Ivan Romero Flores

Expediente 439/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
439/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Ivan Romero Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 104 a 114), misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 399, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Precisado lo anterior, toda vez que en el presente caso no existe ninguna necesidad legal para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva concedida; en consecuencia, devuélvasele el billete de depósito N 699843, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de su identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 11. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández), consistente en cuatro discos versátiles digitales (DVD´s), relativos a la carpeta judicial 151/2017/PUEBLA de su estadística (mismos que obran en sobre cerrado agregado al presente expediente a fojas sesenta, setenta y cuatro, noventa y cien, respectivamente), se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.

  2. Principal

    Primero. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades responsables que se tuvieron inexistentes antes de la audiencia constitucional, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Iván Romero Flores, contra el acto reclamado al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en funciones de juez de Control Javier Vázquez Fernández, y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión librada en la carpeta judicial administrativa 151/2017/PUEBLA, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto apartado I y sexto del propio fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, intégrese a los autos el oficio del 11. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández), mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 92 y 93), informa que la audiencia de revisión de las condiciones impuestas al aquí quejoso, señalada para las nueve horas con treinta minutos del veinticinco del mes y año que transcurren, se llevó a cabo, subsistiendo las condiciones de la suspensión condicional del proceso; ordenando dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada en contra del imputado Iván Romero Flores (aquí quejoso); de lo que esta autoridad queda enterada. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable, la documental que anexa al oficio que se provee; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto al disco versátil digital (dvd) que remitió el citado juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el que, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondientes del servidor público que lo remite. Orienta lo anterior, la tesis II.1o. J/6 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente." Ante tal circunstancia, y a efecto de que las partes se impongan del contenido del presente proveído, la audiencia constitucional señalada para diez horas con veinte minutos del día de hoy (foja 56), SE DIFIERE y se señala como nueva fecha las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil diecinueve. I Visto, con conocimiento de las partes, intégrense a los autos el oficio del 11. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández), mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 83 y 84), informa que la audiencia de revisión de las condiciones impuestas al aquí quejoso señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de los referidos mes y año, no se llevó a cabo ante la incomparecencia del mismo; por lo que señaló como nueva fecha, las nueve horas con treinta minutos del veinticinco del mes y año que transcurren, para el desahogo de la audiencia de revisión de las condiciones impuestas al imputado Iván Romero Flores (aquí quejoso), en diversa audiencia de suspensión condicional del proceso llevada a cabo el dos de octubre de dos mil diecisiete; de lo que esta autoridad queda enterada. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable, la documental que anexa al oficio que se provee; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto al disco versátil digital (dvd) que remitió el citado juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el que, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondientes del servidor público que lo remite. Orienta lo anterior, la tesis II.1o. J/6 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente." Por otra parte, requiérase a la mencionada autoridad responsable para que una vez que lleve a cabo la referida audiencia, informe a este Juzgado Federal el resultado de la misma (acreditándolo con las constancias correspondientes), así como si derivado de la comparecencia del imputado -aquí quejoso-, la orden de aprehensión librada en su contra quedó sin efectos, o bien, si aún continúa vigente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngasele solicitando que esta autoridad notifique al peticionario de amparo la nueva fecha señalada en la carpeta judicial administrativa de origen, para el desahogo de la referida audiencia; sin embargo, dígase al Juez de Control responsable que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, en virtud que este órgano jurisdiccional únicamente atiende cuestiones de constitucionalidad y no de legalidad de las actuaciones practicadas en la causa penal de la que emana el acto reclamado. Sin que sea óbice lo anterior, comuníquese a la autoridad oficiante que la presente providencia se hará del conocimiento de la totalidad de las partes que conforman el presente controvertido constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 26 de la Ley de Amparo.

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