Iván Sahid Larrauri Pérez

Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
472/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Iván Sahid Larrauri Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 472/2018-II, promovido por IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, por derecho propio, contra actos del Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado electrónicamente y recibido el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (folios 01 a 15), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito en la materia y circunscripción mencionadas, IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III. La autoridad o autoridades responsables. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL O CIUDAD DE MÉXICO,. OFICIAL MAYOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,. OFICIAL MAYOR DEL GOBIENRO DEL DISTRITO FEDERAL,. DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA OFIACLÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AHORA DENOMINADA SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDA DE MÉXICO,. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; La norma general en su carácter de heteroaplicativas que se reclaman son: Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de diciembre del 2011. En su totalidad. Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de diciembre del 2008 los cuales sirvieron de base para el cálculo del aguinaldo del año 2012. En su totalidad. Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre del 2013. En su totalidad. Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de noviembre del 2014. En su totalidad. Y como primer acto de aplicación el OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, notificado a la suscrita (sic) el pasado cuatro de abril de dos mil dieciocho. En forma específica a través de los actos siguientes: Del OFICIAL MAYOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL: LA ORDEN AL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA EMITIR EL OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018. ES SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES, DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y/O EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS AMBOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL O CIUDAD DE MÉXICO. Y COMO CONSECUENCIA ÉL ES QUIEN DA LAS ÓRDENES A SUS INFERIORES Y ENTONCES DEBIÓ DAR LA ORDEN PARA HACER LA CONTESTACIÓN A MI PETICIÓN Y EMITIR EL OFICIO QUE SE COMBATE. DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL: Emisión del oficio número OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018. Como acto de autoridad posterior que se requiere cuando se controvierte una norma general en su carácter de heteroaplicativas, como es el caso de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza de haberes y policías complementarias de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal correspondientes a las anualidades 2011, 2012, 2013, 2014. Y derivado del OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, el pago restante por concepto de aguinaldo correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. DEL OFICIAL MAYOR ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de diciembre del 2011. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre del 2008, los cuales sirvieron de base para el cálculo del aguinaldo del año 2012. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre del 2013. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de noviembre del 2014. Y derivado del OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, el pago restante por concepto de aguinaldo correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. El cálculo del pago por concepto de aguinaldo de las anualidades correspondientes a 2011, 2012, 2013, 2014 con la aplicación a mi persona de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, a través del Sistema Integración Desconcentrado de Nómina (SIDEN) en los años 2014, 2013, 2012 y 2011. Entonces, se deriva en que a él le correspondió le correspondió ordenar y realizar y practicar el cálculo para el pago de aguinaldos correspondientes a 2011, 2012, 2013, 2014. Que entonces, él realizó la aplicación de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al Personal Técnico Operativo Base y Confianza de Haberes y Policías Complementarias de la Administración Pública Centralizada y Delegaciones Del Distrito Federal de esos años 2011, 2012, 2013, 2014. La emisión y aplicación de esos lineamientos de 2011, 2012, 2013, 2014 fue hecho por esta autoridad. Y derivado del OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, el pago restante por concepto de aguinaldo correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA DENOMINADA SUBSECRETARUI DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: El cálculo del pago por concepto de aguinaldo y la aplicación a mi persona de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) en los años 2011, 2012, 2013, 2014. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de diciembre del 2011. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre del 2008, los cuales sirvieron de base para el cálculo del aguinaldo del año 2012. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre del 2013. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de noviembre del 2014. El Director General de Administración y Desarrollo de Personal su intervención se deduce del oficio combatido y de lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal o Ciudad de México en sus artículos 7 y 98. Siendo la Autoridad que se encuentra adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México y que entre sus atribuciones se encuentra Llevar a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN), los registros del Personal de las dependencias, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y entidades; Planear, dirigir y contralar la administración de sueldos y salarios; Expedir e incorporar al Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los conceptos nominales, inicidencias y movimientos que afecten las percepciones y deducciones del personal. Como consecuencia se trata de la autoridad que debió intervenir en el cálculo de los aguinaldos y como consecuencia en la aplicación de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al Personal técnico Operativo Base y Confianza de Haberes y Policías Complementarias de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada Y Delegaciones Del Distrito Federal de esos años 2011, 2012, 2013, 2014." SEGUNDO. El promovente narró los antecedentes del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, y expuso como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16, 89, fracción I, 123, apartado B, fracción XIII y 127, fracciones I, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (folios 16 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número 472/2018-II; se solicitó los informes justificados de las autoridades responsables; se dio la participación legal al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I, inciso g) de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que la parte promovente del amparo cuestiona la constitucionalidad de normas con motivo de su primer acto concreto de aplicación, que aconteció en la residencia en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; por tal consideración, se procede analizar el escrito de demanda en su integridad, para determinar con exactitud los actos reclamados por la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. Es aplicable al caso la jurisprudencia XX.1o. J/44 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, misma que es consultable en la página quinientos diecinueve, del tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". De igual forma, orienta a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 227, tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así como el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis III.1o.A.31 K, visible a página 647, tomo VI, de diciembre de 1997, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto disponen: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal". En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil once, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de diciembre de dos mil once, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil doce, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el once de diciembre de dos mil ocho, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil trece, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de diciembre de dos mil trece, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil catorce, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La orden y emisión del oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, como acto de aplicación TERCERO. Por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza del acto reclamado, de conformidad, además, con lo señalado en la jurisprudencia número XVIII.2°.J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Las autoridades responsables Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (fojas 124 y 125) y Subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (fojas 108 a 122) al rendir el informe justificado que se les solicitó; negaron la existencia de los actos que el quejoso les atribuye consistentes en: La orden al Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para emitir el oficio número 702/2612/2018. El cálculo del pago de aguinaldo a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) Sin que en el caso, el quejoso haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar las negativas de las autoridades. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 2º.J/20, registro 227634, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de1989, página 627, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se SOBRESEE en el juicio por lo que hace a las autoridades y actos precisados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la consideración expuesta, la jurisprudencia número 553, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 368, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Son ciertos los actos que en el respectivo ámbito de sus facultades se reclaman a las autoridades responsables Secretaría de Finanzas (fojas 34 a 37), Oficialía Mayor (fojas 72 a 103), ambos del Gobierno de la Ciudad de México, consistentes en la emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. Lo que además se corrobora con la publicación en el órgano de difusión, esto es, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en donde aparecen los lineamientos reclamados, por lo que es notoria su existencia, lo cual no está sujeto a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia 2ª/J.65/2000 de la Novena Época, aplicada por analogía, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Y la tesis VII.3o.C.16 K publicada en la página 1343, tomo XVIII, septiembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establece: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También es cierto el acto reclamado consistente en la emisión del oficio número 702/2612/2018, pues así lo manifestó la autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (fojas 126 a 134). Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 231, tomo VI, común, sección jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Más aún, se acredita la existencia del acto reclamado porque obra en autos el oficio del que se advierte la participación de la citada autoridad (foja 14), probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, al haber sido reconocida su emisión por la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153, del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el sumario siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto se procede a examinar las causas de improcedencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. LEY DE AMPARO "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En relación con la jurisprudencia número 940, consultable en la página 1538, Segunda parte, Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público". Con independencia de las que sostienen las autoridades responsables, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce y su ejecución. Esto en virtud de que ya fueron materia de ejecutoria en el diverso juicio de amparo 12/2015, (fojas 144 a 263) del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Para corroborar dicha causa de improcedencia, es oportuno examinar el supuesto normativo del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que es del texto siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". La interpretación gramatical del precepto trascrito permite deducir que el juicio de amparo es improcedente por regla general, en contra de leyes o actos que hayan sido impugnados en otro juicio de amparo resuelto por sentencia ejecutoria, siempre y cuando se cumplan los requisitos de identidad precisados. a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio se haya resuelto, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese entendido, y de acuerdo con lo anterior, es patente que la disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Para corroborar el aserto anterior, se estima importante hacer algunas reflexiones de orden jurídico en torno a la institución de la autoridad de la cosa juzgada y su eficacia en procesos posteriores: La jurisdicción, como función del Estado, tiene un modo especial y propio de manifestarse, a saber: la sentencia, que resume y concreta la función jurisdiccional como tal; acto estadual realizado por un órgano del Estado en torno al cual se debe vincular la cosa juzgada. Es por ese motivo que la sentencia es el fin que las partes persiguen en el proceso, ya que mediante ella quedará resuelta definitivamente la cuestión controvertida, de modo que no puede ser cuestionada de nuevo en el mismo proceso ni en uno diverso; como inclusive se reconocía en el Derecho Romano que una vez formalizado el proceso no le era dable a las partes reiterar su demanda, respecto a la cuestión resuelta, conforme al viejo principio 'non bis in ídem'. Entonces, ese efecto principal de las sentencias firmes, de impedir su revisión y hacerlas inmutables, es lo que actualmente se conoce con el nombre de cosa juzgada; de suerte tal que la institución en estudio impide repetir la acción promovida, cualquiera que fuese la suerte del proceso, en atención al principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, que ahora alberga el artículo 16 constitucional, el cual se encuentra implícitamente acogido en los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al impedir la promoción de recurso o prueba de clase alguna en contra de la cosa juzgada, que la califica como la verdad legal. Conceptualmente, para la doctrina tradicional, la cosa juzgada es el principal efecto que producen las sentencias judiciales, porque las convierte en inmutables, invocando para ello como fundamento principal la conveniencia de impedir la revisión de lo ya resuelto en sentencia firme, de modo que lo importante de la institución en estudio es que no se desconozcan los efectos que derivan de la eficacia y autoridad de la sentencia judicial, como una cualidad y un modo de ser y de manifestarse de sus efectos. Ahora bien, los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley." "Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria". La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto definen a la cosa juzgada como "la verdad legal" y contra la cual "no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley", evidencia que tales numerales prevén dicha institución al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de "ejecutoria", lo cual suele ser inadecuado, porque no toda sentencia firme adquiere la calidad de cosa juzgada, según se vio. No obstante, lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable. Sobre esta base podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juez, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados se reconocen implícitamente en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, se evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos, a saber: 1. La existencia de otro procedimiento promovido por la misma persona. 2. Que sea contra las mismas partes. 3. Que se reproche la misma conducta o se pretenda el mismo objeto. 4. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el fondo del asunto y haya quedado firme. Sobre este último punto resulta de capital importancia hacer un breve distingo entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material; ya que la primera implica la inimpugnabilidad de la sentencia, mientras que la segunda conlleva la indiscutibilidad del objeto del proceso seguido por la sentencia; no obstante, ambas generan la inmutabilidad de la resolución. Para robustecer el punto anterior, es importante recordar que la institución en estudio tiene dos límites en cuanto a su eficacia: uno subjetivo y otro objetivo. El primero implica que en ambos juicios participen las mismas partes; en cambio, los límites objetivos se encuentran determinados por el objeto litigioso y la pretensión deducida. Las anteriores reglas que desde un punto de vista formal identifican a la autoridad de la cosa juzgada con la definitividad que adquieren determinadas resoluciones de juicios ordinarios, ya sea por declaración judicial o por ministerio de ley, sirven para distinguir la firmeza que puede adquirir una sentencia de amparo. No obstante, la referencia que hace el legislador ordinario a los conceptos "verdad legal" y "sentencia ejecutoria", sugiere además que la cosa juzgada desde un punto de vista material o de fondo se identifica con el carácter inmutable de la decisión, es decir, con la eficacia que puede tener en el tiempo el fallo correspondiente que, por regla general, tiene que ver con el fondo del litigio en jurisdicción ordinaria; regla que por sus disposiciones generales tiene aplicación práctica en el juicio de amparo, pues finalmente el bien jurídico que tutela la institución de que se trata, es la inmutabilidad de la decisión judicial, que atiende primordialmente a la certeza y seguridad jurídica que deben revestir a un fallo firme (sentencia ejecutoria o ejecutoriada). Ahora bien, en los casos como el que ahora se aborda, en que el asunto relacionado se encuentra ante un diverso órgano jurisdiccional, es conveniente que, para su resolución, se precise cuál de los actos reclamados en ambos juicios constituye cosa juzgada, lo cual es posible realizar a través de la revisión de las constancias que integran cada uno de los expedientes. Así de las constancias remitidas por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, correspondientes al juicio de amparo 12/2018 de su índice, se desprende lo siguiente: 1. Ivan Sahid Larrauri Pérez y otro, reclamaron del Oficial Mayor y Secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, la inconstitucionalidad de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, para los ejercicios fiscales dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, y dos mil catorce. En audiencia celebrada el nueve de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia y determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que, se dejen de aplicar al quejoso Iván Sahid Larrauri Pérez las porciones normativas reclamadas de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo, correspondiente a los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, que vinculan el cálculo del aguinaldo al salario base y, en consecuencia el cálculo respecto del aguinaldo del referido quejoso, se efectúe con base en el salario tabular considerando como la suma del salario base más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria y, no se apliquen dichos lineamientos hasta en tanto sean reformados. 3. En contra de la resolución de mérito, las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lo registró en el toca R.A. 156/2018 y en sesión de seis de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió confirmar la sentencia de nueve de abril del año en curso y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Iván Sahid Larrauri Pérez. Tal como se advierte de la consulta, que el día en que se dicta esta sentencia, este órgano jurisdiccional procedió a realizar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del recurso de revisión 156/2018 tramitado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El último antecedente indicado consta en versión electrónica que tienen el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, puede invocarse como tal, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente, al ser información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que constituyen para este Juzgador, prueba plena de la existencia de un diverso juicio de amparo, tramitado por la parte aquí promovente, por el mismo acto ley y autoridades responsables. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 08 de junio de 2018 10:14 h, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En lo conducente la tesis l.1o.A.14 K (10a), visible en la página 1946, de la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo ll, cuyo rubro y texto establece: SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Robustece lo anterior, por analogía, lo establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.IX/2004, misma que aparece publicada en la página 259, del tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dispone: HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. Una vez establecido lo anterior, se resalta que en este juicio la parte quejosa reclamó: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. De lo que se concluye que los supuestos necesarios para actualizar la causal de inejercibilidad por cosa juzgada, que describe el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se actualizan en la especie. Ello es así, porque la constitucionalidad de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, ya fueron materia de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 12/2018, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por tanto, como es evidente, la decisión en torno al punto jurídico dirimido por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 12/2018, al ser una sentencia ejecutoriada, por haber sido confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión 156/2018, adquiere la figura de cosa juzgada y, por ende, esa decisión es inmutable. Sirve de sustento a la determinación anterior, la tesis I.7o.A.132 K de la Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Abril de 2010, página 2717, del rubro y texto siguiente: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De igual manera, resulta de manera ilustrativa, la tesis de jurisprudencia de la Séptima Época, de la Tercera Parte, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Tercera Parte, página 91, cuyo rubro y texto son: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Razones por las cuales, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por tanto, opera el sobreseimiento en términos de los artículos 61, fracción XI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con relación al acto reclamado consistente en el oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y al no advertirse la actualización de alguna respecto de dicho acto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo, únicamente respecto del acto reclamado citado. SEXTO. La quejosa en relación al oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, aduce como conceptos de violación, los que obran plasmados en su escrito de demanda, los cuales no se transcriben en obvio de repeticiones innecesarias, pero además porque no existe artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a ello, por tanto dicha actuación no es contraria a la ley. En apoyo a ello, se cita la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/129 de la Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". No obstante, en esencia considera que la autoridad responsable al emitir el oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para evidenciar dicha situación cita las jurisprudencias P./J.10/94, 2ª/J.115/2005 y I.5°.A.J/10 cuyos rubros son los siguientes: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD" "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTIULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE." "FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL." Así, en acatamiento al criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página: 847 que es del tenor siguiente: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." Se procede a verificar si las mismas resultan aplicables al caso concreto. Al respecto, se estima pertinente señalar que el oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, fue emitido en contestación al escrito de petición recibido por dicha autoridad el cinco de enero de dos mil diecisiete, de ahí que los criterios invocados no resulten aplicables. Se afirma lo anterior, porque en el caso lo que motivo la emisión del oficio reclamado fue la solicitud realizada por el quejoso en ejercicio del derecho de petición que consagra a su favor el artículo 8° constitucional, por tanto no era necesario que la autoridad a efecto de fundar su competencia citara los preceptos que lo autorizaban para emitir una respuesta, ya que el pronunciamiento deriva de la obligación que le impone el citado precepto constitucional. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.1o.A.13 CS (10a.) de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1416, que es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL PRECEPTO QUE FUNDA LA COMPETENCIA DE LOS ENTES DEL ESTADO PARA RESPONDER LAS SOLICITUDES FORMULADAS CON MOTIVO DE SU EJERCICIO, ES EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Para que un acto sea acorde con el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el órgano emisor cite las disposiciones legales que lo facultan para desplegar la atribución ejercida; sin embargo, tratándose de actos que se dictan con motivo del ejercicio del derecho de petición, la norma que funda la competencia de la autoridad que contesta la solicitud es precisamente el artículo 8o. de la Carta Magna, el cual, por un lado, otorga a los gobernados la potestad de acudir a los entes del Estado a formular una solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa y, por el otro, concede a todo funcionario público la facultad expresa de pronunciarse sobre las pretensiones que se le formulen, sin que al emitir el pronunciamiento escrito sea necesario citar expresamente el precepto 8o. referido, en virtud de que ese acto sólo puede tener lugar como consecuencia de una solicitud, pues de lo contrario el mandamiento relativo no tendría como origen el derecho de respuesta. Máxime que esa prerrogativa de los gobernados no constriñe a las autoridades a pronunciarse sobre aspectos para los cuales no tengan atribuciones o exista algún obstáculo, pues deben actuar dentro del marco constitucional y legal que las rija, por lo que en ocasiones la respuesta de la autoridad será en el sentido de que carece de atribuciones para dilucidar lo conducente, en cuyo caso, no habrá alguna disposición que justifique esa postura; por tanto, lo jurídicamente relevante será que la petición del interesado no quede sin respuesta." Aunado a que la autoridad responsable en el oficio que se revisa citó los fundamentos siguientes: "en los artículos 21 fracción VII, inciso B y 34, fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 83 del Reglamento de la Ley antes citada.", de ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio. En su segundo concepto de violación, el quejoso señala que el oficio reclamado, atenta contra el principio de seguridad jurídica, porque la autoridad manifiesta que no posee información, ni se encuentra facultado para resolver lo solicitado, estando obligado para resolver todas las reclamaciones del aguinaldo, conforme a los lineamientos publicados para el año dos mil once, dos mil doce y dos mil catorce. Es infundado el motivo de queja, con base en las consideraciones siguientes: En principio se estima pertinente señalar que el derecho de petición, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. En ese tenor, este juzgador procede a analizar si la respuesta que emite la autoridad es acorde con lo solicitado y si la misma se encuentra fundada y motivada. Al respecto se estima pertinente traer a colación lo que señala el artículo 16 constitucional, en su párrafo primero, en dónde expresamente dispone: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto transcrito consagra la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación, debe entenderse en el sentido de que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto de los que se pretende cometer un acto de autoridad, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de suerte tal que la motivación implica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso especifico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de nuestro país, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades estatales no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte en los siguientes términos: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; con apoyo en ello, se deduce que el espíritu de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para hacerlos y que exista un precepto de la ley que los funde. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 204, en la página 166, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, la autoridad Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, a través del oficio 702/2612/18 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en lo que interesa contestó lo siguiente: ".Por lo que la Dirección General de Recursos humanos no tiene facultad para el cálculo del Aguinaldo, toda vez que este lo determinó la entonces Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al personal técnico operativo base y confianza, de haberes y policías complementarias de la Administración emitido por la Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y publicados en la Gaceta Oficial el 2 de diciembre de 2011, 30 de noviembre de 2012, 29 de noviembre de 2013 y 24 de noviembre de 2014, de la siguiente manera, (salario base/30) (*40 días) (50%) mismo que se aplicaba a través del entonces sistema Desconcentrado de Nominas SIDEN, (hoy SUN). Por lo antes expuesto le indico respecto de los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014, no se detectan diferencias de aguinaldo a su favor en los 15 días siguientes a que se realizó el mismo. En ese tenor al no existir cantidad alguna o diferencia que se le deba usted relativo a la prestación de los aguinaldos 2011, 2012, 2013 y 2014, existe impedimento legal para atender su solicitud." Al respecto, el quejoso refiere que la autoridad responsable estaba obligada a resolver todas las reclamaciones del aguinaldo, conforme a los lineamientos publicados para el año dos mil once, dos mil doce y dos mil catorce, sin embargo, no desvirtúa lo manifestado por ésta. Ello, porque la autoridad expresamente le manifestó que no tenía facultades para realizar el cálculo del aguinaldo, toda vez que de acuerdo a los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al personal técnico operativo base y confianza, de haberes y policías complementarias de la Administración emitido por la Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) publicados en la Gaceta Oficial el dos de diciembre de dos mil once, treinta de noviembre de dos mil doce, veintinueve de noviembre de dos mil trece y veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, lo había determinado la entonces Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. En ese orden de ideas, si para tener por satisfecho el derecho que consagra el artículo 8° constitucional, basta con que las autoridades proporcionen en sus contestaciones a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas, de ahí que, en principio la autoridad deba revisar si dentro de sus facultades se encuentra la de emitir la contestación a lo solicitado o actuar de conformidad a lo pedido, y en caso de no tener competencia para ello, deberá hacerlo del conocimiento del quejoso. Ello es así, porque únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, así, la información contenida en el oficio es suficiente para atender el derecho de petición, porque la autoridad, fundada y motivadamente le proporcionó la información que le permite constatar que dicha autoridad no era la facultada para efectuar el cálculo del aguinaldo en los años que refiere y por tanto no podía atender lo solicitado, señalándole además quién fue el órgano competente, con lo cual le proporciona una respuesta congruente. En apoyo a las consideraciones que anteceden se cita la Jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de la Novena Época, visible en la página 207 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Diciembre de 2006, que es del tenor siguiente: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." En ese tenor, los razonamientos expresados en el oficio que se revisan son congruentes con los fundamentos señalados y la petición solicitada. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de la Quinta Época visible en la página 944 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XLI que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Dentro del régimen de facultades expresas que prevalece en nuestro país, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite." Por lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional, advierte que la contestación dada por la autoridad, en lo conducente cumple con el derecho fundamental de legalidad contemplado por el artículo 16 Constitucional, es decir, se encuentra fundada y motivada y da respuesta al punto solicitado por la quejosa en su escrito de cinco de enero de dos mil diecisiete. De ahí que al resultar infundados los argumentos expuestos, lo procedente sea negar el amparo y protección de la justicia federal por lo que hace al oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 472/2018-II, promovido por IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, POR PROPIO DERECHO, en contra de los actos y autoridades precisados en el tercero y quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, POR PROPIO DERECHO, en contra del acto y autoridad precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) y c), de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma el Licenciado Gustavo Andrés Morales Sotres, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo (autorizado de conformidad con el oficio número CCJ/ST/1629/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal), asistido por la Secretaria licenciada Cecilia Susana Vázquez Castillo, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO LA SECRETARIA veinte de septiembre de dos mil dieciocho Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 472/2018-II, promovido por IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, por derecho propio, contra actos del Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado electrónicamente y recibido el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (folios 01 a 15), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito en la materia y circunscripción mencionadas, IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III. La autoridad o autoridades responsables. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL O CIUDAD DE MÉXICO,. OFICIAL MAYOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,. OFICIAL MAYOR DEL GOBIENRO DEL DISTRITO FEDERAL,. DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA OFIACLÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AHORA DENOMINADA SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDA DE MÉXICO,. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; La norma general en su carácter de heteroaplicativas que se reclaman son: Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de diciembre del 2011. En su totalidad. Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de diciembre del 2008 los cuales sirvieron de base para el cálculo del aguinaldo del año 2012. En su totalidad. Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre del 2013. En su totalidad. Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de noviembre del 2014. En su totalidad. Y como primer acto de aplicación el OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, notificado a la suscrita (sic) el pasado cuatro de abril de dos mil dieciocho. En forma específica a través de los actos siguientes: Del OFICIAL MAYOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL: LA ORDEN AL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA EMITIR EL OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018. ES SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES, DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y/O EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS AMBOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL O CIUDAD DE MÉXICO. Y COMO CONSECUENCIA ÉL ES QUIEN DA LAS ÓRDENES A SUS INFERIORES Y ENTONCES DEBIÓ DAR LA ORDEN PARA HACER LA CONTESTACIÓN A MI PETICIÓN Y EMITIR EL OFICIO QUE SE COMBATE. DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL: Emisión del oficio número OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018. Como acto de autoridad posterior que se requiere cuando se controvierte una norma general en su carácter de heteroaplicativas, como es el caso de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza de haberes y policías complementarias de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal correspondientes a las anualidades 2011, 2012, 2013, 2014. Y derivado del OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, el pago restante por concepto de aguinaldo correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. DEL OFICIAL MAYOR ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de diciembre del 2011. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre del 2008, los cuales sirvieron de base para el cálculo del aguinaldo del año 2012. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre del 2013. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de noviembre del 2014. Y derivado del OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, el pago restante por concepto de aguinaldo correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. El cálculo del pago por concepto de aguinaldo de las anualidades correspondientes a 2011, 2012, 2013, 2014 con la aplicación a mi persona de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, a través del Sistema Integración Desconcentrado de Nómina (SIDEN) en los años 2014, 2013, 2012 y 2011. Entonces, se deriva en que a él le correspondió le correspondió ordenar y realizar y practicar el cálculo para el pago de aguinaldos correspondientes a 2011, 2012, 2013, 2014. Que entonces, él realizó la aplicación de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al Personal Técnico Operativo Base y Confianza de Haberes y Policías Complementarias de la Administración Pública Centralizada y Delegaciones Del Distrito Federal de esos años 2011, 2012, 2013, 2014. La emisión y aplicación de esos lineamientos de 2011, 2012, 2013, 2014 fue hecho por esta autoridad. Y derivado del OFICIO NO. 702/2612/2018 DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 2018, el pago restante por concepto de aguinaldo correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA DENOMINADA SUBSECRETARUI DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: El cálculo del pago por concepto de aguinaldo y la aplicación a mi persona de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) en los años 2011, 2012, 2013, 2014. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de diciembre del 2011. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre del 2008, los cuales sirvieron de base para el cálculo del aguinaldo del año 2012. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre del 2013. El primer acto de aplicación en mi persona de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de noviembre del 2014. El Director General de Administración y Desarrollo de Personal su intervención se deduce del oficio combatido y de lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal o Ciudad de México en sus artículos 7 y 98. Siendo la Autoridad que se encuentra adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México y que entre sus atribuciones se encuentra Llevar a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN), los registros del Personal de las dependencias, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y entidades; Planear, dirigir y contralar la administración de sueldos y salarios; Expedir e incorporar al Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los conceptos nominales, inicidencias y movimientos que afecten las percepciones y deducciones del personal. Como consecuencia se trata de la autoridad que debió intervenir en el cálculo de los aguinaldos y como consecuencia en la aplicación de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al Personal técnico Operativo Base y Confianza de Haberes y Policías Complementarias de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada Y Delegaciones Del Distrito Federal de esos años 2011, 2012, 2013, 2014." SEGUNDO. El promovente narró los antecedentes del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, y expuso como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16, 89, fracción I, 123, apartado B, fracción XIII y 127, fracciones I, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (folios 16 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número 472/2018-II; se solicitó los informes justificados de las autoridades responsables; se dio la participación legal al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I, inciso g) de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que la parte promovente del amparo cuestiona la constitucionalidad de normas con motivo de su primer acto concreto de aplicación, que aconteció en la residencia en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; por tal consideración, se procede analizar el escrito de demanda en su integridad, para determinar con exactitud los actos reclamados por la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. Es aplicable al caso la jurisprudencia XX.1o. J/44 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, misma que es consultable en la página quinientos diecinueve, del tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". De igual forma, orienta a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 227, tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así como el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis III.1o.A.31 K, visible a página 647, tomo VI, de diciembre de 1997, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto disponen: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal". En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil once, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de diciembre de dos mil once, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil doce, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el once de diciembre de dos mil ocho, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil trece, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de diciembre de dos mil trece, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil catorce, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, y su ejecución, consistente en el cálculo del pago por concepto de aguinaldo. La orden y emisión del oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, como acto de aplicación TERCERO. Por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza del acto reclamado, de conformidad, además, con lo señalado en la jurisprudencia número XVIII.2°.J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Las autoridades responsables Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (fojas 124 y 125) y Subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (fojas 108 a 122) al rendir el informe justificado que se les solicitó; negaron la existencia de los actos que el quejoso les atribuye consistentes en: La orden al Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para emitir el oficio número 702/2612/2018. El cálculo del pago de aguinaldo a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) Sin que en el caso, el quejoso haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar las negativas de las autoridades. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 2º.J/20, registro 227634, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de1989, página 627, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se SOBRESEE en el juicio por lo que hace a las autoridades y actos precisados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la consideración expuesta, la jurisprudencia número 553, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 368, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Son ciertos los actos que en el respectivo ámbito de sus facultades se reclaman a las autoridades responsables Secretaría de Finanzas (fojas 34 a 37), Oficialía Mayor (fojas 72 a 103), ambos del Gobierno de la Ciudad de México, consistentes en la emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. Lo que además se corrobora con la publicación en el órgano de difusión, esto es, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en donde aparecen los lineamientos reclamados, por lo que es notoria su existencia, lo cual no está sujeto a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia 2ª/J.65/2000 de la Novena Época, aplicada por analogía, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Y la tesis VII.3o.C.16 K publicada en la página 1343, tomo XVIII, septiembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establece: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También es cierto el acto reclamado consistente en la emisión del oficio número 702/2612/2018, pues así lo manifestó la autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (fojas 126 a 134). Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 231, tomo VI, común, sección jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Más aún, se acredita la existencia del acto reclamado porque obra en autos el oficio del que se advierte la participación de la citada autoridad (foja 14), probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, al haber sido reconocida su emisión por la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153, del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el sumario siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto se procede a examinar las causas de improcedencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. LEY DE AMPARO "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En relación con la jurisprudencia número 940, consultable en la página 1538, Segunda parte, Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público". Con independencia de las que sostienen las autoridades responsables, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce y su ejecución. Esto en virtud de que ya fueron materia de ejecutoria en el diverso juicio de amparo 12/2015, (fojas 144 a 263) del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Para corroborar dicha causa de improcedencia, es oportuno examinar el supuesto normativo del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que es del texto siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". La interpretación gramatical del precepto trascrito permite deducir que el juicio de amparo es improcedente por regla general, en contra de leyes o actos que hayan sido impugnados en otro juicio de amparo resuelto por sentencia ejecutoria, siempre y cuando se cumplan los requisitos de identidad precisados. a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio se haya resuelto, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese entendido, y de acuerdo con lo anterior, es patente que la disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Para corroborar el aserto anterior, se estima importante hacer algunas reflexiones de orden jurídico en torno a la institución de la autoridad de la cosa juzgada y su eficacia en procesos posteriores: La jurisdicción, como función del Estado, tiene un modo especial y propio de manifestarse, a saber: la sentencia, que resume y concreta la función jurisdiccional como tal; acto estadual realizado por un órgano del Estado en torno al cual se debe vincular la cosa juzgada. Es por ese motivo que la sentencia es el fin que las partes persiguen en el proceso, ya que mediante ella quedará resuelta definitivamente la cuestión controvertida, de modo que no puede ser cuestionada de nuevo en el mismo proceso ni en uno diverso; como inclusive se reconocía en el Derecho Romano que una vez formalizado el proceso no le era dable a las partes reiterar su demanda, respecto a la cuestión resuelta, conforme al viejo principio 'non bis in ídem'. Entonces, ese efecto principal de las sentencias firmes, de impedir su revisión y hacerlas inmutables, es lo que actualmente se conoce con el nombre de cosa juzgada; de suerte tal que la institución en estudio impide repetir la acción promovida, cualquiera que fuese la suerte del proceso, en atención al principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, que ahora alberga el artículo 16 constitucional, el cual se encuentra implícitamente acogido en los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al impedir la promoción de recurso o prueba de clase alguna en contra de la cosa juzgada, que la califica como la verdad legal. Conceptualmente, para la doctrina tradicional, la cosa juzgada es el principal efecto que producen las sentencias judiciales, porque las convierte en inmutables, invocando para ello como fundamento principal la conveniencia de impedir la revisión de lo ya resuelto en sentencia firme, de modo que lo importante de la institución en estudio es que no se desconozcan los efectos que derivan de la eficacia y autoridad de la sentencia judicial, como una cualidad y un modo de ser y de manifestarse de sus efectos. Ahora bien, los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley." "Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria". La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto definen a la cosa juzgada como "la verdad legal" y contra la cual "no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley", evidencia que tales numerales prevén dicha institución al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de "ejecutoria", lo cual suele ser inadecuado, porque no toda sentencia firme adquiere la calidad de cosa juzgada, según se vio. No obstante, lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable. Sobre esta base podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juez, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados se reconocen implícitamente en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, se evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos, a saber: 1. La existencia de otro procedimiento promovido por la misma persona. 2. Que sea contra las mismas partes. 3. Que se reproche la misma conducta o se pretenda el mismo objeto. 4. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el fondo del asunto y haya quedado firme. Sobre este último punto resulta de capital importancia hacer un breve distingo entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material; ya que la primera implica la inimpugnabilidad de la sentencia, mientras que la segunda conlleva la indiscutibilidad del objeto del proceso seguido por la sentencia; no obstante, ambas generan la inmutabilidad de la resolución. Para robustecer el punto anterior, es importante recordar que la institución en estudio tiene dos límites en cuanto a su eficacia: uno subjetivo y otro objetivo. El primero implica que en ambos juicios participen las mismas partes; en cambio, los límites objetivos se encuentran determinados por el objeto litigioso y la pretensión deducida. Las anteriores reglas que desde un punto de vista formal identifican a la autoridad de la cosa juzgada con la definitividad que adquieren determinadas resoluciones de juicios ordinarios, ya sea por declaración judicial o por ministerio de ley, sirven para distinguir la firmeza que puede adquirir una sentencia de amparo. No obstante, la referencia que hace el legislador ordinario a los conceptos "verdad legal" y "sentencia ejecutoria", sugiere además que la cosa juzgada desde un punto de vista material o de fondo se identifica con el carácter inmutable de la decisión, es decir, con la eficacia que puede tener en el tiempo el fallo correspondiente que, por regla general, tiene que ver con el fondo del litigio en jurisdicción ordinaria; regla que por sus disposiciones generales tiene aplicación práctica en el juicio de amparo, pues finalmente el bien jurídico que tutela la institución de que se trata, es la inmutabilidad de la decisión judicial, que atiende primordialmente a la certeza y seguridad jurídica que deben revestir a un fallo firme (sentencia ejecutoria o ejecutoriada). Ahora bien, en los casos como el que ahora se aborda, en que el asunto relacionado se encuentra ante un diverso órgano jurisdiccional, es conveniente que, para su resolución, se precise cuál de los actos reclamados en ambos juicios constituye cosa juzgada, lo cual es posible realizar a través de la revisión de las constancias que integran cada uno de los expedientes. Así de las constancias remitidas por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, correspondientes al juicio de amparo 12/2018 de su índice, se desprende lo siguiente: 1. Ivan Sahid Larrauri Pérez y otro, reclamaron del Oficial Mayor y Secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, la inconstitucionalidad de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo del personal técnico operativo base y confianza y policías complementarios de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, para los ejercicios fiscales dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, y dos mil catorce. En audiencia celebrada el nueve de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia y determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que, se dejen de aplicar al quejoso Iván Sahid Larrauri Pérez las porciones normativas reclamadas de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo, correspondiente a los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, que vinculan el cálculo del aguinaldo al salario base y, en consecuencia el cálculo respecto del aguinaldo del referido quejoso, se efectúe con base en el salario tabular considerando como la suma del salario base más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria y, no se apliquen dichos lineamientos hasta en tanto sean reformados. 3. En contra de la resolución de mérito, las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lo registró en el toca R.A. 156/2018 y en sesión de seis de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió confirmar la sentencia de nueve de abril del año en curso y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Iván Sahid Larrauri Pérez. Tal como se advierte de la consulta, que el día en que se dicta esta sentencia, este órgano jurisdiccional procedió a realizar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del recurso de revisión 156/2018 tramitado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El último antecedente indicado consta en versión electrónica que tienen el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, puede invocarse como tal, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente, al ser información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que constituyen para este Juzgador, prueba plena de la existencia de un diverso juicio de amparo, tramitado por la parte aquí promovente, por el mismo acto ley y autoridades responsables. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 08 de junio de 2018 10:14 h, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En lo conducente la tesis l.1o.A.14 K (10a), visible en la página 1946, de la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo ll, cuyo rubro y texto establece: SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Robustece lo anterior, por analogía, lo establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.IX/2004, misma que aparece publicada en la página 259, del tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dispone: HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. Una vez establecido lo anterior, se resalta que en este juicio la parte quejosa reclamó: La emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. De lo que se concluye que los supuestos necesarios para actualizar la causal de inejercibilidad por cosa juzgada, que describe el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se actualizan en la especie. Ello es así, porque la constitucionalidad de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, ya fueron materia de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 12/2018, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por tanto, como es evidente, la decisión en torno al punto jurídico dirimido por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 12/2018, al ser una sentencia ejecutoriada, por haber sido confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión 156/2018, adquiere la figura de cosa juzgada y, por ende, esa decisión es inmutable. Sirve de sustento a la determinación anterior, la tesis I.7o.A.132 K de la Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Abril de 2010, página 2717, del rubro y texto siguiente: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De igual manera, resulta de manera ilustrativa, la tesis de jurisprudencia de la Séptima Época, de la Tercera Parte, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Tercera Parte, página 91, cuyo rubro y texto son: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Razones por las cuales, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por tanto, opera el sobreseimiento en términos de los artículos 61, fracción XI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con relación al acto reclamado consistente en el oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y al no advertirse la actualización de alguna respecto de dicho acto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo, únicamente respecto del acto reclamado citado. SEXTO. La quejosa en relación al oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, aduce como conceptos de violación, los que obran plasmados en su escrito de demanda, los cuales no se transcriben en obvio de repeticiones innecesarias, pero además porque no existe artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a ello, por tanto dicha actuación no es contraria a la ley. En apoyo a ello, se cita la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/129 de la Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 599, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". No obstante, en esencia considera que la autoridad responsable al emitir el oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para evidenciar dicha situación cita las jurisprudencias P./J.10/94, 2ª/J.115/2005 y I.5°.A.J/10 cuyos rubros son los siguientes: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD" "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTIULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE." "FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL." Así, en acatamiento al criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página: 847 que es del tenor siguiente: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." Se procede a verificar si las mismas resultan aplicables al caso concreto. Al respecto, se estima pertinente señalar que el oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, fue emitido en contestación al escrito de petición recibido por dicha autoridad el cinco de enero de dos mil diecisiete, de ahí que los criterios invocados no resulten aplicables. Se afirma lo anterior, porque en el caso lo que motivo la emisión del oficio reclamado fue la solicitud realizada por el quejoso en ejercicio del derecho de petición que consagra a su favor el artículo 8° constitucional, por tanto no era necesario que la autoridad a efecto de fundar su competencia citara los preceptos que lo autorizaban para emitir una respuesta, ya que el pronunciamiento deriva de la obligación que le impone el citado precepto constitucional. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.1o.A.13 CS (10a.) de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1416, que es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL PRECEPTO QUE FUNDA LA COMPETENCIA DE LOS ENTES DEL ESTADO PARA RESPONDER LAS SOLICITUDES FORMULADAS CON MOTIVO DE SU EJERCICIO, ES EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Para que un acto sea acorde con el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el órgano emisor cite las disposiciones legales que lo facultan para desplegar la atribución ejercida; sin embargo, tratándose de actos que se dictan con motivo del ejercicio del derecho de petición, la norma que funda la competencia de la autoridad que contesta la solicitud es precisamente el artículo 8o. de la Carta Magna, el cual, por un lado, otorga a los gobernados la potestad de acudir a los entes del Estado a formular una solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa y, por el otro, concede a todo funcionario público la facultad expresa de pronunciarse sobre las pretensiones que se le formulen, sin que al emitir el pronunciamiento escrito sea necesario citar expresamente el precepto 8o. referido, en virtud de que ese acto sólo puede tener lugar como consecuencia de una solicitud, pues de lo contrario el mandamiento relativo no tendría como origen el derecho de respuesta. Máxime que esa prerrogativa de los gobernados no constriñe a las autoridades a pronunciarse sobre aspectos para los cuales no tengan atribuciones o exista algún obstáculo, pues deben actuar dentro del marco constitucional y legal que las rija, por lo que en ocasiones la respuesta de la autoridad será en el sentido de que carece de atribuciones para dilucidar lo conducente, en cuyo caso, no habrá alguna disposición que justifique esa postura; por tanto, lo jurídicamente relevante será que la petición del interesado no quede sin respuesta." Aunado a que la autoridad responsable en el oficio que se revisa citó los fundamentos siguientes: "en los artículos 21 fracción VII, inciso B y 34, fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 83 del Reglamento de la Ley antes citada.", de ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio. En su segundo concepto de violación, el quejoso señala que el oficio reclamado, atenta contra el principio de seguridad jurídica, porque la autoridad manifiesta que no posee información, ni se encuentra facultado para resolver lo solicitado, estando obligado para resolver todas las reclamaciones del aguinaldo, conforme a los lineamientos publicados para el año dos mil once, dos mil doce y dos mil catorce. Es infundado el motivo de queja, con base en las consideraciones siguientes: En principio se estima pertinente señalar que el derecho de petición, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. En ese tenor, este juzgador procede a analizar si la respuesta que emite la autoridad es acorde con lo solicitado y si la misma se encuentra fundada y motivada. Al respecto se estima pertinente traer a colación lo que señala el artículo 16 constitucional, en su párrafo primero, en dónde expresamente dispone: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto transcrito consagra la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación, debe entenderse en el sentido de que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto de los que se pretende cometer un acto de autoridad, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de suerte tal que la motivación implica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso especifico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de nuestro país, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades estatales no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte en los siguientes términos: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; con apoyo en ello, se deduce que el espíritu de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para hacerlos y que exista un precepto de la ley que los funde. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 204, en la página 166, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, la autoridad Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, a través del oficio 702/2612/18 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en lo que interesa contestó lo siguiente: ".Por lo que la Dirección General de Recursos humanos no tiene facultad para el cálculo del Aguinaldo, toda vez que este lo determinó la entonces Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al personal técnico operativo base y confianza, de haberes y policías complementarias de la Administración emitido por la Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y publicados en la Gaceta Oficial el 2 de diciembre de 2011, 30 de noviembre de 2012, 29 de noviembre de 2013 y 24 de noviembre de 2014, de la siguiente manera, (salario base/30) (*40 días) (50%) mismo que se aplicaba a través del entonces sistema Desconcentrado de Nominas SIDEN, (hoy SUN). Por lo antes expuesto le indico respecto de los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014, no se detectan diferencias de aguinaldo a su favor en los 15 días siguientes a que se realizó el mismo. En ese tenor al no existir cantidad alguna o diferencia que se le deba usted relativo a la prestación de los aguinaldos 2011, 2012, 2013 y 2014, existe impedimento legal para atender su solicitud." Al respecto, el quejoso refiere que la autoridad responsable estaba obligada a resolver todas las reclamaciones del aguinaldo, conforme a los lineamientos publicados para el año dos mil once, dos mil doce y dos mil catorce, sin embargo, no desvirtúa lo manifestado por ésta. Ello, porque la autoridad expresamente le manifestó que no tenía facultades para realizar el cálculo del aguinaldo, toda vez que de acuerdo a los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al personal técnico operativo base y confianza, de haberes y policías complementarias de la Administración emitido por la Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) publicados en la Gaceta Oficial el dos de diciembre de dos mil once, treinta de noviembre de dos mil doce, veintinueve de noviembre de dos mil trece y veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, lo había determinado la entonces Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. En ese orden de ideas, si para tener por satisfecho el derecho que consagra el artículo 8° constitucional, basta con que las autoridades proporcionen en sus contestaciones a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas, de ahí que, en principio la autoridad deba revisar si dentro de sus facultades se encuentra la de emitir la contestación a lo solicitado o actuar de conformidad a lo pedido, y en caso de no tener competencia para ello, deberá hacerlo del conocimiento del quejoso. Ello es así, porque únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, así, la información contenida en el oficio es suficiente para atender el derecho de petición, porque la autoridad, fundada y motivadamente le proporcionó la información que le permite constatar que dicha autoridad no era la facultada para efectuar el cálculo del aguinaldo en los años que refiere y por tanto no podía atender lo solicitado, señalándole además quién fue el órgano competente, con lo cual le proporciona una respuesta congruente. En apoyo a las consideraciones que anteceden se cita la Jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de la Novena Época, visible en la página 207 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Diciembre de 2006, que es del tenor siguiente: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." En ese tenor, los razonamientos expresados en el oficio que se revisan son congruentes con los fundamentos señalados y la petición solicitada. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de la Quinta Época visible en la página 944 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XLI que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Dentro del régimen de facultades expresas que prevalece en nuestro país, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite." Por lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional, advierte que la contestación dada por la autoridad, en lo conducente cumple con el derecho fundamental de legalidad contemplado por el artículo 16 Constitucional, es decir, se encuentra fundada y motivada y da respuesta al punto solicitado por la quejosa en su escrito de cinco de enero de dos mil diecisiete. De ahí que al resultar infundados los argumentos expuestos, lo procedente sea negar el amparo y protección de la justicia federal por lo que hace al oficio número 702/2612/2018 de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 472/2018-II, promovido por IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, POR PROPIO DERECHO, en contra de los actos y autoridades precisados en el tercero y quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a IVAN SAHID LARRAURI PÉREZ, POR PROPIO DERECHO, en contra del acto y autoridad precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) y c), de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma el Licenciado Gustavo Andrés Morales Sotres, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo (autorizado de conformidad con el oficio número CCJ/ST/1629/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal), asistido por la Secretaria licenciada Cecilia Susana Vázquez Castillo, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO LA SECRETARIA

  2. Principal

    MESA II. *SENTENCIA*. POR LO EXPUESTO Y FUNDADO SE RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO... SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE... NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA II. *JUZGADOS REMITEN COPIAS* SE TIENEN POR RECIBIDOS LOS OFICIOS SIGNADOS POR LOS SECRETARIOS Y POR LA JUEZ, DE LOS JUZGADOS CUARTO, DECIMO PRIMERO Y DECIMO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO. REMITEN COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PRINCIPALES CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LOS JUICIOS DE AMPARO. ASÍ MISMO INFORMAN EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS MISMOS. SE AGREGAN A LOS AUTOS LOS OFICIOS DE MÉRITO PARA QUE OBREN COMO CORRESPONDAN, TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. SE DA VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS Y DERECHO CONVENGA. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA II. *JUZGADOS REMITEN COPIAS* SE TIENEN POR RECIBIDOS LOS OFICIOS SIGNADOS POR LOS SECRETARIOS Y POR LA JUEZ, DE LOS JUZGADOS DÉCIMO CUARTO, DECIMOPRIMERO Y DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO. REMITEN COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PRINCIPALES CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LOS JUICIOS DE AMPARO. ASÍ MISMO INFORMAN EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS MISMOS. SE AGREGAN A LOS AUTOS LOS OFICIOS DE MÉRITO PARA QUE OBREN COMO CORRESPONDAN, TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. SE DA VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS Y DERECHO CONVENGA. NOTIFÍQUESE.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,173 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano