Ivan Torres Jiménez

Expediente 123/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 58 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
123/2015
Año
2015
Actuaciones
58
Última actuación
30/09/2016

Partes del expediente

  • Ivan Torres Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    ...el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que precede, hecha por la Secretaria de este juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de revisión contra el proveído de uno de septiembre del año en curso, por medio del cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, sin que las partes lo hubieren hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa....

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que precede, hecha por la Secretaria de este juzgado, se estima necesario precisar: 1. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el tres de febrero de dos mil quince y, remitido por razón de turno a este Juzgado, al día hábil siguiente, Iván Torres Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como acto reclamado: ".a).- EL ACUERDO DE FECHA NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE DICTADO POR LA LIC. MÓNICA L. HUESCA PACHECO, EN SU CARÁCTER DE AGENTE SEGUNDA DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR EN DELITOS DIVERSOS ADSCRITA A LA UNIDAD INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DECIMOSEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE COATEPEC, VERACRUZ, dictado en la Carpeta de Investigación Núm.UIPJ/DXII/2º/053/2014 de su índice, y b).- EL ACUERDO DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE DICTADO POR LA C. LIC. MÓNICA L. HUESCA PACHECO, EN SU CARÁCTER DE AGENTE SEGUNDA DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR EN DELITOS DIVERSOS ADSCRITA A LA UNIDAD INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE COATEPEC, VERACRUZ, dictado en la Carpeta de Investigación Núm.UIPJ/DXII/2º/053/2014 de su índice..." 2. Mediante auto de diecisiete de febrero de la pasada anualidad, una vez desahogada la prevención que se le hiciera en el diverso de seis de febrero, se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha para audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Ginna Teodora Silveira Carrillo y/o Ginna Teodora Da Silveira Carrillo. 3. Proveído de dieciséis de abril y tres de julio, ambos de dos mil quince, en los que al advertirse la imposibilidad que existía para emplazar a juicio a la citada Ginna Teodora Silveira Carrillo y/o Ginna Teodora Da Silveira Carrillo, este órgano ordenó realizar la investigación prevista por el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, girando para ello oficio a diversas autoridades oficiales, para que informaran a este órgano jurisdiccional si con motivo de sus funciones tenían registrado algún domicilio de la referida tercero interesada. 4. En proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, toda vez que pese a la investigación ordenada no fue posible el emplazamiento de la aludida tercero interesada, se ordenó su emplazamiento por edictos, requiriendo a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, se presentara a recogerlos y acreditara que acudió a los medios de publicación ordenados en dicho auto y que realizó las gestiones correspondientes, así como que exhibiera constancia de que los entregó para su publicación, apercibido que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, notificación que le fuera hecha mediante lista de acuerdos publicada el diecinueve de julio siguiente, tal y como se desprende de la razón que obra agregada en autos (visible a foja 446). 5. Finalmente, por diverso acuerdo de dieciséis de agosto último, se ordenó diferir la audiencia constitucional prevista para esa fecha, en virtud de que se encontraba transcurriendo el término previsto en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo vigente, es decir, los veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición los edictos correspondientes, y estuviera en posibilidad de acreditar la entrega correspondientes para su publicación. Precisado lo anterior, dado que el impetrante del amparo no acudió a este Juzgado a recoger los edictos ordenados por este Juzgado en auto de trece de julio del año que cursa, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y, por tanto, se sobresee fuera de audiencia el presente asunto. Para evidenciar lo anterior, conviene reproducir los preceptos de la Ley de Amparo aplicables, que dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado..." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) II.- El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se comprueba que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." De lo anteriormente transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo, establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa, en principio acuda a este órgano a recoger los edictos, realice las gestiones correspondientes para su publicación y, en tercer lugar, acredite a este Juzgado que los entregó para tal efecto, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado a juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no haber acudido a este órgano a recoger los edictos para su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada Ginna Teodora Silveira Carrillo y/o Ginna Teodora Da Silveira Carrillo, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Así pues, si la parte quejosa no recogió los edictos ordenados en autos para su publicación, como se le indicó en auto de trece de julio de dos mil dieciséis, a pesar de haber sido notificado oportunamente para ello, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, obliga a este Juzgado a sobreseer en el presente juicio, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 27/2015 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 120/2015, consultable en la página 27, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2009915, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN.- Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para quien provee, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.108/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que si bien el operador judicial debe ponderar una vez haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos, empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que Iván Torres Jiménez, por propio derecho, haya manifestado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que se refiere la jurisprudencia transcrita. Es aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Congruente con lo hasta aquí expuesto, con fundamento en los artículos 5, fracción III, 27, fracción III, inciso b, y 63, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Finalmente, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las trece horas con diez minutos de este día y hágase del conocimiento de la autoridad responsable el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ... se advierte que mediante proveído de trece de julio del año en curso, se requirió al quejoso Iván Torres Jiménez, para que dentro del término de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, se presentara en este Juzgado Federal a recoger los edictos ordenados en el citado proveído, de igual forma, que acreditara que acudió a los medios de publicación ordenados en dicho auto y que realizó las gestiones correspondientes, así como que exhibiera constancia de que los entregó para su publicación y, así poder emplazar a juicio a la tercero interesada Ginna Teodora Silveira Carrillo y/o Ginna Teodora Da Silveira Carrillo; notificación que le fuera hecha mediante lista de acuerdos publicada el diecinueve de julio siguiente, tal y como se desprende de la razón que obra agregada en autos (visible a foja 446). De lo hasta aquí expuesto, queda plenamente demostrado que a la fecha se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo vigente, es decir, los veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición los edictos, y esté en posibilidad de acreditar la entrega correspondientes para su publicación. En mérito de lo anterior, y toda vez que no se encuentra debidamente integrado el presente asunto, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere, y como nueva fecha se fijan las trece horas con diez minutos del uno de septiembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo..

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