Ivan Pérez Aguilar
Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Ivan Pérez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Feneció el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, con fundamento en los ordinales 2, 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como en los ordinales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se declara que el citado acuerdo ha causado estado.
- Principal
La Defensoría Pública de la Ciudad de México, con el cual informa que Paula Abigail Durán Camargo fue designada para representar los intereses del quejoso ************** y que la requirió para que en el plazo de tres días, acepte y proteste el cargo conferido; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y proporciona un correo electrónico perteneciente a la citada profesionista. En términos de los artículos 17 séptimo párrafo Constitucional, 3 de la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 1 y 2 fracción IV y 6 del Reglamento de la Ley de la Defensoría de Oficio de Fuero Común en esta ciudad, se tiene a Paula Abigail Durán Camargo, como defensora del quejoso, a efecto de que lo asista en el presente controvertido constitucional. Toda vez que la autoridad oficiante requirió a la citada profesionista para que en el plazo de tres días acepte y proteste el cargo conferido, se reserva realizar mayor pronunciamiento respecto a dicha diligencia y al domicilio proporcionado, hasta en tanto transcurra la temporalidad concedida para tal efecto. Por oficio CCJ/ST/6816/2022, de doce de diciembre del año en curso, la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, comunicó que se autorizó a Marco Antonio González Cortazar para desempeñar las funciones de juez de distrito, del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, al veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos transitorios Vigésimo Octavo y Trigésimo Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; circunstancia que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para que hagan valer las manifestaciones que, en su caso, estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro 1003/2022. Improcedencia. Como cuestión previa, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Se transcribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." Para ello, debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso señala como acto reclamado el consistente en: ".El traslado ilegal Fuera de Procedimiento como Lo Marca La Ley, a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla." Acto cuya emisión atribuye únicamente a diversas autoridades administrativas. En ese sentido, se destaca el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El quejoso señala como acto reclamado su traslado a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, sin embargo, dicho acto, previo a ser reclamado por la vía constitucional, debe ser impugnado ante el Juez de Ejecución o de Control, según se trate, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que, tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. No debe perderse de vista que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice, de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas; en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su capítulo V del título segundo, distingue tres tipos de traslados. Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: 1.1. Los traslados voluntarios, previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2.1. El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3.1 Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, es decir por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se tiene que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque, de manera excepcional, la autorización será posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas; esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con base en lo expuesto, se puede decir que, como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, previo acudir al amparo, el quejoso debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al enterarse de la orden de traslado tenía la posibilidad de reclamarla ante el Juez de Ejecución o Control, según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Debe establecerse que, respecto del acto reclamado no se puede considerar que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo anterior es así, no obstante que el promovente aduzca, de manera genérica, que la orden de traslado impugnada carezca de fundamentación, así que como que arguya que esta produce violaciones directas a la constitución, en perjuicio del directo quejoso. Supuestos de excepción a la causal de improcedencia en estudio que no se configuran en el caso, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa y la legalidad de su aplicación se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas, a partir de lo cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque, conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La cual precisa las especificas hipótesis en las que, de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, si la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento y, al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Además, la impugnación de la orden reclamada, emitida por autoridades administrativas, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional; con ello se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley. Asimismo, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad inexcusable revocar, nulificar o modificar todo hechos, actos u omisiones relacionados con las órdenes de traslado -ya sean voluntarios, involuntarios, excepcionales o urgentes- emitidas con control judicial, previo o posterior a su ejecución; lo que implica que tales medidas de traslado puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la persona privada de libertad o en virtud de un control de legalidad ejercido de manera oficiosa por la autoridad judicial. Aunado a que la propia norma prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses del recluso; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa. Aunado a ello, al considerarse la viabilidad de la suspensión respecto de una cuestión de carácter urgente, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, tal como lo disponen los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de oficio o a petición de parte, el juez de ejecución de forma inmediata suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la controversia, así como los efectos que tuviere, en aras de salvaguardar la subsistencia de la materia del recurso hecho valer, hasta en tanto resuelva en definitiva la legalidad de la medida de traslado que ahí se impugne, se pone de manifiesto que se satisface plenamente la exigencia señalada en la causal de improcedencia en análisis. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo. Designación de Defensor. Dado que el impetrante se encuentra interno en la Penitenciaria de la Ciudad de México, se estima que existen razones que justifican la necesidad de que un especialista jurídico asista al peticionario quien se encuentra privado de su libertad. Es válido afirmar que en el juicio de amparo existen condiciones análogas a las que justifican la provisión o imposición de un abogado público en el proceso penal, pues en este asunto también se pueden presentar obstáculos físicos, culturales y sociales para poder ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como casos en los que, sin razón o a partir de una apreciación errónea, se renuncia a un elemento fundamental para acceder a la justicia, como es la asistencia de un abogado. Cabe indicar que la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, no es suficiente para garantizar el ejercicio adecuado de la tutela jurisdiccional efectiva en juicios de amparo promovidos en las circunstancias antes indicadas. Lo anterior es así, porque dicha institución opera en el momento de emitir las resoluciones sobre el fondo del asunto y no durante el resto del proceso, en el cual subsiste la necesidad de asistencia técnica, debido a que la suplencia no sirve para hacer procedentes los mecanismos jurisdiccionales; tampoco abarca el poder de disposición para determinar qué reclamar y de qué desistirse; no permite suplir actividad probatoria; y no hace posible reconducir la vía recursal. Bajo esa óptica y tomando en consideración que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, con fundamento en los artículos 17, séptimo párrafo, Constitucional; 3 de la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 1 y 2, fracción IV y 6 del Reglamento de la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común de esta ciudad, requiérase al director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que, en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de que reciba el oficio que derive del presente auto, en uso de sus facultades designe a un defensor público que represente los intereses de la citada parte quejosa. Por lo anterior, se solicita a dicha institución que, una vez que sea nombrado el citado servidor público, lo requiera a efecto de que, en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de su designación, en términos de los artículos 3, 6, fracción I y 7 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por el 1/2022 comparezca con cédula profesional en un horario entre las nueve horas con treinta minutos y las catorce horas con treinta minutos de lunes a viernes, a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de protestar y aceptar el cargo conferido; asimismo deberá acreditar mediante constancias la plena notificación de dicho profesionista. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización en términos de lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Domicilio. De la lectura íntegra de la demanda se tiene que el quejoso ******************** promueve por propio derecho, sin señalar autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; también, que se encuentra interno en el Penitenciaría de la Ciudad de México. En tal virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que todas las notificaciones se realicen de manera personal en el centro de reclusión en el que se encuentra. Exhortación para mejorar la comunicación y a transitar al juicio en línea. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea, para lo cual deberán designar un usuario para la consulta del expediente electrónico y ese medio para oír y recibir notificaciones personales. Presentación de promociones. En términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a las partes que realicen las promociones que estimen pertinentes preferentemente a través de firma electrónica, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Expedición de Copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que, dada su propia y especial naturaleza jurídica, se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. En el entendido que las mismas podrán ser solicitadas de manera verbal por las partes o autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, directamente en la mesa de trámite que corresponda. Medios Electrónicos. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que debe privilegiarse la consulta del expediente electrónico. Integración del expediente físico y electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, la secretaria encargada del presente expediente será la responsable de dar fe de que se realice la debida integración del expediente físico y electrónico, por lo que deberá supervisar que sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que ambos coincidan en su totalidad para la consulta de las partes. Generación y firma de oficios Se ordena a la secretaria encargada del trámite de este expediente para que, a más tardar el día hábil siguiente a la emisión de este proveído, supervise la generación y entrega a la actuaría de los oficios y notificaciones respectivas. En el entendido que se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios relativos. Notifíquese personalmente.
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