Iván Ricardo Herrera Romero

Expediente 2571/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2571/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
26/01/2016

Partes del expediente

  • Iván Ricardo Herrera Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Coordinadora de Normatividad Fiscal, en representación del Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro; a través del cual, da cumplimiento al requerimiento decretado en autos, emitiendo la declaratoria a la que fue conminada en el fallo protector dictado en el presente juicio, esto es, que se abstendrá de aplicar al quejoso, los artículos declarados inconstitucionales en esta instancia, siempre y cuando no sean objeto de reforma; de igual modo, hace del conocimiento que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que en las oficinas de dicha dependencia se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque por concepto del reintegro del monto materia de la concesión del amparo, circunstancia que acreditó con copia simple de la orden de pago que ampara la cantidad que la parte quejosa erogó a razón del impuesto combatido, esto es, $*****************************). En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contados a partir de día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, para que a la brevedad acuda a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en Boulevard Bernardo Quintana, número 10000, fraccionamiento Centro Sur, Mezzanine letra B, en esta ciudad, con la finalidad de que le sea entregado el monto constitutivo del fallo protector. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de 13 de enero de dos mil dieciséis: "Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Coordinadora de Normatividad Fiscal, en representación del Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro; a través del cual, da cumplimiento al requerimiento decretado en autos, emitiendo la declaratoria a la que fue conminada en el fallo protector dictado en el presente juicio, esto es, que se abstendrá de aplicar al quejoso, los artículos declarados inconstitucionales en esta instancia, siempre y cuando no sean objeto de reforma; de igual modo, hace del conocimiento que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que en las oficinas de dicha dependencia se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque por concepto del reintegro del monto materia de la concesión del amparo, circunstancia que acreditó con copia simple de la orden de pago que ampara la cantidad que la parte quejosa erogó a razón del impuesto combatido, esto es, $*****************************). En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contados a partir de día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, para que a la brevedad acuda a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en Boulevard Bernardo Quintana, número 10000, fraccionamiento Centro Sur, Mezzanine letra B, en esta ciudad, con la finalidad de que le sea entregado el monto constitutivo del fallo protector. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa".

  4. Principal

    Lic. Mayra Lizeth Rodríguez Álvarez. La Secretaria En la misma fecha, la licenciada Mayra Lizeth Rodríguez Álvarez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede. Conste.Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia en la que por una parte se sobreseyó, por otra se negó y por último se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, no es obstáculo llegar a la anterior determinación, que para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, esté transcurriendo el plazo que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, en virtud de que al tratarse de amparo contra leyes, no está legitimado para hacer valer el recurso de revisión previsto en el invocado numeral, porque la norma impugnada no afecta sus atribuciones. Encuentra aplicación por identidad de razones, la tesis P. XL/2013 (10a.), del Tribunal Pleno, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia Común, página 49, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES, SI LA NORMA IMPUGNADA NO AFECTA SUS ATRIBUCIONES. Esta nueva integración del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación (*), ya que conforme a los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, al Ministerio Público de la Federación le incumbe la persecución, ante los tribunales, de los delitos del orden federal, por lo que puede intervenir en todos los negocios que la ley determine, como sucede en el juicio de amparo, en el que está facultado para presentar los recursos que la ley de la materia señala. En ese sentido, puede interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, sin que ello implique que tenga legitimación para hacerlo en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, y aun cuando el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República le señala genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ello debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto a que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos contra las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público de la Federación está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el precepto 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente la defensa de un interés; por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que puede interponer la revisión en el juicio de amparo a su libre voluntad y, en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que su intervención en el amparo contra leyes equivaldría a darle la oportunidad de defender o reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes; defensa que sólo a ellas corresponde en términos del artículo 87 de la invocada Ley Reglamentaria, lo que se traduciría en la alteración y el trastorno del equilibrio procesal en perjuicio del quejoso." Así como la tesis 1a./J. 17/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 825, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES. Acorde con la jurisprudencia P./J. 4/91, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.", si bien es cierto que en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de garantías y por ello está legitimado para interponer el recurso de revisión, también lo es que dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues aun cuando su función es velar por el orden constitucional, dicha atribución debe ejercerla sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo. En ese tenor, aunque las partes están legitimadas para interponer los recursos que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses, tratándose de una sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto penal opera una excepción, pues la sola afirmación genérica del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que está defendiendo el orden constitucional no significa que esté legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos en el amparo contra leyes penales, toda vez que, en este caso, su intervención sólo tendría por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la quejosa; máxime cuando la norma impugnada no impide el desarrollo de sus atribuciones; de ahí que el agente del Ministerio Público de la Federación carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión, cuando se trata de una sentencia en la que un juez de distrito declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, aunque sea de la materia penal." VINCULACIÓN DE AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, cuyo cargo recae en Rubén Gerardo Álvarez Lacuma, queda vinculada por razón de sus funciones a realizar todos los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en el entendido que estará sujeto a las mismas responsabilidades a que alude la Ley de Amparo al respecto, entre las que se encuentra aquélla de corte penal que más adelante se precisará. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Rubén Gerardo Álvarez Lacuma para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo siguiente: Emita la declaración correspondiente de que queda enterado del alcance de la ejecutoria de amparo, además de que tendrá que expresar que se abstendrá de aplicar a la quejosa los artículos declarados inconstitucionales, a saber, los numerales 90 a 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Querétaro, vigente. En consecuencia, deje insubsistente el primer acto de aplicación y restituya a la quejosa el monto que erogó por dicha contribución materializada en el recibo de pago con número de operación T-11416. JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Respecto al plazo concedido a la autoridad obligada al cumplimiento, se precisa que es el que se estima prudente para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debido a la realización de varios trámites administrativos con esa finalidad, como en el caso lo constituyen la expedición de títulos de crédito o depósitos en cuentas bancarias; además, se suma el hecho de que constituye un hecho notorio para este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que existe un número elevado de juicios de amparo en donde tiene intervención la autoridad indicada, precisamente para dar cumplimiento a sentencias concesorias, todo lo cual permite colegir que por la excesiva carga de trabajo es dable concederle el plazo a que se ha hecho alusión; la ampliación del plazo está permitida a este juzgado en ejercicio de la facultad discrecional que establece el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESERVA DE VINCULAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En el presente caso ha de reservarse el requerimiento que se debe realizar al superior jerárquico de la autoridad antes mencionada, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, cuya teleología descansa en vencer la renuencia de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de aquélla autoridad que por razón de sus funciones tenga una injerencia directa en su materialización. Sin embargo, la justificación de esta determinación radica en la interacción constante con las autoridades requeridas por causa de la cercanía en el trato dentro de un círculo habitual de relaciones incluso como terceros cuya intervención se hace necesaria en determinados procedimientos y que llevan a la certeza de su presteza en el cumplimiento de los requerimientos que se les han hecho, cuyo conocimiento bien encuadra en el concepto de hecho notorio dado por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y que motiva la reserva antes apuntada, aunado a que en caso de una inusitada contumacia en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su superior no quedaría exento de la obligación que estatuye a su cargo el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues esta determinación no constituye ninguna dispensa, menos aun cuando está de por medio la ejecución de una sentencia que en sí es de orden público y que adquiere mayor relevancia cuando está de por medio el restablecimiento de una persona en el goce de sus derechos humanos. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a ochenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las nuevas disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone en relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquél funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Cabe precisar que el título de crédito deberá ser entregado al quejoso Iván Ricardo Herrera Romero; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que a la brevedad acuda ante las instalaciones de la autoridad exactora mencionada, con la finalidad de que le sean entregados los montos constitutivos del fallo protector sito en Boulevard Bernardo Quintana, 10000, fraccionamiento Centro Sur, Centro Cívico Municipal, Segundo Piso, Letra A, en esta Ciudad; asimismo, y a efecto de agilizar el trámite administrativo que la declaratoria de inconstitucionalidad implica, en apoyo a la autoridad recaudadora de que se trata y con miras a privilegiar la efectiva concesión de amparo a favor de la parte quejosa para los posibles actos futuros que llegaren a presentarse, requiérase a la parte promovente del amparo para proporcione a la autoridad vinculada al cumplimiento, lo siguiente: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y/o CURP; Último domicilio fiscal; y Copia de identificación oficial. Sin que lo anterior implique una condicionante para el cabal cumplimiento de la sentencia concesoria, pues con independencia de ello, la autoridad vinculada al cumplimiento deberá, en el ámbito de sus facultades, gestionar ante quien corresponda la efectiva desincorporación de los artículos declarados inconstitucionales en la esfera jurídica de la aquí parte quejosa, siendo que los datos anteriores en realidad servirán de apoyo para tal fin. En ese orden de ideas, hágase saber a la parte agraviada que, con miras a lograr la simplificación y eficacia en el trámite de ejecución de sentencia, se encuentra en aptitud de solicitar ante este tribunal que el reintegro de la cantidad que le debe ser devuelta con motivo del fallo protector, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito elevar expresamente su petición, y bajo protesta de decir verdad y acompañando además el documento que lo avale, proporcionar su clabe interbancaria, la cual tendrá que corresponder forzosamente a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente; en el entendido de que la anterior determinación atiende al elevado cúmulo de expedientes que ante este tribunal se tramita en etapa de ejecución de sentencia, donde el uso de la tecnología disminuye significativamente el empleo de recursos materiales y humanos; lo cual, va acorde con el espíritu de la Ley de Amparo vigente, en la que se contemplan figuras como la notificación y firma electrónica, cuyo fin precisamente es la sistematización en el trámite de los juicios. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la parte quejosa quien reciba la cantidad requerida. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo, ya que la sentencia de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente; ya que el fallo protector sólo tiene el alcance de que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, pues en atención al marco constitucional, impera el principio de relatividad de la sentencia cuando su naturaleza sea tributaria, tal como sucede en el presente caso, por versar sobre el pago de contribuciones. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197512, de rubro que dice así: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." Notifíquese.

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