Iván Reyes Toledo
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Iván Reyes Toledo
Actuaciones
- Principal
PRAL 267/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso *** interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de abril de este año, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Le1 de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en acuerdo de catorce de abril de este año para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 267/2021, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan I) la demanda de amparo promovida por Iván Reyes Toledo, por propio derecho, II) el acuerdo de veintidós de marzo de este año por el que se admitió a trámite la demanda de amparo y III) el informe justificado de la autoridad responsable, director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca. Además, se hace constar que: las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en el auto inicial. A lo anterior se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que la autoridad responsable, director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, anexó a su informe justificado: El memorándum SEMOVI/SP/0085/2021 de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, firmado por la secretaria particular de la Secretaría de Movilidad, cuyo original remitió a la jefa del departamento de lo contencioso administrativo y amparos de esa Secretaría. Al respecto, se acuerda: en virtud de que la documental de referencia fue admitida y desahogada durante la sustanciación de este juicio en razón de su especial naturaleza, será ponderada al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Enseguida, se declara cerrado el periodo probatorio y se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria informa que ninguna de las partes hizo uso de este derecho. Con lo anterior, se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 267/2021; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el diecinueve de marzo de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Iván Reyes Toledo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto que se precisarán en la etapa considerativa. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera que se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. En acuerdo de veintidós de marzo de este año se radicó la demanda de amparo bajo el registro 267/2021, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa, y la omisión se atribuye a una autoridad responsable con residencia en San Antonio de la Cal, Oaxaca, en que tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca: La falta de contestación al escrito de ocho de marzo de dos mil veinte, presentado ante la responsable en la misma fecha, por el que solicitó una línea de captura para la concesión de mototaxi; y su consecuente notificación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El director jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, con residencia en San Antonio de la Cal, Oaxaca, al rendir informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, pues adujo que después de haber realizado una búsqueda en la oficialía de partes de esa Secretaría no se encontró registro de haber recibido un escrito de ocho de marzo de dos mil veinte, signado por Iván Reyes Toledo. Y para acreditar su dicho, remitió el memorándum SEMOVI/SP/0085/2021 de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual la secretaria particular de la Secretaría de Movilidad informó a la jefa del Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos, que no existe registro de haber recibido una petición a nombre de Iván Reyes Toledo, en la oficialía de partes a su cargo. Sin que la parte quejosa exhibiera alguna prueba para desvirtuar la negativa. En ese contexto, se precisa que, si bien tratándose de actos omisivos la carga de la prueba se constituye, por regla general, contra la autoridad responsable, esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. En similares condiciones, tratándose de actos negativos, la regla genérica es que la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente; pero ello no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable requiere, necesaria y previamente, la existencia de una solicitud del quejoso para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. Lo anterior, implica que si bien al quejoso no le corresponde probar la conducta omisa o negativa de la responsables, sí le toca acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de éstas, o que se advierta la obligación legal de actuar en la forma requerida. Es decir, el acto reclamado en este juicio de amparo será cierto o inexistente en función de las obligaciones constitucionales o legales que ineludiblemente la autoridad estaba constreñida a realizar, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada sin que tenga como presupuesto una condición. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, junio de 1998, página 53, Novena Época, registro 196080, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Así como la diversa tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, página 366, Novena Época, registro 197269, cuyo rubro es: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ". En ese sentido, se pueden desglosar tres supuestos en los que las autoridades estarán constreñidas a actuar: 1) Como consecuencia de un acto previo que lo origine. Es decir, las omisiones que tienen origen en actos previos son aquellos que conoce la autoridad directamente, y sólo esperan ejecución. 2) Casos donde no exista como presupuesto una condición. Hechos o situaciones inmediatas que inexcusablemente debe conocer la autoridad, sin que se requiera como presupuesto algún requisito o condición. 3) Actos que requieren solicitud, petición o condición. Aquellos que prevén la existencia de previos requisitos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad. En el caso, la obligación de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca de contestar el ocurso de ocho de marzo de dos mil veinte, por el que, dice el quejoso, solicitó que se le expidiera una línea de captura para la concesión de mototaxi, requiere, como regla general, por razones de orden lógico y legal, la existencia de una petición previa, para que la autoridad se encuentre en aptitud de ejercer sus atribuciones legales, como lo provee el artículo 8° Constitucional. En consecuencia, si el quejoso no demostró haber efectuado la petición que, dice, no le ha sido respondida, es inconcuso que debe subsistir la negativa categórica sostenida por la autoridad responsable; quien acreditó haber realizado una búsqueda en el sistema de registro de la oficialía de partes, sin localizar el escrito cuya falta de respuesta se reclama en este juicio. Así, ante la negativa no desvirtuada por la parte quejosa, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no existir el acto que se atribuye a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Iván Reyes Toledo, por propio derecho, contra la omisión reclamada a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 267/2021 mesa 5º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Incorpórese a los autos el oficio recibido por correo electrónico institucional, firmado por el director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Prueba documental de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable el memorándum SEMOVI/SP/0085/2021 de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, firmado por la secretaria particular de la Secretaría de Movilidad, cuyo original remitió a la jefa del departamento de lo contencioso administrativo y amparos de esa Secretaría. Constancia que se desahoga por su propia naturaleza y que será considerada en el momento procesal oportuno. Medios habilitados para entablar comunicación. Se toma nota de la dirección de correo electrónico que proporciona la autoridad responsable oficiante, medio que podrá ser utilizado para el envío de notificaciones, con la finalidad de favorecer el trabajo a distancia y garantizar la eficacia de la notificación, de acuerdo al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo; asimismo, se toma nota del número telefónico que refiere, para confirmar el envío de comunicaciones oficiales. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Delegados En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable, a las personas señaladas en su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 267/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el diecinueve de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *** por propio derecho, contra un acto de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 267/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. 4. Sin incidente de suspensión. No ha lugar a formar incidente de suspensión, dado que la parte quejosa no lo solicita de manera expresa y tampoco se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 126 y 127 de la Ley de Amparo, que establece su tramitación de oficio. 5. Petición de informe justificado. Solicítese informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Además, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado acompañe a) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo y b) que las copias sean Íntegras y legibles. 5.1. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la responsable que, de no cumplir con lo anterior, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 5.2. Medios habilitados para remitir comunicaciones. 5.2.1 Correo electrónico institucional. Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Federal; 3 y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se requiere a la(s) autoridad(es) para que a) rinda(n) informe(s), b) reciba(n) toda clase de notificaciones y c) acuse(n) recibo preferentemente mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx 5.2.2. Oficialías de partes comunes. Asimismo, se hace de su conocimiento que de existir imposibilidad para remitir vía electrónica algún oficio o constancias relativas, podrán presentarlas físicamente ante la Oficialía de Partes Común (OPC), que se habilitó en el edificio sede . 5.3. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la autoridad responsable que, para el caso de exhibir documentación o información que tenga el carácter de reservada o confidencial, lo indique con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá emitir la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 5.4. Informe de diverso juicio de amparo. Asimismo, se solicita a la responsable que comunique si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado, sus antecedentes o asuntos relacionados; en su caso, precise el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 5.5 Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 6. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 7. Vista al (a la) agente del Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a) la intervención que legalmente le corresponde con copia de la demanda de amparo. 8. Notificación al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a), autoridades responsables, autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y diversas autoridades. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridad (es) responsable (s), c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen preferentemente vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen. En ese sentido, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte los concentrados de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales y de las entidades federativas, publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. O, en su caso, para que verifique en el portal de servicios en línea si la autoridad responsable tiene celebrado convenio de interconexión, pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades de los tres niveles, federal, estatal o municipal, que deseen incorporarse a dicho directorio, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Se faculta al (a la) actuario (a) judicial adscrito (a) para que, en caso de que no sea posible notificar a dichas partes procesales vía correo electrónico, fax, interconexión o algún otro medio tecnológico, practique la notificación correspondiente, en su domicilio oficial (si se tratan de autoridades locales), con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen esa diligencia y de las personas justiciables, conforme a lo establecido en el artículo 23, fracción I, del acuerdo general 21/2020; así como vía mensajería ordinaria o acelerada (si se tratan de autoridades foráneas). 9. Precisión en la denominación de las autoridades responsables. Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento respectivo, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. *** Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles".
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