Iván Ricardo Garibay Cienega

Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
963/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Iván Ricardo Garibay Cienega
  • Junta Local de Conciliación Y Arbitraje de la Ciudad de León, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 21 DE OCTUBRE DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE DESECHA DE PLANO DEMANDA DE AMPARO."

  4. Principal

    Parte quejosa cumple requerimientos. Fijación de la litis. Se desecha la demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del Trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." Como puede observarse, el juicio de amparo es procedente contra actos definitivos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, fuera de juicio o después de concluido; serán actos definitivos aquellos en contra los cuales ya fueron agotados los recursos que con arreglo a la ley aplicable al caso concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto no sea definitivo, es decir, cuando no se agotó en su contra el recurso ordinario que proceda, dado que a través de dicho medio de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado. El principio de definitividad, rector del juicio de amparo, debe cumplirse previo a promover el juicio de amparo y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rige el acto que se reclama, salvo las excepciones previstas. Cabe precisar que el recurso, juicio o medio de defensa que debe tener a su alcance el gobernado, para impugnar una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, debe ser el idóneo y procedente para revocar, nulificar o modificar el acto o la determinación impugnada. En ese sentido, los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III.La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." De la interpretación de los numerales transcritos, se desprende que en los juicios laborales es procedente el recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes de las Juntas o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos y convenios. Medio de impugnación del que conocerá la Junta correspondiente y que resulta eficaz para modificar el auto recurrido. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se le negó su petición de ponerle en posesión del inmueble adjudicado dentro del convenio fuera de juicio número 441/2020, emitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Auto que de conformidad con lo dispuesto por los normativos laborales examinados, puede ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revisión, al haber sido dictado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, es decir, por un funcionario legalmente habilitado, en la etapa de ejecución; por tanto, el acto reclamado no es definitivo, y en consecuencia, no es apto para su estudio constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que antes de promover el presente juicio en contra del acto reclamado, el quejoso tenía la carga de agotar el recurso de revisión, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y, al no haberlo hecho, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste resulta improcedente. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, ni se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, aunado a que el peticionario del amparo no es tercero extraño al expediente natural, sino parte dentro del mismo. En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de texto y rubro: AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." El criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de texto y rubro: "RESOLUCIONES, DEFINITIVIDAD DE LAS. La condición de definitividad de una resolución, no puede hacerse consistir en que haya sido, o no, notificada al interesado, pues lo que caracteriza a una resolución definitiva, es la circunstancia de que no existan ya recursos ordinarios conforme a los cuales pueda ser revocada, modificada o confirmada." Así como la jurisprudencia número VI.2º.C.J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito3, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, es evidente que se actualiza el motivo de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano