Ivan Lopez Hinojosa
Expediente 1349/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1349/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ivan Lopez Hinojosa
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Iván López Hinojosa, y Moisés Ricardo Garduño Rodríguez, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos que reclaman del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1349/2022-II-B, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por **** y otros, por propio derecho, contra actos que reclama del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Se analiza si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, de conformidad con el artículo 62, relacionado con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo. Revisada la demanda en su integridad, los actos reclamados consisten en: La reubicación del dormitorio, estancia o módulo diverso en el que se encuentran; Ataques y actos de coacción; Desacato de cumplir órdenes judiciales; El Traslado de la Penitenciaría a otro centro diverso Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; Intimidación y castigos ilegales; Discriminación; Violación al principio pro persona; Inaplicación de criterios internacionales; Omisiones de investigar actos constitutivos de delito y de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos, encubrimiento de los mismos; y, Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias; La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento; Realización de estudios y perfiles psicológico y criminológico que son inconstitucionales; Audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos. Ahora, respecto de los actos reclamados consistente en la reubicación del dormitorio, estancia o módulo diverso en el que se encuentran, omisiones de investigar actos constitutivos de delito y de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos, encubrimiento de los mismos, orden de trasladado a diverso Centro de Reinserción Social del que actualmente se encuentra interno los quejosos, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que es procedente DESECHAR la demanda de amparo cuando el juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis aislada 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." La disposición legal invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales jurisdiccionales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún medio de defensa por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, a manera de preámbulo, conviene tener presente que el juicio de amparo es un mecanismo de control extraordinario previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a ella en lo relativo a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, para garantizar su eficacia, la procedencia y trámite de la acción no es irrestricta, sino que están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la protección a los derechos humanos de los gobernados. Dentro de estas reglas se encuentra el principio de definitividad, que establece que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; lo cual implica que antes de acudir a la instancia constitucional, se deberán agotar los mecanismos de defensa previstos en la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Este principio se encuentra radicado en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.- - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución [.]" De los anteriores preceptos normativos se puede concluir que el principio de definitividad implica la obligación del promovente del amparo a agotar previamente los recursos o medios de defensa que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar el acto que en concreto cause perjuicio al solicitante del amparo. Asimismo, se ha sostenido jurisprudencialmente que, un medio ordinario de defensa, es aquel que tiene dichos efectos modificativos sobre el acto reclamado, el cual necesariamente debe estar previsto en la norma que rige el acto. Precepto del cual es factible establecer que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En ese orden de ideas, se precisa que del contenido del escrito inicial de demanda se sigue que el acto que se reclama consiste esencialmente la reubicación del dormitorio, estancia o módulo diverso en el que se encuentran, omisiones de investigar actos constitutivos de delito y de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos, encubrimiento de los mismos, orden de trasladado a diverso Centro de Reinserción Social del que actualmente se encuentran internos los quejosos. Cabe precisar que, conforme el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó que dichos mandatos (traslado, entre otros) no deben ser considerados asuntos urgentes para turno, en virtud de que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de esa manera, y no requerir autorización previa del juez. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos de defensa para regular las cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o que estén compurgando una pena, medios que se les denominó "peticiones administrativas" y "controversias ante el juez de ejecución y/o de control", los cuales se desprenden de los artículos 107, 108, 115, 116 y 117, que en lo que interesa disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; [.]." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. [...]." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; [.]." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; [...]." III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. [...]". De los preceptos normativos transcritos, se puede advertir por un lado, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como mecanismo para regular las cuestiones relacionadas a las condiciones de internamiento ante la autoridad administrativa las denominadas "peticiones administrativas", las cuales tiene como fin subsanar en un término de cinco días aquellos hechos u omisiones relacionados a esas condiciones. Asimismo, que vía controversia ante el Juez de Control y/o Ejecución, pueden ventilarse las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, por ejemplo, el cambio de dormitorio o estancia, entre otras, así como en materia de traslados. Que tratándose de casos urgentes como lo dispone el citado artículo 115 de la ley en comento, esto es, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución o de control para plantear su petición, siendo el caso que para esos supuestos dicho juzgador, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Así, con base en lo expuesto hasta aquí, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, se tiene que tanto una orden de traslado como el cambio de dormitorio o estancia, pueden ser sujetas a revisión directamente ya sea por el juez de ejecución o de control mediante dicho mecanismo de defensa, el cual prevé la suspensión del hecho u acto que lo motive. Por tanto, los quejosos, previo acudir al amparo, debieron agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, la cual faculta incluso al Juez de Ejecución para determinar si el acto que reclama es urgente o no. Lo que implica la posibilidad real de que un acto positivo (como sería la orden de traslado o el cambio de dormitorio o estancia o en el caso los actos que aquí se reclaman) sean suspendidos por el juez que corresponda, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano, en términos del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya medida que prevé tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para conceder la suspensión provisional. Lo que permite establecer que se cumple con el requisito exigido por el precitado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el acto sea suspendido por el juez respectivo. De ahí que los quejosos, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar una orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas debe agotar el citado mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que dicho acto es susceptible de impugnarse a través de aquél medio. De manera que, en el caso de una orden de traslado de la penitenciaría a otro centro diverso, la reubicación del dormitorio, estancia o módulo diverso en el que se encuentran, omisiones de investigar actos constitutivos de delito y de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos, encubrimiento de los mismos, orden de trasladado a diverso Centro de Reinserción Social del que actualmente se encuentran internos los quejosos, al tener noticia de ellos, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. De ahí que si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro Centro de Reclusión, así como el posible cambio de dormitorio o estancia o los otros actos que se estudian en este apartado, atribuidos a autoridades administrativas, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, es que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a. XXI/2021 (10a.), materia penal, registro 2023063, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Por lo que en todo caso, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial ordinaria podrá analizar si la autoridad administrativa atendió o se apegó a esas disposiciones legales, y de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación. De manera que a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna transgresión a derechos que sufriera en su caso algún interno en cuanto a la reubicación del dormitorio, estancia o módulo diverso en el que se encuentran, omisiones de investigar actos constitutivos de delito y de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos, encubrimiento de los mismos, orden de trasladado a diverso Centro de Reinserción Social del que actualmente se encuentran internos los quejosos, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. Por otra parte, los actos reclamados no son de los comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que son actos futuros e inciertos y por tanto siguen la misma suerte que los anteriores actos. Lo anterior se robustece con el criterio contenido en la tesis aislada IV.3º.A.T.29 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, visible en la página mil seiscientos setenta y cinco, tomo XIII, enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto". También es aplicable al caso la tesis XX.308K, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías.". Y aunque los quejosos en la demanda refieren que la reubicación pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional, discriminación e intimidación; lo cierto es que no abonan en señalar las condiciones o los hechos por las que acontecerían dichos menoscabos, pues su reclamo es escueto y no se transmiten parámetros para determinar que, en el caso concreto, el acto reclamado pudiese tener la trascendencia que aseveran. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que los quejosos hayan señalado como autoridad responsable a este Juzgado de Distrito ya que no se atribuyen actos reclamados a este Órgano Jurisdiccional, sino que se advierte, los narra cómo conceptos de violación. Ya que citan la violación de principio pro persona y la aplicación de criterios internacionales. En ese orden, al no cumplirse con el principio de acción por parte agraviada, rector del juicio de amparo lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otra parte, tomando en consideración que los quejosos *******, se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; por tanto, procédase a notificarles el presente proveído en los estrados de este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Ofelia Pérez Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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