Iván José Hernández Godínez

Expediente 496/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
496/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Iván José Hernández Godínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que mediante oficios TSJ-SP-3P-21-101 y TSJ-SP-3P-21-120 la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo y, que con los mismos, el ocho de abril de dos mil veintiuno se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 135 y 142), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a Iván José Hernández Godínez, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1) Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2) Dicte otra en la que, con base en las consideraciones expresadas en esta ejecutoria, considere que las pruebas de cargo son insuficientes para acreditar el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, así como la responsabilidad de Iván José Hernández Godínez en su comisión" (foja 95). Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 103). Mediante oficio TSJ-SP-3P-21-101, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, transcribió un acuerdo de la misma fecha, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de seis de noviembre de dos mil veinte (foja 108). Luego, con el oficio TSJ-SP-3P-21-120 (foja 113), de seis de abril de dos mil veintiuno, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de la misma fecha (fojas 114 a 134), por tal motivo en auto de ocho de abril de dos mil veintiuno se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 135 y 142). 1. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 108). 2. Dictó una nueva en la que determinó que con las pruebas de cargo consistes en la querella de Elideth Muñoz Vázquez, así como la testimonial a cargo de Claudia Vázquez González e Higinio Gabino Muñoz Soto, no se acredita el segundo de los elementos del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, consistente en que el sujeto activo, sin motivo justificado incumpla con la obligación de suministrar alimentos; esto en razón de que los testigos omiten expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos (fojas 126 a 132). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: Dejó insubsistente la sentencia reclamada. Dictó una nueva en la que consideró que las pruebas de cargo son insuficientes para acreditar el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Por tanto, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria, sin exceso o defecto.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que mediante oficios TSJ-SP-3P-21-101 y TSJ-SP-3P-21-120 la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo y, que con los mismos, el ocho de abril de dos mil veintiuno se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 135 y 142), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a Iván José Hernández Godínez, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1) Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2) Dicte otra en la que, con base en las consideraciones expresadas en esta ejecutoria, considere que las pruebas de cargo son insuficientes para acreditar el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, así como la responsabilidad de Iván José Hernández Godínez en su comisión" (foja 95). Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 103). Mediante oficio TSJ-SP-3P-21-101, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Secretario de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, transcribió un acuerdo de la misma fecha, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de seis de noviembre de dos mil veinte (foja 108). Luego, con el oficio TSJ-SP-3P-21-120 (foja 113), de seis de abril de dos mil veintiuno, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de la misma fecha (fojas 114 a 134), por tal motivo en auto de ocho de abril de dos mil veintiuno se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 135 y 142). 1. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 108). 2. Dictó una nueva en la que determinó que con las pruebas de cargo consistes en la querella de Elideth Muñoz Vázquez, así como la testimonial a cargo de Claudia Vázquez González e Higinio Gabino Muñoz Soto, no se acredita el segundo de los elementos del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, consistente en que el sujeto activo, sin motivo justificado incumpla con la obligación de suministrar alimentos; esto en razón de que los testigos omiten expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos (fojas 126 a 132). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: Dejó insubsistente la sentencia reclamada. Dictó una nueva en la que consideró que las pruebas de cargo son insuficientes para acreditar el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Por tanto, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria, sin exceso o defecto.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, seis de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de ocho de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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