Iván Josue Arrieta Valverde

Expediente 950/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
950/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Iván Josue Arrieta Valverde

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que el promovente, no recurrió, en queja, el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Notifíquese personalmente por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Iván Josué Arrieta Valverde, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Precisión del acto. Del análisis integral de la demanda, se desprende que la parte promovente reclama: La entrega (restitución) del menor de identidad reservada D. A. A. J., así como entregarle los objetos de uso personal y documentos de identidad del menor; a la señora Estefanía Jiménez Rosales, llevada a cabo el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Expuesto lo anterior, se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en dicho precepto, SE DESECHA la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 61 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . . . . . . Así, la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos tácitamente, se actualiza cuando éstos no son reclamados dentro del plazo establecido en el artículo 17 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Los supuestos enumerados en los incisos d y e, consistentes en el establecimiento en la ley de un plazo perentorio y el transcurso de ese plazo sin haber presentado demanda, se actualizan, pues la Ley de Amparo establece un término para promover la demanda de amparo, el cual se encuentra regulado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 17. El término de la interposición de la demanda de amparo será de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la intelección del artículo citado, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que debe contarse de la siguiente manera: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora bien, la parte quejosa acude a esta instancia reclamando la entrega (restitución) del menor de identidad reservada D. A. A. J., así como entregarle los objetos de uso personal y documentos de identidad del menor; a la señora Estefanía Jiménez Rosales, llevada a cabo el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Luego, en su escrito de demanda, la parte quejosa manifestó a través de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, pues en esa fecha se llevó a cabo el acto reclamado. En consecuencia, el término de quince días, con que contaba la promovente para presentar la demanda de amparo, inició del dieciocho de junio de este año y feneció el ocho de julio de dos mil veintiuno. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada el cinco de agosto de la presente anualidad, tal como se advierte de la papeleta de ingreso, dicha presentación resulta extemporánea, por lo que debe considerarse válidamente que el acto aquí reclamado fue tácitamente consentido por la parte quejosa. Siendo aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Cuarta Parte, LXXIX, Sexta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." En las relatadas condiciones, al no interponerse la demanda de amparo, dentro del término de quince días, a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, ni encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el diverso numeral 22 de nuestra Carta Magna, es decir no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro; por lo que es claro que la parte quejosa se conformó tácitamente con el acto reclamado, y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo invocada en el cuerpo del presente auto, por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del ordenamiento legal en cita. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio de la parte quejosa Como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este órgano jurisdiccional. Autorizados Se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Roberto Carlos Cruz Pozos, Abraham Alberto Santiago Medina, Víctor Manuel Marcelo Santiago, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), mientras que a las diversas personas se les tiene por autorizadas de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 24 de la citada ley, por no contar con dicho registro. Autorización de acceso electrónico al expediente. En relación a la petición que formulan los quejosos, en el sentido de que el usuario RCRUZP o rcruzp, consulte el presente juicio de amparo en el sistema electrónico; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el 18 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se acuerda favorablemente la autorización solicitada, en la inteligencia que el acceso respectivo estará condicionado a que la firma en relación con la cual se otorgue la autorización respectiva se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente de que se trate. La presente autorización para acceder al expediente electrónico surtirá efectos una vez que el presente proveído se integre a dicho expediente. En consecuencia, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a que realice las gestiones necesarias a efecto de corroborar si dicho usuario existe en el sistema y de ser así, pueda consultar el presente juicio de amparo vía electrónica. Señalamiento de medios de comunicación remota. Se tienen por señalados el número telefónico y correo electrónico que indica el quejos en su demanda, únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Copias y reproducción de constancias. -Expedición de copias, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. -Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Exhorto notificaciones electrónicas. En ese orden; se exhorta a las partes promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones consulta de expediente electrónico y presentación de promociones y escritos. Asimismo se insta las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y números telefónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; Lo anterior, en el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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