Ivan Paul Davalos Muñoz
Expediente 815/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ivan Paul Davalos Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
León, Guanajuato, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado dentro del plazo legal el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós que en resumen dice: Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Promoventes desahogan prevención. Agréguese el escrito de cuenta signado por los defensores particulares del quejoso mediante el cual desahogan la prevención formulada en auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós -misma que subsistió en proveído de ocho de agosto actual, toda vez que el escrito presentado para atenderla únicamente se encontraba firmado por uno de los promoventes y no por ambos, por lo que, como se le dijo en ese acuerdo, no era posible tenerle por cumpliendo al ser necesario que el requerimiento formulado fuera atendido por ambos defensores al estar en juego una pretensión, por lo que no es como lo aduce, que se le haya requerido nuevamente por lo mismo aunque ya había dado contestación; en consecuencia, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda, se desprende que consiste en: ? El proveído de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el toca penal *** del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En dicho acuerdo la responsable declaró la inadmisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de uno de junio de dos mil veintidós, dictada en la causa penal *** del índice del Juzgado de Oralidad Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato, en donde se negó la inimputabilidad del directo quejoso ***. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por *** y ****, en su carácter de defensores de ***, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia.1 En el caso, se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, en virtud del cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como se precisó, la parte quejosa reclama el proveído de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el toca penal *** del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En dicho acuerdo la responsable declaró la inadmisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de uno de junio de dos mil veintidós, dictada en la causa penal *** del índice del Juzgado de Oralidad Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato, en donde se negó la inimputabilidad del directo quejoso ***. Ahora, de lo narrado en el escrito inicial de demanda y su aclaratorio se obtienen los siguientes antecedentes: a) El veinticinco de julio de dos mil veintiuno, el quejoso directo fue detenido por el delito de lesiones en agravio de *** con motivo de la carpeta de investigación ***, tramitada por la Unidad Especializada de Delitos contra la Mujer; b) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso en la causa penal *** del índice del Juzgado de Oralidad Penal de León, Guanajuato, por el delito de tentativa de homicidio. En esa misma audiencia se solicitó se abriera el procedimiento de inimputabes; c) El veintisiete de septiembre del año que antecede, se radicó por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la apelación interpuesta en contra de ese auto de vinculación a proceso; d) Posteriormente el cuatro de abril de esta anualidad, la Fiscalía formuló acusación, por lo que se señaló el veintiséis de mayo siguiente como fecha para el desahogo de la audiencia intermedia, misma que se solicitó se suspendiera al estar pendiente de resolución el proceso de inimputables; e) Luego, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia del proceso de inimputables y el uno de junio de dos mil veintidós se resolvió, negándose la inimputabilidad del quejoso; f) En contra de esta última determinación, el seis de junio siguiente, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, misma que por turnó toco conocer a la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato bajo el toca penal *** de su índice, mismo que declaró inadmisible el seis de julio posterior; y, g) El ocho de agosto actual, se difirió la audiencia intermedia, toda vez que los promoventes informaron la interposición de este juicio de amparo, por lo que se señaló el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, como nueva data para su desahogo. El antecedente precisado en el inciso f) constituye el acto reclamado. Ahora, precisamente por lo destacado es que ese reclamo es inimpugnable en sede constitucional. en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, porque contra ese tipo de determinaciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un medio ordinario de defensa que permite al agraviado cuestionar el desechamiento del recurso de apelación mencionado. En efecto, la relatoría de antecedentes de la demanda, deja en evidencia que la determinación que se reclama a la Sala responsable es la que inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de uno de junio de este año emitida por el juezde control, en la negó la inimputabilidad del quejoso. Es decir, el acto reclamado corresponde a una determinación de mero trámite dentro del procedimiento penal que se resolvió de plano, sin sustanciación, no decide el fondo de la causa penal, ni pone término al procedimiento, ni mucho menos se traduce en una respuesta a los agravios correspondientes, sino que su objetivo fue establecer que dicho medio impugnativo es improcedente. En relación con ese tema, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Como puede advertirse, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que contra las resoluciones de mero trámite emitidas sin sustanciación por las autoridades jurisdiccionales en el procedimiento penal de corte acusatorio, procede el recurso de revocación del que conoce el propio órgano jurisdiccional que emitió el acuerdo impugnado, con el objeto de que lo examine de nueva cuenta y resuelva lo que en derecho corresponda. En el caso concreto, contra la determinación reclamada a la Sala responsable, que desechó el recurso de apelación contra la resolución que negó la inimputabilidad del quejoso, no se interpuso el recurso de revocación previsto en el ordenamiento legal rector de dicho acto reclamado, lo que ocasiona la desatención al principio de definitividad del juicio de amparo motivando su improcedencia y, por ende, conduce al desechamiento de la demanda. Sirve de puntual apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2021251, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, que establece: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Por tanto, se estima que la parte quejosa contó con un medio de defensa específico que debió agotar antes de promover el presente juicio, pues previamente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por la inadmisión de la apelación que interpuso, los cuales hubiesen sido estudiados por parte del tribunal de alzada para que éste determinara dejar o no sin efecto el acto de controversia, modificándolo o revocándolo. Sin que el quejoso se encuentre relevado de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previsto en los incisos a, b y c del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: a) El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que se trata del auto en que la autoridad negó admitir el recurso de apelación. b) La decisión controvertida no afecta la libertad personal de la parte quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. c) El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen; pues es el imputado. Además, la procedencia del recurso de revocación no se encuentra sujeto a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarlo, dado que el artículo citado es enfático en prever que ese medio de defensa procede contra las determinaciones que declaran inadmisible el recurso de apelación, como el acuerdo reclamado. Por tanto, se materializa el motivo de inviabilidad analizado, pues la parte amparista, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado concedido en la legislación en comento. Sirven de apoyo en lo conducente las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías".2 "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".3 En ese orden, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se impone desechar la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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