Ivan Jonathan Collantes Cabañas
Expediente 641/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ivan Jonathan Collantes Cabañas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por medio del cual acusa recibo del oficio 674-C, por el que se le remitió el juicio de amparo número 641/2018, del incide de este Juzgado y, comunica que aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento de la demanda de amparo, radicándolo bajo el número 369/2018-IV de su índice. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula Puebla diez de julio de dos mil dieciocho FORMACIÓN Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 641/201-C INCOMPETENCIA Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Iván Jonathan Collantes Cabañas, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente En el caso, Iván Jonathan Collantes Cabañas, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: ".AUTORIDADES RESPONSABLES-: A- COMO AUTORIDAD ORDENADORA SEÑALO: 1- AL C AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NÚMERO CUATRO ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS SEXUALES CON RESIDENCIA EN GUADALUPE NUEVO LEÓN 2 AL C JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN B- COMO AUTORIDAD EJECUTORA SEÑALO: 1- AL C AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NÚMERO CUATRO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS SEXUALES CON RESIDENCIA EN GUADALUPE NUEVO LEÓN 2- AL C JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ACTOS RECLAMADOS: A) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS RECLAMO EL ILÍCITO AUTO DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL QUE SE ME CITA A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, MISMO QUE LE FUE NOTIFICADO A MI DEFENSA EL DÍA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO B) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO LA ILÍCITA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR EN MI CONTRA ATENTADO Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no del acto reclamado por la parte quejosa En efecto, los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107 Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" "Artículo 37 Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" "Artículo 48 Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" Al respecto, existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad- De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero) De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten derivar la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I1oA44 A , que dice lo siguiente: "COMPETENCIA PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora" Ahora bien, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación de orden, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo En el caso, la lectura integral de la demanda de amparo clarifica que la parte quejosa reclama el auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, por el cual se le citó a la celebración de la audiencia de formulación de imputación Y, señala como autoridad responsable ordenadora al 1 Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación Número Cuatro Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales con residencia en Guadalupe Nuevo León, 2 Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León; por tanto, se advierte que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo Lo anterior es así, ya que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, éste requiere de ejecución material, consistente el auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, por el cual se le citó a la celebración de la audiencia de formulación de imputación, que se le reclama a las autoridades antes mencionada Por tanto, si como se dijo dicho acto requiere de ejecución material, es decir en el Estado de Nuevo León, o en sus cercanías, y no en el Estado de Puebla; aunado a que, en el particular, se señaló como autoridad responsable al 1 Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación Número Cuatro Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales con residencia en Guadalupe Nuevo León, 2 Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, entonces dicho acto se emitió y evidentemente tendrá ejecución en dicho estado, ya que no existe autoridad ejecutora en el Estado de Puebla que dote de competencia territorial a este Juzgado Federal, puesto que la medida de protección reclamada únicamente surte efectos en la cercanía de dicho domicilio Por tanto, de conformidad con en los puntos primero, fracción XVIII, y Cuarto, fracción XVII, segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, conocer de los juicios de amparo Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, no resulta competente por territorio para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZON DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Nuevo león, en Turno, para conocer del presente asunto Así, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo león; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Nuevo León, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada Se solicita acuse de recibo Ahora, toda vez que quejosa señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, lo que resulta evidente que es un lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio del quejoso, sino el lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada o donde residan las autoridades ejecutoras, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras DOMICILIO Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales; en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, hágasele saber que no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos Tiene aplicación al caso la tesis aislada número XXII1°22K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28 fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Graciela Figueroa García y Verónica Aguilar Serrano, atento a que después de consultar la página de internet wwwcedulaprofesionalsepgobmx se constató que sí cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciadas en derecho SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cuanto a la manifestación de la parte quejosa respecto a la oposición de la publicación de sus datos personales, dígasele que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico
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