótesis de improcedencia o sobreseimiento, sea comunicado de inmediato, sin importar el estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que el incumplimiento a esa obligación, tendrá como consecuencia una multa equivalente al valor de treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. D. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en los artículos 75 y 117 de la ley en comento, se requiere para que sean remitidas dentro del plazo de quince días referido, las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, al resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo. 3. Terceros interesados Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que no se actualizan los supuestos previstos en la fracción III del artículo 5º de la referida norma, de ahí que no se reconozca con dicho carácter a persona física o moral alguna. 4. Representación social Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la intervención que legalmente le corresponde. V. Incidente de suspensión Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el considerando décimo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico; ábrase por separado el incidente de suspensión del acto reclamado que solicita la parte quejosa......
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