Iván Tapia Álvares
Expediente 696/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Iván Tapia Álvares
- Jueces de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, veinte de enero de dos mil veintidós. Solicita devolución de billete. Agréguese el escrito signado por el quejoso Iván Tapia Álvarez, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito N 869619, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), el cual fue exhibido para garantizar la suspensión provisional concedida en la determinación de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, dígase al promovente que mediante interlocutoria dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se dejó a su disposición el billete referido, por lo que deberá a estar a lo acordado en dicha resolución, a efecto de que le sea devuelto. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, veinte de enero de dos mil veintidós. Solicita devolución de billete. Agréguese el escrito signado por el quejoso Iván Tapia Álvarez, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito N 869619, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), el cual fue exhibido para garantizar la suspensión provisional concedida en la determinación de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, dígase al promovente que mediante interlocutoria dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se dejó a su disposición el billete referido, por lo que deberá a estar a lo acordado en dicha resolución, a efecto de que le sea devuelto. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, ocho de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo Ahora bien, toda vez que la sentencia de diez de marzo actual, dictada en el presente asunto, respeto del acto reclamado, competencia de este Juzgado de Distrito, se determinó sobreseer el juicio de amparo, en consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional como definitiva. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que se necesario proveer respecto de devolución de documentos exhibidos por las partes, toda vez que no obran en autos. Devolución de expediente. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de Despacho, remitió en apoyo a su informe justificado, copia auténtica de la causa judicial 273/2020 y audio y video de la audiencia inicial de la misma, por tanto, devuélvase a la citada autoridad las documentales señaladas, mismas que obran por separado en un tomo de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diez de marzo de dos mil veintiuno. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con catorce minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno (foja 77), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 696/2020-VII, promovido por Iván Tapia Álvarez; en audiencia pública de derecho, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria Carmen Esther Pérez Vargas, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo y anexo (fojas 2 a 7); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 38 a 40); Los informes justificados que rindieron las autoridades responsables: Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 27); Titular del Departamento de Investigación del Delito (foja 30); Agente del Ministerio Público en turno, adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Región Norte, turno dos (foja 31); Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala (foja 42); Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 46); Constancia de emplazamiento de los terceros interesados Fernando Aguilar Rodríguez en su carácter de Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 63). Héctor Tapia Vázquez (foja 84) Todo lo anterior consta en autos. Asimismo, la Secretaria hace constar que por auto de dos de diciembre de dos mil veinte (foja 25), se dio vista a la parte quejosa con la razón actuarial de treinta de noviembre anterior, en las que, la fedataria judicial hizo constar que le fue imposible entregar los oficios 21802/2020 y 21803/2020 dirigidos a las autoridades "Oficiales de Policía de Investigación" y "Comandantes de Grupo"; por lo que se le otorgó un término de tres días a efecto de que manifestara lo que estimara conducente respecto a la inexistencia de dichas autoridades. Al respecto debe indicarse que dicho término ya transcurrió, pues el proveído de dos de diciembre actual, fue notificado el diez de diciembre siguiente (fojas 61 y 62), surtiendo efectos el once siguiente; por tanto, el término concedido transcurrió del catorce al dieciséis de diciembre de dos mil veinte, con descuento del doce y trece de dichos mes y año, por ser inhábiles, sin que haya dado contestación a lo requerido. Finalmente, la secretaria CERTIFICA: 1. Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2. El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos; además, en atención a que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en torno a la vista que se le otorgó en proveído de dos de diciembre de dos mil veinte (foja 25), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene por inexistente a la autoridad denominada "Oficiales de Policía de Investigación" y "Comandantes de Grupo", por lo que se suspende desde este momento toda comunicación con las mismas y resolver el juicio por las autoridades legalmente vinculadas. Con lo que se cierra dicha etapa y se declara abierto el periodo de pruebas. PERÍODO PROBATORIO. Acto seguido, se abre el período de pruebas: en el cual la Secretaria da cuenta con la documental que anexó la parte quejosa como anexo a su demanda de amparo consistente en copia simple de su credencial de elector (foja 8), y con las remitidas por la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como copia auténtica de la causa judicial 273/2020 remitidas por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado, mismas que obran en un tomo de pruebas por separado, así como las remitidas por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de Despacho. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza. Sin que haya lugar a la celebración de una audiencia especial para la reproducción del contenido del citado disco versátil digital (DVD), debido a que por la naturaleza jurídica que detenta se trata de pruebas documentales públicas lato sensu para efectos del amparo, aunado a que en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno (foja 76), se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, sin que hubiesen hecho manifestación alguna al respecto; por lo que, sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas PERÍODO DE ALEGATOS. Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria da cuenta con los formulados por el tercero interesado Fernando Aguilar Rodríguez en su carácter de Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 64 y 65) y se hace constar que las demás partes no los formularon. El Juez acuerda: Se tienen por hechas las manifestaciones formuladas y al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 696/2020, promovido por Iván Tapia Álvarez, contra actos de los Jueces de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Iván Tapia Alvares (sic), por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Jueces de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y otras autoridades, que hizo consistir en: La orden de búsqueda, aprehensión, detención presentación y comparecencia, así como su ejecución. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad, registrándose bajo la partida 696/2020; mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 10 a 14), se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se ordenó el emplazamiento de tercero interesado, luego, en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, también se reconoció el carácter de tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 43 y 44), ordenando su emplazamiento a juicio; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación1, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un amparo en el que se reclaman actos cuya ejecución tienen lugar dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado de distrito. II. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de imposible reparación, pues afectan un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, como lo es la libertad. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La orden de búsqueda, aprehensión, detención presentación y comparecencia, así como su ejecución. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 27); Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala (foja 42); Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 46); Consistente en la orden de búsqueda, aprehensión, detención presentación y comparecencia, así como su ejecución, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las documentales que remitieron las autoridades responsables, y el disco versátil enviado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, de las que se advierte la existencia de los actos reclamados, constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Resulta procedente invocar la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, correspondiente a la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, no pasa inadvertido que las autoridades Agente del Ministerio Público en turno, adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Región Norte, turno dos y Titular del Departamento de Investigación del Delito negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, al haber sido aceptado por las autoridades ordenadoras, se desvirtúa dicha negativa y se tiene como cierto el acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, del estado que guardan los autos y las constancias remitidas por las autoridades responsables y en específico por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Ahora bien, de las constancias que allegó el juez Tercero del Juzgado de Control y de juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras (foja 70), se advierte que el ocho de enero de dos mil veintiuno, fue cumplimentada la orden de aprehensión dictada contra el aquí quejoso Ivan Tapia Álvarez, en los autos de la causa judicial 273/2020; por lo que fue puesto a disposición del citado juez y en tal data se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento y fue señalado día y hora para la continuación de la audiencia inicial. El trece de enero de dos mil veintiuno, ante el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la cual siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Iván Tapia Álvarez, por su probable participación en el hecho que la ley señala como homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 14, 16, fracción I, 17, fracción I, 18 párrafo primero, 19, 21, fracción I, 224, 228, 239, fracción II, en relación con el artículo 434, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala (foja 75). A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en la orden de búsqueda, aprehensión, detención presentación y comparecencia, así como su ejecución librada en contra del quejoso; resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el ocho de enero del año en curso, se celebró la primera parte de la audiencia inicial dado el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y el trece de enero siguiente, en la continuación de la misma, fue dictada vinculación a proceso contra el aquí quejoso. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo, son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, pues como quedó evidenciado la responsable celebró la audiencia inicial en la causa judicial 273/2020, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del mandamiento de captura reclamado, dejaron de tener efectos, al decretarse el sobreseimiento dentro de la causa de origen; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante el dictado el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada contra el quejoso. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras, por no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia legal del acto recamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Finalmente, no pasa inadvertido que no consta en autos el emplazamiento del diverso tercero interesado Gonzalo Alfredo Tapia González; sin embargo, resulta innecesario su llamamiento al presente juicio, dado el sentido que se está adoptando en la presente resolución, la cual no le depara perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIX. 1.P.T. 20 P consultable en la página 2428 del Tomo XXXIII, febrero de 2011, Materia Común, Novena Época, Registro digital: 162685, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 696/2020-VlI, promovido por Iván Tapia Álvarez, respecto del acto reclamado a los Jueces de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y otras autoridades y precisado en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese.
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