Iván Martínez Ortíz

Expediente 390/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
390/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
13/05/2016

Partes del expediente

  • Iván Martínez Ortíz
  • Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de dieciocho de abril de este año, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la constancia de notificación referente al auto dictado el cinco de abril del año en curso dentro del expediente laboral D-2/379/2012, lo que se toma en consideración, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a las documentales que obran, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que IVÁN MARTÍNEZ ORTIZ, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta, Presidente, Auxiliar y Actuario, todos adscritos a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, lo siguiente: "(.) IV ACTOS RECLAMADOS: 1). Se reclama del C. Auxiliar de la Junta Especial responsable la abstención de formular el proyecto de resolución en forma de laudo previsto por la Ley de la Materia, no obstante que ha transcurrido en evidente exceso el término legal previsto en la Ley Federal del Trabajo para que fuera realizado. 2. Reclamo del C. Presidente de la Junta Especial Responsable, la falta de citación a los integrantes de la H. Junta Especial Responsable, para la celebración de la audiencia de Discusión y Votación del proyecto de laudo, en términos de Ley. 3. Se reclama de la Junta Especial Responsable su abstención consistente en que no obstante que con fecha OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014), concedió a las partes el término de tres días para formular alegatos, apercibidas que en caso de no hacerlo se tendría por perdido el derecho para tal efecto y se ordenaría turnar los autos al C. Auxiliar de dicha Junta para formular el proyecto de resolución en forma de laudo, y no obstante ello, hasta la presente fecha el C. Auxiliar de la Junta Especial Responsable ha omitido formular el proyecto de resolución en forma de laudo, y la Junta Especial Responsable ha omitido desahogar la Audiencia de Discusión, y Votación del Proyecto de Laudo, y por ende, se ha abstenido de emitir el laudo que corresponda, así como también se ha abstenido de ordenar en su caso, al C. Auxiliar formule el proyecto de resolución en forma de laudo, al C. Actuario, de notificarlo a las partes en términos de Ley. 4. Se reclama del C. Actuario adscrito a la Junta Especial Responsable, la abstención consistente en que no ha notificado a las partes el laudo en comento, en términos de lo previsto por la Ley Federal del Trabajo. Tales conductas ilegales asumidas por las Autoridades Responsables, se han dado en forma continuada, y la operancia del ejercicio de la acción constitucional que ahora se hace valer, resulta ser de tracto sucesivo.". (foja 2 vuelta). Precisado lo anterior, debe indicarse que la Presidenta, Auxiliar y Actuario, todos adscritos a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 20), bajo la consideración de que dentro del expediente laboral D-2/373/2012, con fecha veintiocho de marzo del año en curso, se emitió el laudo correspondiente (fojas 22 a 28). Asimismo, mediante oficio A.- 1979/216, se tuvo a la referida Presidenta remitiendo copia certificada del auto dictado el cinco de abril de este año dentro de aquél expediente laboral, donde regularizó el procedimiento para el efecto de aclarar que el número correcto del juicio laboral es: D-2/379/2012 y no D-2/379/2014 como se citó en el laudo respectivo, remitiendo las constancias de notificación correspondientes (fojas 41 a 42 y 50 a 52). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. De lo antes expuesto, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado. Se asevera lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta responsable emitiera el laudo correspondiente dentro del expediente laboral D-2/379/2012 y le notificara dicha resolución, aquélla se vio satisfecha en la medida en que con fecha veintiocho de marzo del año en curso, emitió el laudo correspondiente, mismo que le fue notificado el treinta de marzo de dos mil dieciséis (fojas 22 a 28 y 41). Asimismo, que el auto dictado el cinco de abril de este año dentro de aquél expediente laboral, donde regularizó el procedimiento para el efecto de aclarar que el número correcto del juicio laboral es: D-2/379/2012 y no D-2/379/2014, como se asentó en el laudo de referencia, le fue notificado el once de abril de este año (foja 51). Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintisiete minutos del veintiuno de abril del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la constancia de notificación referente al auto dictado el cinco de abril del año en curso dentro del expediente laboral D-2/379/2012, lo que se toma en consideración, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a las documentales que obran, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que IVÁN MARTÍNEZ ORTIZ, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta, Presidente, Auxiliar y Actuario, todos adscritos a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, lo siguiente: "(.) IV ACTOS RECLAMADOS: 1). Se reclama del C. Auxiliar de la Junta Especial responsable la abstención de formular el proyecto de resolución en forma de laudo previsto por la Ley de la Materia, no obstante que ha transcurrido en evidente exceso el término legal previsto en la Ley Federal del Trabajo para que fuera realizado. 2. Reclamo del C. Presidente de la Junta Especial Responsable, la falta de citación a los integrantes de la H. Junta Especial Responsable, para la celebración de la audiencia de Discusión y Votación del proyecto de laudo, en términos de Ley. 3. Se reclama de la Junta Especial Responsable su abstención consistente en que no obstante que con fecha OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014), concedió a las partes el término de tres días para formular alegatos, apercibidas que en caso de no hacerlo se tendría por perdido el derecho para tal efecto y se ordenaría turnar los autos al C. Auxiliar de dicha Junta para formular el proyecto de resolución en forma de laudo, y no obstante ello, hasta la presente fecha el C. Auxiliar de la Junta Especial Responsable ha omitido formular el proyecto de resolución en forma de laudo, y la Junta Especial Responsable ha omitido desahogar la Audiencia de Discusión, y Votación del Proyecto de Laudo, y por ende, se ha abstenido de emitir el laudo que corresponda, así como también se ha abstenido de ordenar en su caso, al C. Auxiliar formule el proyecto de resolución en forma de laudo, al C. Actuario, de notificarlo a las partes en términos de Ley. 4. Se reclama del C. Actuario adscrito a la Junta Especial Responsable, la abstención consistente en que no ha notificado a las partes el laudo en comento, en términos de lo previsto por la Ley Federal del Trabajo. Tales conductas ilegales asumidas por las Autoridades Responsables, se han dado en forma continuada, y la operancia del ejercicio de la acción constitucional que ahora se hace valer, resulta ser de tracto sucesivo.". (foja 2 vuelta). Precisado lo anterior, debe indicarse que la Presidenta, Auxiliar y Actuario, todos adscritos a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 20), bajo la consideración de que dentro del expediente laboral D-2/373/2012, con fecha veintiocho de marzo del año en curso, se emitió el laudo correspondiente (fojas 22 a 28). Asimismo, mediante oficio A.- 1979/216, se tuvo a la referida Presidenta remitiendo copia certificada del auto dictado el cinco de abril de este año dentro de aquél expediente laboral, donde regularizó el procedimiento para el efecto de aclarar que el número correcto del juicio laboral es: D-2/379/2012 y no D-2/379/2014 como se citó en el laudo respectivo, remitiendo las constancias de notificación correspondientes (fojas 41 a 42 y 50 a 52). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. De lo antes expuesto, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado. Se asevera lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta responsable emitiera el laudo correspondiente dentro del expediente laboral D-2/379/2012 y le notificara dicha resolución, aquélla se vio satisfecha en la medida en que con fecha veintiocho de marzo del año en curso, emitió el laudo correspondiente, mismo que le fue notificado el treinta de marzo de dos mil dieciséis (fojas 22 a 28 y 41). Asimismo, que el auto dictado el cinco de abril de este año dentro de aquél expediente laboral, donde regularizó el procedimiento para el efecto de aclarar que el número correcto del juicio laboral es: D-2/379/2012 y no D-2/379/2014, como se asentó en el laudo de referencia, le fue notificado el once de abril de este año (foja 51). Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintisiete minutos del veintiuno de abril del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio A.- 1979/216, signado por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento hecho por auto de cuatro de abril del año en curso (foja 30), remite copia certificada del laudo y sus notificaciones practicadas dentro del expediente laboral D-2/379/2012. Asimismo, remite copia certificada del auto dictado el cinco de abril de este año dentro de aquél expediente laboral, donde regularizó el procedimiento para el efecto de aclarar que el número correcto del juicio laboral es: D-2/379/2012 y no D-2/379/2014. En consecuencia y con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano