Ivan Jahin Moctezuma Viveros
Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Nestor Perez Zarate (Defensor)
- Ivan Jahin Moctezuma Viveros
- Agente del Ministerio Público de la Célula 3, En Apoyo de la Célula 5, de la Unidad de Investigación Y Litigación B, del Equipo de Investigación Y Litigación Ii, de la Fiscalía General de la República (Karla Ivonne Valerdi Contreras)
- NESTOR PEREZ ZARATE (DEFENSOR) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE OFICIO. Intégrense a los autos para que obre como en derecho corresponda el sobre que contiene el oficio E.638-3, dirigido al 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con diferentes leyendas, sin que al efecto haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, atento a que el quince de octubre del actual se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLVER DOCUMENTALES (ANEXO I Y DVD). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable: 6. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, consistentes en copias certificadas de las constancias que integran la carpeta judicial 422/2021 (anexo I); y, el disco versátil digital que contiene diversas audiencias, entre ellas, la de treinta de mayo de dos mil veintiuno, devuélvansele las mismas. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo de las indicadas constancias, toda vez que la autoridad se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, cerciorarse de que se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido; por lista al promovente del amparo, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades responsables, autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que aún no obra el acuse de recibo correspondiente al oficio 238 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad tercera interesada Karla Ivonne Valerdi Contreras agente del Ministerio Público adscrita a la Cédula 3, en apoyo de la célula 5, de la Unidad de Investigación y Litigación B, del equipo de investigación y Litigación II, de la Fiscalía General de la República, por medio del cual se notificó la sentencia de esa misma fecha. En consecuencia, a efecto de evitar dilaciones innecesarias dentro del presente controvertido constitucional en que se actúa, reenvíese la referida comunicación a la autoridad antes citada a efecto de que tengan conocimiento de la determinación de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 y por oficio a la autoridad antes citada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 572/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Nestor Pérez Zárate, defensor público de Iván Yahin Moctezuma Viveros (como lo señaló el promovente de amparo) o Iván Yahir Moctezuma Viveros (como lo señaló el juez de control); y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (en línea), el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, y por razón de turno, enviado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Nestor Pérez Zárate, defensor público de Iván Yahin Moctezuma Viveros (como lo señaló el promovente en el escrito de demanda) demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y actos precisados en el escrito de demanda (fojas 3 a 5). La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, previa radicación de la demanda de amparo con número 572/2021, se admitió la misma con incidente de suspensión (fojas 36 a 48), se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 61). TERCERO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 68 y 69), se emplazó con dicho carácter a Karla Ivonne Valerdi Contreras agente del Ministerio Público adscrita a la Cédula 3, en apoyo de la célula 5, de la Unidad de Investigación y Litigación B, del equipo de investigación y Litigación II, de la Fiscalía General de la República (foja 116). CUARTO. Cita para audiencia. En auto de treinta de julio de dos mil veintiuno (fojas 227 y 228), se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose la misma en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de territorio, pues se reclama la constitucionalidad de una norma, en virtud de su primer acto de aplicación, mismo que se atribuye, entre otras, a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables son los siguientes: A la 1. Cámara de Diputado del Congreso de la Unión; 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 4. Secretario de Gobernación, y 5. Director del Diario Oficial de la Federación: a) Los actos de expedición, promulgación, refrendo y publicación en el respectivo ámbito de su competencia legislativa del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el que se reformó y adicionó (entre otros) el artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en la parte (párrafo tercero) que incluyó las hipótesis delictivas en que habrá lugar a prisión preventiva oficiosa, entre ellas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (sin mencionar los supuestos delictivos), que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Al 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Miltón Moctezuma Vega-, y 7. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla: b) El acto de aplicación del artículo cuya constitucionalidad se impugna, esto es la determinación de treinta de mayo de dos mil veintiuno, que emitió en la audiencia inicial de calificación de detención, imputación y medida cautelar, derivada de la carpeta judicial 422/2021 de su índice, donde impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, su ejecución que reclama a la segunda de las mencionadas responsables; los cuales no se reclaman por vicios propios. TERCERO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto son ciertos los actos legislativos reclamados a las autoridades responsables 1. Cámara de Diputado del Congreso de la Unión a través del Subdirector de Amparos y representante legal de dicha cámara (foja 197); 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por conducto del Director de Amparos y Controversias Constitucionales de dicha cámara (fojas 98 a 112); 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos través del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (fojas 78 a 86); 4. Secretario de Gobernación a través de la Directora General de Procedimientos Constitucionales (fojas 95 a 97), y 5. Director del Diario Oficial de la Federación por conducto del Director General (foja 117), por así haberlo manifestado al rendir su correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo abrogada. También son ciertos los actos reclamados al 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Miltón Moctezuma Vega- (foja 90), y 7. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla (foja 64), por así haberlo referido al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. La existencia del acto reclamado de aplicación se corrobora con la reproducción del disco versátil digital (foja 91) que contiene la audiencia de treinta de mayo de dos mil veintiuno, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial 422/2021, que remitió el juez penal responsable al rendir el correspondiente informe justificado, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin necesidad de audiencia especial para su desahogo al tener naturaleza jurídica de prueba documental pública. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Respecto a los actos reclamados al 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Miltón Moctezuma Vega-, y 7. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistente en el acto de aplicación del artículo cuya constitucionalidad se impugna (artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales), esto es la determinación de treinta de mayo de dos mil veintiuno, que emitió en la audiencia inicial de calificación de detención, imputación y medida cautelar, derivada de la carpeta judicial 422/2021 de su índice, donde impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que atribuye a la primera de las autoridades indicadas; y su ejecución que reclama a la segunda de las mencionadas responsables; a criterio de este juzgado de Distrito, se actualiza una de las causas de improcedencias que hace valer la autoridad responsable 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por conducto del Director de Amparos y Controversias Constitucionales de dicha cámara (fojas 98 a 112), pero por diversos motivos, y que es diversa a la que hizo valer el 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos través del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (fojas 78 a 86). En efecto, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (falta de interés jurídico) en virtud de lo que se pasa a exponer. En efecto, los numerales señalados disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)" Del análisis de los preceptos constitucional y legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El legislador no sólo menciona el derecho de las personas que tengan un interés jurídico reconocido en una norma para acudir al juicio de amparo, sino también de aquellos que aludan tener un derecho legítimo derivado de su situación especial frente al orden jurídico; Sin embargo, tratándose de amparo contra normas generales, la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra normas generales cuando por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso. En este contexto, el interés legítimo es incompatible con la situación de quien, reclama una ley, pues en esa circunstancia es indispensable que acredite fehacientemente el interés jurídico que le asiste, en tanto que, en esas condiciones, las normas reclamadas se proyectan sobre la esfera jurídica del gobernado de manera personal, directa y concreta, no así indirecta o abstractamente como el interés legítimo lo presupone y permite; de ahí que, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación (heteroaplicativa) debe demostrar que le perjudica. Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que en el caso a estudio el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales, con motivo del primer acto de aplicación, esto es, la determinación de treinta de mayo de dos mil veintiuno, que emitió el 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Miltón Moctezuma Vega-, y su ejecución que se atribuye al 7. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Por lo que es indispensable que se demuestre: a) el acto de aplicación del artículo cuya constitucionalidad se impugna; y que sea actual y no inminente; y b) que se advierta en forma clara y concreta la individualización en perjuicio de la parte quejosa del mandato dispuesto en la norma impugnada. En el caso no se da ninguno de los supuestos mencionados, como se pasa a indicar. I. Se sostiene que no hay acto de aplicación, ya que el 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, al pronunciar su determinación en audiencia de treinta de mayo de dos mil veintiuno, en el sentido de imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no fundó su dicho en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En efecto, de la reproducción del disco versátil digital (foja 91) que contiene la audiencia de treinta de mayo de dos mil veintiuno, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial 422/2021, que remitió el juez penal responsable al rendir el correspondiente informe justificado, ya valorada, se advierte lo siguiente: - Que el treinta de mayo de dos mil veintiuno (fecha señalada para la audiencia inicial), el juez de control: declaró abierta la audiencia, y se individualizaron las partes, y una vez que se calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso y otra, el agente del Ministerio Público, formuló imputación contra el imputado y otra, por diversos delitos, entre ellos, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. - Que seguida la audiencia, la representación social solicitó se vinculara al proceso al quejoso y otra, y expuso los datos de prueba; por lo que el juez de Control preguntó a los imputados, en qué momento querían que se resolviera su situación jurídica, por lo que pidió lo consultaran con el defensor público a lo que respondieron que se acogían al término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señalaron las dieciséis horas del tres de junio de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia de vinculación a proceso; y, - Previa solicitud del ministerio público se impuso al imputado, aquí quejoso y otra, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La parte conducente de la audiencia en la que se determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es del tenor literal siguiente: "(.) MINISTERIO PÚBLICO: Gracias su señoría, solicitó a su señoría que tenga a bien imponer a los imputados a Iván Jahir Moctezuma Viveros y Thalía Loeza Hernández, y toda vez que se les formulo imputación por los delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que solicitó se sirva a imponerles medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es viable y procedente la prisión preventiva oficiosa, asimismo, a efecto de abundar un poco, obra aquí el informe por parte de la Policía Federal Ministerial con fecha (28) veintiocho de mayo de (2021) dos mil veintiuno, por el cual informa que no se logró acreditar el arraigo domicilio de ninguno de los imputados, entonces, resulta procedente porque otras no serían suficientes para garantizar la presencia de los imputados en el juicio en el procedimiento, es quantum su señoría. JUEZ: Desea agregar algo la Defensa? DEFENSA: Gracias su señoría, por lo que hace a mi representado Iván tomando en consideración pues que él portaba el arma, se le acusa de que él portaba el arma de fuego de uso exclusivo del ejército, pues no hay una medida diversa, al caso; sin embargo, por lo que respecta a Thalía, considero que una medida diversa seria idónea y proporcional para el fin que se persigue que es garantizar su presencia en el proceso penal su señoría es todo. JUEZ: Bien, en este caso advierto que fiscalía a los dos les formuló la imputación por el portación de arma de fuego, es así fiscalía?''. MINISTERIO PÚBLICO: Sí su señoría JUEZ: Bien y en ese escenario, pues hasta este momento esa es la determinación que va a vincular para la imposición de la medida cautelar, la solicitud de una vinculación por un delito como lo es el arma de fuego a los imputados y que hasta este momento pues no se ha resuelto una situación jurídica y pues no se puede hacer un procedimiento para determinar que objetos o como quedaría una vinculación a proceso respecto a cada uno de los imputados y en este sentido al advertirse que precisamente en la similitud esta planteada por un delito que tiene esa medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa de acuerdo al artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se refiere que los delitos en los artículos a que hace referencia 83, fracción II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ameritan la prisión preventiva oficiosa de ahí que, pues, mientras no varíen esas condiciones, pues se va a determinar que por ambos imputados se va a imponer esa medida cautelar de prisión preventiva de forma oficiosa, la cual se ejecutara en el Centro de Reinserción Social de San Miguel en la ciudad de Puebla, estará vigente por todo el tiempo que dure este proceso, sin que exceda el lapso que establece el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este caso bueno, hasta este momento la continuación de la audiencia será la que determine si esa medida cautelar va a subsistir o no la cual sería en este caso eventualmente al día 3 de junio de 2021, por lo cual deben elaborarse los oficios correspondiente para el traslado e internación de los imputados y bueno si la defensa también requiere auxilio judicial puede hacerlo del conocimiento del centro de justicia para, pues lo que requiera en cuento al desahogo de posibles pruebas." De lo anteriormente transcrito, se advierte que el 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, no señaló expresamente el artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales, cuya constitucionalidad impugna el quejoso, por lo que no lo aplicó. Por tanto, es evidente que dicho numeral no le depara perjuicio alguno a la esfera jurídica de la parte quejosa, de ahí que se actualicen las causas de improcedencia indicadas. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido son los siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." (Se citan cinco precedentes)." También tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, enseguida se citan: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." II. No obstante lo anterior, de considerarse que la determinación de treinta de mayo de dos mil veintiuno, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, carece de fundamentación, pero que el peticionario de garantías sí se ubicó en el supuesto de la norma cuya constitucionalidad se impugna (artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales), en virtud de lo referido por el juez de Control. Entonces, procede determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que permitirá concluir sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. En el caso a estudio, este juzgado de Distrito, advierte que el artículo impugnado no afecta el interés jurídico; esto es, el perjuicio que dice resentir el quejoso, que es la imposición de la prisión preventiva oficiosa, no se encuentra en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Para así determinarlo, primero se precisa lo siguiente: 1. El quejoso acude a solicitar el amparo y protección de la justicia federal por la omisión del Congreso de la Unión de realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 constitucional en su reforma de doce de abril de dos mil diecinueve, y que estaba obligado a materializar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio en (90) noventa días a partir de la publicación de dicha reforma; pues en dicho transitorio se señaló: "Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19." 2. Ahora, si bien el Congreso de la Unión realizó las adecuaciones normativas, ello lo hizo pasado dicho término de noventa días, pues fue hasta el (19) diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que por Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha, que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que el quejoso considera que dicha omisión legislativa conlleva a declarar la inconstitucionalidad del indicado numeral; la reforma señala en su texto vigente lo siguiente, donde este juzgado de Distrito resalta la parte que nos interesa para el caso a estudio: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. (REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. (REFORMADO [N. DE E. ANTES PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO], D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; (REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; (ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; (ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; (ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; (ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; (ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y (ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. (ADICIONADO [N. DE E. CON SUS FRACCIONES], D.O.F. 8 DE NOVIEMBRE DE 2019) Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera: I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados; II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. (REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. (ADICIONADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. (ADICIONADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente." 3. De lo transcrito se advierte que en el párrafo tercero de la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se incluyó como delitos por los que habría lugar a prisión preventiva oficiosa, entre otros, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 4. Sin embargo, no se señaló cuáles delitos (supuestos o hipótesis delictivas) de todos los que contempla la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son los que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que esa facultad se confirió, en el párrafo cuarto (ya transcrito) de la reforma del numeral 167 de Código Nacional de Procedimientos Penales en estudio, a la indicada Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; pues señaló: "Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."; y, 5. En virtud de lo anterior, por Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día (19) diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se adicionó el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; que establece: "ARTÍCULO 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa." Luego, de lo acabado de narrar se advierte que en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se encuentra el perjuicio que dice resentir el quejoso, respecto a la imposición de la prisión preventiva oficiosa, sino que el mismo se encuentra en el numeral 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es el que señala los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos, el delito previsto en el artículo 83 fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por el que se calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso y otra, y se le formuló imputación en su contra; precepto que no impugnó el quejoso. Por tanto, al quedar determinado que el origen del perjuicio causado no se encuentra en el dispositivo impugnado, entonces, no afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta improcedente su impugnación, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (falta de interés jurídico), de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS respecto a los actos que Nestor Pérez Zárate, defensor público de Iván Yahin Moctezuma Viveros (como se señaló en la demanda de amparo) o Iván Yahir Moctezuma Viveros (como lo señaló el juez de control), reclamó a las autoridades responsables 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Miltón Moctezuma Vega-, y 7. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistente en el acto de aplicación del artículo cuya constitucionalidad se impugna, esto es la determinación de treinta de mayo de dos mil veintiuno, que emitió en la audiencia inicial de calificación de detención, imputación y medida cautelar derivada de la carpeta judicial 422/2021 de su índice, donde impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que atribuye a la primera de las autoridades indicadas; y su ejecución que reclama a la segunda de las mencionadas responsables. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la 1. Cámara de Diputado del Congreso de la Unión; 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 4. Secretario de Gobernación, y 5. Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en los actos de expedición, promulgación, refrendo y publicación en el respectivo ámbito de su competencia legislativa del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el que se reformó y adicionó (entre otros) el artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en la parte (párrafo tercero) que incluyó las hipótesis delictivas en que habrá lugar a prisión preventiva oficiosa, entre ellas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (sin mencionar los supuestos delictivos). Lo anterior porque la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento en los que se apoya, ya que la norma en abstracto no causa agravio alguno, sino lo será el acto concreto de su aplicación. En efecto, cuando se trata de un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación y en ese supuesto el Juzgador de garantías: a) Debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y, de no acontecer así, impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; y, b) De tratarse del primer acto de aplicación, debe examinar si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia y, de ser así, sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. En el caso a estudio, como se ha expuesto con anterioridad, se actualizó el primero de los supuetos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por lo anterior, no se entra al estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulte ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia no se ubique en ninguno de los supuesto a que alude el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de respetar los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido Nestor Pérez Zárate, defensor público de Iván Yahin Moctezuma Viveros (como se señaló en la demanda de amparo) o Iván Yahir Moctezuma Viveros (como lo señaló el juez de control), respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables 1. Cámara de Diputado del Congreso de la Unión; 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 4. Secretario de Gobernación, y 5. Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación en el respectivo ámbito de su competencia legislativa del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el que se reformó y adicionó (entre otros) el artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en la parte (párrafo tercero) que incluyó las hipótesis delictivas en que habrá lugar a prisión preventiva oficiosa, entre ellas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (sin mencionar los supuestos delictivos), en virtud de su acto de aplicación en la determinación de treinta de mayo de dos mil veintiuno, que emitió el 6. Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Miltón Moctezuma Vega- en la carpeta judicial 422/2021, y su ejecución que se atribuye al 7. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, ello, en virtud de lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido; por lista al promovente de amparo, debiendose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades responsables, autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Ivan Cruz Maldonado709/2017
- Ivan Dasaeph Azuara Leon464/2021
- Ivan Dasaeph Azuara Leon845/2019
- Ivan Gavito Olaya226/2019
- Ivan Gavito Olaya649/2019
- Ivan Hernandez Mejia372/2017
- Ivan Jahir Moctezuma Rivera579/2021
- Ivan Jimenez Sanchez344/2019
- Ivan Jimenez Sanchez577/2019
- Ivan Jimenez Sanchez1026/2018
- Ivan Jonathan Collantes Cabañas920/2018
- IVAN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS y Otros.791/2017