Iván Jauregui Caballero

Expediente 1152/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1152/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
  • Iván Jauregui Caballero
  • Jessica Luviano Ayala y Otros.
  • Iván Jauregui Caballero y Otros.
  • Carolina Uribe Guzmán y Otros.
  • Jessica Luviano Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Sin mayor trámite. Agréguense a los autos, sin mayor trámite los oficios que remite el Secretario del Consejo de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, rinde informe respecto a la suspensión definitiva dictada en autos, toda vez que el veintiocho de marzo del año en curso, se resolvió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Notifíquese mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Sin mayor trámite. Agréguese a los autos, sin mayor trámite el oficio que remite el Secretario del Consejo de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, rinde su informe justificado, toda vez que en auto de veinte de abril del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio en que se actúa. Delegados y domicilio. No obstante lo anterior, ténganse a la autoridad responsable designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que precisa, así como domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado sobreseimiento. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal el auto de veinte de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio en que se actúa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Destacando, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Parte quejosa exhibe comprobantes de vacunación practicadas a la menor quejosa. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Margarita Pérez Sánchez, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de ocho de abril del año en curso, exhibe el comprobante mediante el cual la menor de iniciales M.A.G.V. (doce años), recibió su segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech. Asimismo informa que la menor de iniciales M.J.G.V. fue vacunada en campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Estado de autos del incidente de suspensión. Del estado de autos del incidente de suspensión en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, informando que los menores quejosos de iniciales M.J.G.V. (quince años), K.Z.L.V. (dieciséis años), para ser inoculados pueden ingresar a la página oficial del Gobierno Federal, para el prerregistro de la vacuna en la dirección electrónica https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, con la clave única de registro de población. La información y documentales que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al cual la suscrita puede tomar en cuenta, hechos que aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, sean lo bastante notorios e importantes para resolver una cuestión judicial determinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal y de Trabajo Del Décimo Noveno Circuito, de voz y contenido siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, esta juzgadora considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. El presente juicio de amparo fue promovido por Mariela Caballero Paredes, Jaqueline Ayala Chávez, Francisco Rafael Rocha Granados, Alma Karina Guzmán Farías, Fabiola Villa Díaz, Marcela Paredes Garnica, María Magdalena Villagómez Vallejo, María Guadalupe Hernández Mejía, David Vallejo Santiago, Rosa Herlinda Villafaña Ortiz y María Olga Arias Sánchez, en representación de los menores de iniciales I.J.C. (trece años), J.L.A. (doce años), A.E.R.C. (trece años), C.U.G. (doce años), M.J.G.V. (quince años), M.A.G.V. (doce años), V.V.P. (trece años), R.R.V. (trece años), A.A.R.H. (doce años), D.A.V.D. (trece años), K.Z.L.V. (dieciséis años) y F.B.A. (trece años). El acto reclamado consiste en la exclusión de los menores quejosos respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19). En ese sentido, la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, informó que para ser inoculados los menores quejosos de iniciales M.J.G.V. (quince años), K.Z.L.V. (dieciséis años), pueden ingresar a la página oficial del Gobierno Federal, para el prerregistro de la vacuna en la dirección electrónica https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, con la clave única de registro de población. En efecto, las autoridades sanitarias, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno en diversos medios de comunicación anunciaron anunciaron el registro para los adolescentes de quince a diecisiete años, sin comorbilidades para que puedan acceder ser inoculados contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), del biológico Pfizer-BioNTec; como hecho notorio se invoca: Asimismo, es de hacer notar como hecho notorio que, del perfil oficial de Twitter de la Secretaría de Salud, se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y del Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el dieciséis de noviembre del año en curso, informaron que el 19 de noviembre se abriría el pre registro para adolescentes de 15 a 17 años SIN COMORBILIDADES a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. Además, se informa que gracias a la actualización que se llevó a cabo a la plataforma digital [mi vacuna] consultable en la página oficial http//:vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de consulta/ se advierte que los menores de edad de entre 15 a 17 años, sin comorbilidades ya pueden realizar su registro de vacunación para ser inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19; asimismo pueden acceder a ella y registrarse el grupo etario de 12 a 17 años, que vivan con alguna comoborbilidad de las señaladas en la propia política, como lo son: Condiciones cardíacas crónicas Enfermedad pulmonar crónica Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo Enfermedad neurológica crónica Enfermedades endócrinas Inmunosupresión moderada a grave Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas Embarazo adolescente." Información que constituye un hecho notorio para esta Juzgadora en términos del numeral 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues la vacunación a los adolescentes que cuentan entre quince y diecisiete años, es una realidad dado que en múltiples plataformas informativas se ha dado la difusión de tal acontecimiento, permitiendo a dicho grupo etario el acceso a la citada vacuna, en su primera y segunda dosis. Además, como se advierte de la certificación de cuenta, en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se requirió a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, posteriores a la fecha señalada por la autoridad responsable para la aplicación de la segunda dosis de los menores I.J.C.(trece años), J.L.A. (doce años), A.E.R.C. (trece años), C.U.G. (doce años), M.A.G.V. (doce años), V.V.P. (trece años), R.R.V. (trece años), A.A.R.H. (doce años), D.A.V.D.(trece años) y F.B.A. (trece años) -diez horas del doce de enero de dos mil veintidós-, exhibiera los comprobantes de vacunación respectivos. En cumplimiento a tal requerimiento en auto de veintiséis de enero del año en curso, se tuvo a la autorizada de los quejosos Margarita Pérez Sánchez, informando que el doce de enero del año en curso, les fue aplicada a los menores quejosos la segunda dosis de la vacuna contra el virus SarsCov2 Covid-19; faltando únicamente los menores de edad de iniciales D.A.V.D. y F.B.A. (trece años). El dieciocho de marzo pasado, la autorizada de los quejosos exhibió comprobante de la segunda dosis de la vacuna suministrada al menor F.B.A. (trece años), y bajo protesta de decir verdad indicó que el menor de iniciales D.A.V.D., ya había recibido la dosis correspondiente. En auto de veintiocho de marzo, la autorizada exhibió el comprobante de la segunda dosis del biológico suministrado al menor D.A.V.D.. Asimismo, en esta propia fecha se tiene a la autorizada de la parte quejosa exhibiendo el comprobante mediante el cual la menor de iniciales M.A.G.V. (doce años), recibió su segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech; además, informó que la menor de iniciales M.J.G.V. fue vacunada en campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Cabe mencionar que en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer, Astra Zeneca, Sputnik V, Moderna, Cansino y Sinovac, contra la COVID-19. La distribución de las vacunas se rige por lo dispuesto en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación del biológico. El esquema de aplicación de las dosis es el siguiente Vacuna (Farmaceutica) Nombre común Plataforma de diseño Dosis de esquema completo Tiempo entre dosis BNT162b2 (Pfizer, Inc./BioNTech) Pfizer ARNm 2 3 - 6 semanas AZD1222 (AstraZeneca/ Universidad de Oxford) Astra Vector viral no replicante 2 8 - 12 semanas Gam-COVID-Vac (Instituto Gamaleya) SputnikV Vector viral no replicante 2 3 - 12 semanas Ad5-nCoV (CanSino Biologics Inc) Cansino Vector viral no replicante 1 No aplica, el esquema se completa con una sola dosis CoronaVac (Sinovac Research and Development Co) Sinovac Virus inactivado 2 4 - 5 semanas En el caso, la aplicación de dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 ya ocurrió, lo cual pone de manifiesto que la pretensión constitucional de la parte quejosa quedó satisfecha en su totalidad, y por ende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior se encuentra corroborado con las documentales que exhibió Margarita Pérez Sánchez, autorizada de la parte quejosa. Además, se toman en consideración sus manifestaciones en el sentido de que los quejosos recibieron las dos dosis del biológico. Sin soslayar que dichos comprobantes fueron exhibidos en copia simple; sin embargo, ello no le resta valor probatorio porque en el caso concreto, se parte del principio de buena fe procesal. Mismo principio que sirve de soporte a las manifestaciones que dio la parte quejosa, en cuanto a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. En efecto, el principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la parte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la parte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte diversa parte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico. Se cita por identidad jurídica sustancial el siguiente criterio: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico.". Aunado a lo anterior, también en el caso concreto, la copia simple de tales documentos provenientes de las partes, constituye un indicio de la existencia del original, sin que exista objeción particularizada; por lo que esa copia simple allegada a juicio por las partes habrá de tenerse por reconocida, con las consecuencias legales que ello implica; por virtud del indicio que genera. Dicho de otra manera, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original, toda vez que si se aportan pruebas con el objeto de acreditar afirmaciones, una prueba de esa naturaleza debe de ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa, en lo que le perjudica al oferente, ya que no es concebible restarle credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente lógico, ni jurídico, ignorar la existencia de los acontecimientos que contiene la misma y que precisamente por su ofrecimiento como prueba, implican el cabal reconocimiento de quien la propuso. Asimismo, por identidad jurídica sustancial se cita el siguiente criterio: "COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias fotostáticas simples de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: "La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia..." El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, "... de cualquier cosa..." Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad." Como se dijo, con base en el principio de buena fe, se toman por cierto lo manifestado por Margarita Pérez Sánchez, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los menores quejosos recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el virus SarsCov2 Covid-19; máxime que tal reconocimiento se corrobora con las copias simples que exhibió de los comprobantes correspondientes a M.A.G.V. (doce años), D.A.V.D. (trece años), F.B.A. (trece años). En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclaman, pues la omisión de aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, quedaron sin efectos, al haber sido aplicada la primera y segunda dosis del biológico solicitado, con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. Por tanto, el actuar de la autoridad restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, fuera de audiencia. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

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