Iván Teodoro Mateo

Expediente 127/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
127/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Huayacocotla, Veracruz
  • Iván Teodoro Mateo

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el proveído remitido la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo 127/2022-II, del índice de este juzgado. Asimismo, se advierte que aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo instaurada por **************que dio origen al referido juicio de amparo. En ese tenor, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Por otro lado, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: El presente expediente no se considera de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Acorde al numeral 21 del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción, por lo que, una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, se realizará el proceso de destrucción correspondiente. En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es susceptible de DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo 35 de la citada normativa.

  2. Principal

    INCOMPETENCIA.

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, instaurada a nombre de ***************, contra actos de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Cuarto Distrito Judicial de Huayacocotla, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos humanos previstos en el artículo 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 127/2022-II-B. COMPETENCIA El juzgador federal debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, por lo que en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas judiciales que resulten pertinentes y necesarios para cumplir con los propios establecidos en el artículo 171 constitucional y 252 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese aspecto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en el Primer Circuito, mediante la tesis I.3o.C.90 K, dijo: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el 1 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 2 Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras: 1. Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Cuarto Distrito Judicial de Huayacocotla, Veracruz; 2. Fiscal Itinerante adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, de Huayacocotla, Veracruz; Y como ejecutoras: 1. Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía General del Estado, de Huayacocotla, Veracruz; De quienes señaló como acto reclamado una orden de detención, comparecencia y/o presentación y su ejecución. En ese contexto, es menester citar el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del último artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan: a) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, en que se haya presentado la demanda, será competente para conocer de ella. b) Cuando el acto reclamado requiera ejecución, es competente el juez de distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Resulta aplicable al respecto la tesis 3a. XLIX/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 13, Tomo XII, septiembre de 1993, que reza: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un juez de distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado, que, en el caso concreto, se trata de una orden de detención, comparecencia y/o presentación. Acto que se atribuye a las autoridades responsables ya precisadas, con residencia en Huyacocotla, Veracruz, perteneciente al Estado de Veracruz. Las cuales, según el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito, no corresponden a la jurisdicción de Poza Rica, Veracruz, como se advierte: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coyutla, Coxquihui, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo. [.] En efecto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que todas las autoridades señaladas por el peticionario de amparo tienen su domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, por lo que de llevarse a cabo la materialización del acto reclamado éste se verificará en un espacio geográfico distinto al asignado a este órgano federal, no así en el que éste tiene competencia, pues en todo caso, las autoridades ejecutoras señaladas como responsables, únicamente podrán ejecutar el acto dentro de su competencia territorial. Cobra aplicación la tesis 64, sustentada por la otrora Tercera Sala del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice 2000, Tomo VII, Conflicto Competenciales, Jurisprudencia Materia Civil, página 123, con número de registro IUS 918720, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Es un principio jurídico que las disposiciones específicas sean de aplicación preferente sobre las reglas generales que las contradicen. Por tanto para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales." Así como la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto de 2001, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En efecto, las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras que el quejoso señaló, tienen domicilio en Huayacocotla, Veracruz; luego, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de este juicio de amparo, el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, o se ejecute el acto reclamado, y dada la naturaleza misma de los actos reclamados que requiere necesariamente de ejecución para su cumplimentación, entonces, al no encontrarse facultadas las autoridades tanto ordenadoras como ejecutoras para ejercer su imperio dentro de la circunscripción de este juzgado federal . En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo; por tanto, remítase la demanda de amparo y sus anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, Veracruz, a quien se estima competente para conocer del asunto; solicítese el acuse de recibo correspondiente. La decisión asumida encuentra su fundamento en lo previsto en el punto cuarto, apartado séptimo del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito, que dispone: "VII. SÉPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: [.] Huayacocotla [.]" De lo anterior, es inconcuso que quien ejerce jurisdicción en el municipio de Huayacocotla, Veracruz, es el Juez de Distrito en turno, con sede en Tuxpan, de ahí que sea procedente declinar competencia en los términos apuntados con antelación. No obsta lo anterior, que el quejoso haya señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Dieciocho de Marzo, número trescientos siete, departamento ocho, colonia Manuel Ávila Camacho, código 93220 en esta ciudad, ya que la competencia del juez de distrito para conocer del asunto, no se ciñe al lugar del domicilio particular o procesal que señale el quejoso en la demanda, pues adoptar un criterio distinto equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia, como puede ser el señalar un domicilio donde quisiera promover. Apoya lo anterior, la tesis aislada VI.2º.20 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Materia Común, página 395, bajo el tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se declara que este juzgado carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Sin que sea el caso proveer respecto de la suspensión provisional o de oficio, conforme lo dispuesto por el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de los actos mencionados en el artículo 15 de la propia ley. Por lo anterior, remítase la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, Veracruz y solicítese el acuse de recibo correspondiente.

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