Iván Rodrigo Fernández Torres
Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Iván Rodrigo Fernández Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal, el diez de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Por recibido el oficio del Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que se avocó al estudio de la demanda de amparo promovida por ..., de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda electrónica que promueve ..., contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones, Agencia para la Seguridad de las Personas, Unidad de investigación y Procuraduría General de Justicia, México, Distrito Federal (sic), por violación a los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al efecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 595/2020. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de nombrar un defensor de su elección o bien uno de oficio, al momento de tomar su declaración ministerial en las averiguaciones previas: ..., ..., ..., y ... Así como la nulidad de las actuaciones del ministerio público realizadas desde el dieciocho de diciembre de dos mil siete al mes de junio de dos mil ocho. Así, atendiendo la naturaleza del acto reclamado el suscrito determina carecer de competencia legal para examinar su constitucionalidad, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" La interpretación sistemática de las fracciones del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite concluir que su teleología no se orienta por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino a la naturaleza penal de la actuación; es decir, que para determinar la competencia de un juez federal especializado en materia penal, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, con independencia de las características inherentes a la autoridad a quien se le atribuye. Por lo que atendiendo a la finalidad de esta norma, la preeminencia competencial se obtiene a partir de la naturaleza del acto que se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, registro 179990, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En el particular, la autoridad jurisdiccional que debe conocer del asunto respecto del acto reclamado por la parte quejosa, es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, puesto que el quejoso reclama la omisión de autoridades ministeriales de nombrar un defensor de su elección o bien uno de oficio, al momento de tomar su declaración, por lo que su naturaleza es incuestionablemente penal; por ello no es dable que conozca y resuelva un juez federal especializado en materia civil. Al respecto se invoca, el criterio jurisprudencial 1a./J. 89/2004, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de la Novena Época, registro: 179990, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, en Materia(s): Penal, página: 22, que establece: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. ... Sirve de apoyo, por analogía, la tesis III.2o.P.252 P, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2915 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, registro 163671, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA EN EL JUICIO DE AMPARO. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, CUANDO ÉSTE SE INTERPONE CONTRA ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ... ." Por lo anterior, con fundamento en los artículos 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México declara carecer de competencia legal para conocer respecto de los actos derivados de las averiguaciones previas: ..., ..., ..., y ..., que reclama la parte quejosa. Fórmese cuaderno de antecedentes y remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitando respetuosamente el acuse de recibo respectivo. Sin que sea procedente proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, ello será cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sin embargo, en el particular, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que el acto reclamado consiste en la omisión de las autoridades responsables de nombrar un defensor de la elección del quejoso o bien uno de oficio, al momento de tomar su declaración ministerial en las averiguaciones previas: ..., ..., ..., y ..., así como la nulidad de las actuaciones del ministerio público realizadas desde el dieciocho de diciembre de dos mil siete al mes de junio de dos mil ocho, que conforme a los hechos narrados en la demanda no tienen una inminente ejecución privativa de su libertad, pues refiere que actualmente ya está siendo procesado en una causa penal ante el Juzgado Sexagésimo Penal del Reclusorio Oriente en esta ciudad, donde aduce que al recabar su declaración preparatoria tuvo conocimiento de las actuaciones de las indagatorias referidas y la deficiente defensa que tuvo en ellas por parte del defensor público que le fue designado; de ahí que aun cuando el quejoso al solicitar la medida suspensional invocó el numeral 126 de la ley de la materia, su reclamo no se ubica en algunos de los supuestos señalados. Y por lo que respecta a la suspensión provisional y definitiva que pide, lo conducente se proveerá, en su caso, por el juez federal especialista en materia penal, a quien se estima competente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones, Agencia para la Seguridad de las Personas, Unidad de investigación y Procuraduría General de Justicia, México, Distrito Federal (sic). SEGÚNDO. Remítanse vía interconexión los presentes autos al Juez de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para los efectos legales conducentes, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.
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