Iván Jesús Salazar Ramírez

Expediente 558/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
558/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Iván Jesús Salazar Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio con que el secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, devuelve sin diligenciar el exhorto 131/2021-VIII [orden 265/2021] del índice de este órgano jurisdiccional. Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin necesidad de acusar recibo en virtud que dicha comunicación oficial fue remitida vía electrónica. Ahora, de las actuaciones que adjunta dicha autoridad federal se advierte la razón actuarial de veintitrés de julio del año en curso. Asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a ********** -parte quejosa- dentro del exhorto 194/2021-IV [orden 199/2021-IV] de su estadística. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele esa notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Para lo cual conserva expeditos sus derechos. Notifíquese..." "Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo al parecer promovida **********, contra actos de la 1. Subsecretaría del Sistema Penitenciario a través de sus Representantes y/o Titular, residente en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 558/2021-VIII en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el arábigo 61, fracción XXIII; en relación con los diversos 5, fracción I, 6, y, 15 de la Ley de Amparo. De esos preceptos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del dispositivo 5 de la Ley de Amparo. Pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Ahora, la demanda de amparo (recibida vía electrónica) carece de firma electrónica por parte del directo quejoso **********. Asimismo, es importante destacar que el precepto 15 del cuerpo legal en mención, indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos. Entre ellos, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover la demanda de amparo. Por su parte, el arábigo 6 de la Ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella. El juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Es decir, resulta necesaria la voluntad del particular que resienta una afectación en su esfera de derechos por el acto de autoridad, la cual se manifiesta cuando el particular insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional presentando la demanda de amparo con firma autógrafa o electrónica (cuando es presentada en línea), pues sin ella equivale a un simple papel sin voluntad de la parte quejosa que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal alguno tendiente a darle curso legal. Tal ausencia no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Así como el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. No se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 de la Ley reglamentaria para que otra persona la promueva en su nombre. De la narrativa del ocurso constitucional se advierte evidentemente ello lo hace derivar ante la posible existencia y consecuente ejecución de una orden de traslado, lo cual resultaría en una actuación futura e incierta. Percepción última desde luego tampoco está contemplada como los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Precepto que veda expresamente cualquier acción de autoridad y relacionado con el amparo obliga actuar de inmediato ante su existencia. De lo contrario bastaría que en cualquier demanda se mencionara que un acto, sea cual fuere, para estimar que se ocasiona tormento. Lo que desde luego no es la intención del legislador, ni debe ser interpretado de esta manera por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, lo reclamado no encuadra en los actos previstos por el artículo 48, fracción IX del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Básicamente señala como asuntos urgentes en las demandas de amparo los reproducidos en el precepto 15 de la Ley mencionada en el párrafo anterior, más la falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. Tampoco se está en las hipótesis contenidas en los preceptos 126 y 127 de la Ley de Amparo -suspensión de plano- pues de la narrativa del ocurso en cuestión no se advierte el impetrante esté sujeto actualmente a alguno de los actos prohibidos por el numeral 22 Constitucional, esté incomunicado o sujeto a un procedimiento de extradición. Por lo tanto, se tiene por no formulada la demanda. Como se dijo con antelación, la firma electrónica del directo agraviado (salvo las excepciones de ley) es un requisito indispensable para darle trámite. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de cuenta, por manifiesta y notoria improcedencia, pues se presentó sin firma electrónica por parte del peticionario de amparo. Ello de conformidad con lo establecido por el precepto 113, en relación con los artículos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII del cuerpo de leyes en cita en líneas precedentes. Sin que sea ocioso decir que, de considerarlo, el peticionario de amparo tiene expeditos sus derechos para promover diversa demanda de amparo debidamente requisitada -obre la firma electrónica o bien, la presente físicamente en la Oficina de Correspondencia Común-. Esta decisión se toma sin mayor análisis de presupuestos procesales ni requisitos de la demanda. Ante la falta de voluntad, el escrito en su totalidad carece de eficacia en su contenido. No obstante, en aras del principio de exhaustividad, es dable exponer al promovente que, a pesar de sus diversas manifestaciones tendentes a considerar la demanda de amparo resulta admisible por reclamar un eventual traslado en contra de una persona privada de su libertad sujeta a un proceso, sin señalar como autoridad responsable al juez y únicamente a autoridades de carácter administrativo. Lo cierto es que el juicio de amparo solo es procedente una vez agotadas las instancias ordinarias respectivas. La hipótesis de improcedencia en este caso se encuentra regulada en el artículo 61, fracción XX de la ley de Amparo..."

  3. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 24109/2021 con que el secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, comunica el acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, donde acusa recibo del exhorto 131/2021-VIII [orden 265/2021] del índice de este órgano jurisdiccional y ordenó diligenciarlo. Notifíquese..."

  4. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo al parecer promovida **********, contra actos de la 1. Subsecretaría del Sistema Penitenciario a través de sus Representantes y/o Titular, residente en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 558/2021-VIII en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el arábigo 61, fracción XXIII; en relación con los diversos 5, fracción I, 6, y, 15 de la Ley de Amparo. Esta decisión se toma sin mayor análisis de presupuestos procesales ni requisitos de la demanda. Ante la falta de voluntad, el escrito en su totalidad carece de eficacia en su contenido. No obstante, en aras del principio de exhaustividad, es dable exponer al promovente que, a pesar de sus diversas manifestaciones tendentes a considerar la demanda de amparo resulta admisible por reclamar un eventual traslado en contra de una persona privada de su libertad sujeta a un proceso, sin señalar como autoridad responsable al juez y únicamente a autoridades de carácter administrativo. Lo cierto es que el juicio de amparo solo es procedente una vez agotadas las instancias ordinarias respectivas. La hipótesis de improcedencia en este caso se encuentra regulada en el artículo 61, fracción XX de la ley de Amparo. Notifíquese mediante exhorto..."

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