Ivan Reinier Marcial Cruz

Expediente 1334/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1334/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Ivan Reinier Marcial Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que los disidentes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del tomo I de pruebas formado con las copias certificadas de las diversas constancias del juicio de controversias del orden familiar *** que la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió en apoyo de su informe justificado, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 1334/2021 promovido por *** y por el niño identificado con las iniciales *** en contra de la omisión de la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que el primero de los citados presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar ***, en el que exhibió diversos comprobantes de pago de inscripción y de colegiaturas de actividades escolares y de natación del segundo de los promoventes y solicitó que se señalara fecha y hora para la celebración de una audiencia de carácter familiar en donde los padres del referido infante pactaran el régimen de convivencias de este último con su progenitor en el período vacacional y en las festividades decembrinas. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio de los inconformes los derechos fundamentales de petición y de tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por los numerales 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de Oaxaca, ***, por sí y como representante legal de su descendiente menor de edad identificado con las iniciales ***, en la vía de controversias del orden familiar demandó a *** la perdida de la patria potestad del citado infante, la guarda y la custodia provisional y definitiva de su hijo, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva para dicho niño y la cobertura de los gastos y las costas que el trámite del juicio originaran. De ese asunto correspondió conocer, por razón de turno, a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien por auto de trece de mayo de dos mil veinte, lo registró bajo el expediente ***; admitió la demanda respecto de algunas prestaciones y en cuanto a otras señaló que debían exigirse en una vía diversa; dispuso que se emplazara al demandado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; admitió las pruebas ofrecidas por los actores; concedió la guarda y custodia del infante a favor de su progenitora; decretó a favor del niño actor una pensión alimenticia provisional; y, dictó una medida de protección en contra del enjuiciado para evitar que éste sustrajera a su descendiente, así como para proteger la integridad física y psicológica de este último. En el acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al enjuiciado por contestada la demanda; luego, en la audiencia de carácter familiar de veintitrés de abril de esa anualidad, se aprobó judicialmente el convenio que los padres del citado infante celebraron, en donde pactaron sobre la guarda y la custodia provisional, el régimen de convivencias del demandado con su hijo y el pago de una pensión alimenticia provisional a favor del citado niño. En las audiencias de pruebas y alegatos de veintiocho de junio y de uno de octubre, ambos de dos mil veintiuno, *** modificaron el convenio que celebraron en cuanto al régimen de convivencias del infante con su progenitor y esa modificación fue aprobada judicialmente. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, Iván Reinier *** exhibió diversos comprobantes de pago de inscripción y de colegiaturas de actividades escolares y de natación de su descendiente y solicitó que se señalara fecha y hora para la celebración de una audiencia de carácter familiar en donde los padres del referido infante pactaran el régimen de convivencias de este último con su progenitor en el período vacacional y en las festividades decembrinas. En el proveído de trece de enero de dos mil veintidós, la Juez primaria tuvo al demandado por hechas sus manifestaciones y por exhibidos los diversos comprobantes de pago de inscripción y de colegiaturas de las actividades escolares y de natación de su hijo y estableció que en la audiencia de pruebas y alegatos programada para el uno de febrero de dos mil veintidós, se celebraría una distinta de carácter familiar para que las partes manifestaran si era su deseo modificar o agregar algún aspecto en cuanto a la cláusula cuarta del convenio aprobado el uno de octubre del año próximo pasado, en donde los padres del infante pactaron el régimen de convivencias del demandado con su descendiente. En consideración de los titulares de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en sus esferas jurídicas. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca,*** , por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales ***, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de dos de diciembre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente *** y previno a los justiciables para que aclararan su escrito inicial. A través del ocurso presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa atendió la prevención formulada; en razón de lo anterior, este Juzgado Federal en el proveído de nueve de diciembre posterior admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los inconformes reclaman el acto siguiente: De la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combaten: La omisión de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que *** presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar***, en el que exhibió diversos comprobantes de pago de inscripción y de colegiaturas de actividades escolares y de natación de su hijo menor de edad identificado con las iniciales *** y solicitó que se señalara fecha y hora para la celebración de una audiencia de carácter familiar en donde los padres del referido infante pactaran el régimen de convivencias de este último con su progenitor en el período vacacional y en las festividades decembrinas. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Es cierto el acto reprochado a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la omisión impugnada se patentiza con las diversas constancias del juicio de controversias del orden familiar ***, que la responsable aportó en el presente sumario en copias certificadas, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esas actuaciones se desprende que a la fecha en la que se promovió este asunto esa autoridad no había dictado algún acuerdo en donde se pronunciara respecto de la promoción que *** presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en dicho contradictorio; de ahí que se tenga por demostrada la existencia de la omisión atacada en este asunto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia por cesación de efectos de la omisión impugnada, por las razones que se exponen a continuación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Lo expuesto se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, junio de 1999, tomo IX, página 38, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Para el Alto Tribunal del país la improcedencia señalada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de lo previsto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, junio de 1999, tomo IX, página 38, que expone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Una vez que ha sido explicado lo que el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido en torno al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado" podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, los quejosos reclaman de la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que Iván Reinier Marcial Cruz presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar ***, en el que exhibió diversos comprobantes de pago de inscripción y de colegiaturas de actividades escolares y de natación de su hijo menor de edad identificado con las iniciales *** y solicitó que se señalara fecha y hora para la celebración de una audiencia de carácter familiar en donde los padres del referido infante pactaran el régimen de convivencias de este último con su progenitor en el período vacacional y en las festividades decembrinas. Ahora, de este sumario y de las constancias del contradictorio de origen que la Juez responsable remitió en apoyo de su informe justificado se advierte que en el proveído de trece de enero de dos mil veintidós, ese órgano jurisdiccional tuvo al demandado por hechas sus manifestaciones y por exhibidos los diversos comprobantes de pago de inscripción y de colegiaturas de las actividades escolares y de natación de su hijo y estableció que en la audiencia de pruebas y alegatos programada para el uno de febrero de dos mil veintidós, se celebraría una distinta de carácter familiar para que las partes manifestaran si era su deseo modificar o agregar algún aspecto en cuanto a la cláusula cuarta del convenio aprobado el uno de octubre del año próximo pasado, en donde los padres del infante pactaron el régimen de convivencias del demandado con su descendiente. Lo anterior evidencia que el órgano jurisdiccional responsable ya se pronunció respecto del ocurso que***presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar ***, por lo que esa situación da pauta a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos de la omisión combatida, ante el dictado del acuerdo que correspondía a la citada promoción en el que proveyó sobre las documentales que el justiciable presentó con el propósito de evidenciar el cumplimiento de su obligación alimenticia y respecto de la celebración de la audiencia de carácter familiar para que las partes modificaran o adicionaran el convenio aprobado judicialmente en cuanto al régimen de convivencias del referido agraviado con su descendiente. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse dictado el auto de trece de enero de dos mil veintidós, en el contradictorio de origen, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal; de ahí que se actualice el supuesto de inejercicio de la acción de amparo examinado. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis P.CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, noviembre de 1997, tomo VI, página 71, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que los justiciables reclamaron a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al escrito que *** presentó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar ***, en el que exhibió diversos comprobantes de pago de inscripción y de colegiaturas de actividades escolares y de natación de su hijo menor de edad identificado con las iniciales *** y solicitó que se señalara fecha y hora para la celebración de una audiencia de carácter familiar en donde los padres del referido infante pactaran el régimen de convivencias de este último con su progenitor en el período vacacional y en las festividades decembrinas. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***y por el niño identificado con las iniciales*** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos aportados, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el doce de los corrientes le fue otorgada una licencia al Titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca en términos de lo previsto por los artículos 44, segundo párrafo, y 86, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el lapso comprendido del quince al veintiséis del mes y año en curso, la cual fue comunicada a través del oficio 319/2022 suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, del estado que guardan los autos se desprende que la audiencia constitucional en este juicio de amparo está programa para el diecinueve de enero próximo; por otra parte, conforme a lo establecido por el normativo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el Secretario encargado del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por licencia del Titular, carece de facultad para fallar este asunto, por lo que para evitar violar las normas que rigen al procedimiento constitucional en perjuicio de los sujetos que integran la relación jurídico procesal en este sumario, la audiencia constitucional programada se difiere de manera anticipada, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración a las QUINCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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