Iván Paredes Méndez
Expediente 395/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2023
Partes del expediente
- Iván Paredes Méndez
Actuaciones
- Principal
V. Se declara que el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, s HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archívese este asunto como total y definitivamente concluido y dese cumplimiento a la circular 2/2020, con la finalidad de que se prepare el acta de (transferencia o destrucción). Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d), del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
V. Intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes la razón actuarial de cuenta, por la cual la Actuaria Judicial adscrita hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en los numerales 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa la determinación en comento y los subsecuentes, incluso los que por su naturaleza deban notificarse de manera personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA, POR LISTA, AL QUEJOSO, EL AUTO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE, EN SÍNTESIS, DICE: V. Se tiene por recibida la demanda de amparo; se ordena formar el expediente electrónico e impreso y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 395/2023-V. Se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se fija el acto reclamado como: La omisión de realizar el pago de su pensión por fallecimiento de servidor público por causas ajenas al servicio que aceptó el uno de noviembre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México...es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por una autoridad del ejecutivo estatal y, con dicho medio ordinario la quejosa se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Por otra parte, el Código del Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la Entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, máxime que tiene por efecto nulificar el acto emitido por la autoridad administrativa del Estado. Por tanto, con la sola existencia de medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales, se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva. En efecto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base, se concluye que el justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. En esa virtud, si el promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. PROCEDENCIA DE LA VIA LABORAL. En efecto, el quejoso también se encontraba en aptitud de impugnar la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ****, por parte del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza del derecho que dice le fue vulnerado. Sobre ese punto, es conveniente destacar que si bien, la pensión generadora del derecho que reclama el promovente se generó con motivo de la cotización que se realizó en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y, la prestación en cuestión consiste en el pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión *** con motivo de la relación de trabajo que la servidora Rebeca Ampudia García mantuvo con el Estado, de ahí que corresponde la legal competencia al Tribunal Federal de Conciliación. En esa tesitura, se estima que la solicitante de amparo estaba en aptitud de acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para reclamar la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ***, por parte del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, conforme a lo dispuesto en lo establecido en los artículos 1 y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y 67 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. En ese sentido, no puede pasar desapercibido que la competencia de ese tribunal ya no se limita a la materia fiscal, como cuando se creó, sino que conoce de otras resoluciones de carácter administrativo, como es el caso de las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, las que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios con motivo de reclamación en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre otras. Por lo tanto, si en la especie el quejoso reclama la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión *** por parte del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; el cual, es organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios- de pagar la pensión otorgada, se evidencia que el justiciable estuvo en aptitud de controvertir tal determinación, ya sea a través del juicio contencioso administrativo o mediante la vía laboral a substanciarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por reclamarse un derecho de seguridad social. CONCLUSIÓN. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. No ha lugar a tener por designado el correo electrónico y números de teléfono que señala el promovente como domicilio procesal, pues la Ley de Amparo no prevé dichos medios para tal efecto; sin embargo, se tienen por señalados para entablar comunicaciones no procesales. Se tiene como sus autorizados únicamente en términos restringidos a las personas que refiere el promovente, limitación que subsiste haya en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo que deberá comunicar el peticionario del amparo mediante nuevo escrito. Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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