Ivan Ortega Saldivar
Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Licenciado RAFAEL SANDOVAL ORTIZ, en su tatter de Juez Coordinador de Jueces de Control y Enjuiciamiento Penal, adscrita al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del estado con sede en Iguala de la Independencia, con jurisdiccion y competencia en l
- Ivan Ortega Saldivar
Actuaciones
- Principal
C
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Archivo y anotaciones. En ese orden, archívese como asunto concluido el presente expediente, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, con la precisión que una vez que obren las constancias de notificación de este proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En el Libro de Gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. En tales condiciones, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; consecuentemente, una vez que transcurran tres años a partir del presente proveído, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del citado Acuerdo General, destrúyase el presente expediente, previa acta de la relación que se elabore para la identificación. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que el expediente electrónico se encuentra integrado en su totalidad; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre el expediente físico y el expediente electrónico. Lo anterior en términos del artículo 35 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del juez de Control y Enjuiciamiento Penal, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, y otras autoridades. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 105/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: 1. La orden de aprehensión; 2. La orden de reaprehensión; 3. La orden de detención; 4. La orden de captura; 5. La orden de retención 6. La orden de localización; y, 7. Su ejecución. En ese sentido, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. ---Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;..." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia que prevé el precepto antes invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la Ley de Amparo, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo anterior, se advierte que el quejoso reclama la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, captura, retención, localización, y su ejecución, de lo cual tuvo conocimiento el dos de febrero de dos mil veintitrés, por lo que resulta extemporánea; sin que en el caso se pueda considerar como un acto fuera de procedimiento y un caso de excepción para la promoción del juicio de amparo, toda vez que el quejoso atribuyó la orden de captura a un juez. A efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. De acuerdo a lo dispuesto en los preceptos invocados, si no se acude en demanda de la protección federal dentro del término legal establecido, resulta improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva con posterioridad. Del análisis de la demanda el quejoso refirió dolerse de la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, captura, retención, localización, y su ejecución; además que tuvo conocimiento de ello el dos de febrero de dos mil veintitrés. De ahí que se advierta, que el quejoso tuvo conocimiento desde el dos de febrero de dos mil veintitrés, lo que expresó bajo protesta de decir verdad como parte de los antecedentes del acto reclamado, aseveración que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Por tanto, se actualiza la hipótesis normativa establecida en el primero de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. Por lo que el plazo para promover el juicio de amparo comienza a correr al día siguiente y, en el caso, como se ha señalado, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado por lo menos desde el dos de febrero de dos mil veintitrés, entonces, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el tres siguiente y feneció el veinticuatro del mismo mes y año. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el doce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es patente que se hizo fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que desde que tuvo conocimiento a la fecha han pasado más de quince días, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Aunado a que resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, que se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. Por lo que tenía la obligación de promover su demanda dentro del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, precisamente porque dicho plazo, permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del citado ordenamiento, y con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***** Iguala de la Independencia, Guerrero. Autorizados Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho artículo a los restantes por no contar con dicho requisito. Expediente electrónico. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y los diversos 34 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario "********************", para tal efecto, se ordena realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se tiene como correo electrónico de contacto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como correo electrónico y número de teléfono los indicados, a efecto de establecer contacto con dicha parte en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · 3,053 expedientes
- Ivan Daniel Bahena Sebastian220/2020
- Ivan Daniel Bahena Sebastian15/2021
- Iván Hernández Enriquez2/2021
- Ivan Moises Salgado Godinez227/2023
- Iván Ortega Saldivar90/2021
- Ivan Ortega Saldivar22/2023
- Ivan Osorio Arce100/2021
- Iván Salinas Castrejón75/2017
- Ivan Soriano Landa127/2022
- Iván Valencia Miguel269/2016
- Ivan Vazquez Flores299/2021
- Iván Yosimar Hernández Teutla22/2017