Iván Martínez Moran
Expediente 994/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Iván Martínez Moran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales ********************contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, el expediente principal transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la presente determinación será DESTRUIBLE en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de ********************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veinte de julio de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Analizada la demanda de amparo y su escrito de desahogo en su integridad, la suscrita advierte que el quejoso hace consistir su acto reclamado en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el cual el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, no acuerda favorable ordenar la entrega de la cantidad exhibida por concepto de pensión alimenticia, a ********************, porque 1) la misma manifestó la imposibilidad para recibir el depósito y 2) porque en diverso proveído de doce de junio del año en curso, se indicó al promovente que en el juicio en cita no se determinaron alimentos. Precisado el acto reclamado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. En el caso propuesto, el acto reclamado por el quejoso constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos con el hecho de no acordar favorable ordenar la entrega de la cantidad exhibida por el aquí quejoso por concepto de pensión alimenticia a ********************, no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al resultado del fallo. Lo anterior es así, puesto que el monto que exhibió por concepto de alimentos a favor de la infante involucrada en el expediente ******************** donde no se decretaron alimentos, puede exhibirlo en el expediente ********************, donde está vigente la medida de alimentos; de ahí que el auto impugnado donde se le devolvió el monto exhibido no le causa perjuicios de difícil o imposible reparación, porque basta que ese monto lo dirija en el expediente y ante el juzgador que corresponda y donde se encuentra vigente la orden de pago de alimentos a favor de su menor hija. Además, contra el acto reclamado de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, la parte quejosa tuvo la oportunidad de combatirlo a través de un medio de defensa ordinario, por lo que se considera que también resulta improcedente la demanda al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Así, el texto del precepto legal transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dichas hipótesis no se ajustan al tema propuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, pues de la demanda de amparo se desprende que se reclama el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el cual el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, no acuerda favorable ordenar la entrega de la cantidad exhibida por concepto de pensión alimenticia, a ********************, atendiendo a que la misma manifestó la imposibilidad para recibir el depósito, puesto que en el juicio en cita no se determinaron alimentos. Sin embargo, en la especie, surge a la vida jurídica la causa de improcedencia señalada, porque en contra de la determinación reclamada procede el recurso de reconsideración, previsto en los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, que es de naturaleza familiar en materia local; además, porque el aquí quejoso ********************, es parte actora dentro del juicio familiar de génesis, por ende, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él. Se sostiene lo anterior, en virtud de que del índice de este órgano federal existe el diverso juicio de amparo ********************; mismo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del cual se desprende manifestó ser la parte actora en el juicio de origen ********************. Luego, los artículos citados en párrafos precedentes establecen lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. Artículo 383.- Procedencia del recurso de reconsideración en segunda instancia. Procede la reconsideración de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior." De lo anterior, se advierte que a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, el aquí quejoso debió impugnar el auto que considera le causa perjuicio a través del recurso de reconsideración establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado ese acto, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial. En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar el acuerdo de que se queja el promovente, pues éste debió ser previamente recurrido a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos. De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que el acto de molestia impugnado carece de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, el quejoso, es parte dentro del juicio familiar de origen, por ser la parte actora, lo cual lo obliga a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado. Así, se estima dable que, en su caso no resultaría una excepción al principio de definitividad, el hecho de reclamarse un auto dictado en un juicio de controversias del orden familiar en el que se encuentra involucrado menores de edad, pues la característica de irreparabilidad de ese acto no está comprendido entre las excepciones que impera en el juicio de amparo. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.), con registro 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de ********************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veinte de julio de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Analizada la demanda de amparo y su escrito de desahogo en su integridad, la suscrita advierte que el quejoso hace consistir su acto reclamado en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el cual el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, no acuerda favorable ordenar la entrega de la cantidad exhibida por concepto de pensión alimenticia, a ********************, porque 1) la misma manifestó la imposibilidad para recibir el depósito y 2) porque en diverso proveído de doce de junio del año en curso, se indicó al promovente que en el juicio en cita no se determinaron alimentos. Precisado el acto reclamado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. En el caso propuesto, el acto reclamado por el quejoso constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos con el hecho de no acordar favorable ordenar la entrega de la cantidad exhibida por el aquí quejoso por concepto de pensión alimenticia a ********************, no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al resultado del fallo. Lo anterior es así, puesto que el monto que exhibió por concepto de alimentos a favor de la infante involucrada en el expediente ******************** donde no se decretaron alimentos, puede exhibirlo en el expediente ********************, donde está vigente la medida de alimentos; de ahí que el auto impugnado donde se le devolvió el monto exhibido no le causa perjuicios de difícil o imposible reparación, porque basta que ese monto lo dirija en el expediente y ante el juzgador que corresponda y donde se encuentra vigente la orden de pago de alimentos a favor de su menor hija. Además, contra el acto reclamado de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, la parte quejosa tuvo la oportunidad de combatirlo a través de un medio de defensa ordinario, por lo que se considera que también resulta improcedente la demanda al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Así, el texto del precepto legal transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dichas hipótesis no se ajustan al tema propuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, pues de la demanda de amparo se desprende que se reclama el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el cual el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, no acuerda favorable ordenar la entrega de la cantidad exhibida por concepto de pensión alimenticia, a ********************, atendiendo a que la misma manifestó la imposibilidad para recibir el depósito, puesto que en el juicio en cita no se determinaron alimentos. Sin embargo, en la especie, surge a la vida jurídica la causa de improcedencia señalada, porque en contra de la determinación reclamada procede el recurso de reconsideración, previsto en los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, que es de naturaleza familiar en materia local; además, porque el aquí quejoso ********************, es parte actora dentro del juicio familiar de génesis, por ende, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él. Se sostiene lo anterior, en virtud de que del índice de este órgano federal existe el diverso juicio de amparo ********************; mismo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del cual se desprende manifestó ser la parte actora en el juicio de origen ********************. Luego, los artículos citados en párrafos precedentes establecen lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. Artículo 383.- Procedencia del recurso de reconsideración en segunda instancia. Procede la reconsideración de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior." De lo anterior, se advierte que a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, el aquí quejoso debió impugnar el auto que considera le causa perjuicio a través del recurso de reconsideración establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado ese acto, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial. En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar el acuerdo de que se queja el promovente, pues éste debió ser previamente recurrido a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos. De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que el acto de molestia impugnado carece de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, el quejoso, es parte dentro del juicio familiar de origen, por ser la parte actora, lo cual lo obliga a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado. Así, se estima dable que, en su caso no resultaría una excepción al principio de definitividad, el hecho de reclamarse un auto dictado en un juicio de controversias del orden familiar en el que se encuentra involucrado menores de edad, pues la característica de irreparabilidad de ese acto no está comprendido entre las excepciones que impera en el juicio de amparo. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.), con registro 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada bajo las iniciales ********************personalidad que se le reconoce en términos de la documental que anexa al escrito de demanda, contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número ******************** que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Prevención. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción II, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles, siguientes al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: a) Bajo protesta de decir verdad complete los antecedentes de su acto reclamado y manifieste cuál fue el motivo por el que la tercera interesada ******************** no quiso recibir la cantidad que por concepto de pensión alimenticia para la menor de iniciales ********************el promovente exhibió en autos del expediente ********************; asimismo porqué el juzgado familiar responsable no ordenó la entrega de dicha cantidad exhibida en el auto que impugna. Si le es posible deberá transcribir, en su parte conducente, el escrito de veinte de julio de dos mil veintitrés, presentado por ********************, así como el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad; o en su caso, exhiba copia autorizada de los mismos. Lo anterior, a fin de proveer lo conducente a la medida cautelar solicitada. Ello, en virtud de que debe manifestar como parte integral de dicho requisito de la demanda, una narración precisa de todos los antecedentes relacionados con el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que el desahogo de la prevención aquí contenida, deberá hacerlo directamente el quejoso y no por conducto de sus autorizados, toda vez que lo que manifieste sobre el particular, deberá hacerlo bajo protesta de decir verdad, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, del rubro que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." En la inteligencia que de su escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para emplazar a todas las partes a juicio, de conformidad con lo establecido con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido en el lapso indicado, se proveerá como resulte procedente en los términos que se encuentra planteada su demanda. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que al efecto indica. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ******************** en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial que antecede y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que señala, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: ********************, se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por otra parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, se advierte que el promovente también señala un domicilio ubicado en esta ciudad. Por tanto, debido a que no pueden coexistir las notificaciones electrónicas y las que se realizan de manera personal en el domicilio señalado, se previene a la parte quejosa para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente auto, señale expresamente si opta porque se le realicen las notificaciones personales de manera electrónica y aceptar la totalidad de las consecuencias, o renunciar a tener el acceso electrónico y que las notificaciones personales se realicen de manera ordinaria en el domicilio señalado para ese efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término señalado, sin ulterior acuerdo, las notificaciones personales se realizaran vía electrónica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el domicilio indicado en la demanda.
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