Ivan Israel Ramirez Cedillo
Expediente 1315/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1315/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2018
Partes del expediente
- Ivan Israel Ramirez Cedillo
Actuaciones
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. En ese sentido, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. ... Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
iv)(SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSAToluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Iván Israel Ramírez Cedillo, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Atento a lo anterior; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1315/2018-IV. Prevención. Ahora bien, con fundamento en el numeral 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído y entendida de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo, así como de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la ley de la materia, por escrito y con tres copias de éste, realice lo siguiente: Primero. Manifieste el carácter con el cual acude a instar esta vía; lo anterior es así, pues en el premio de su demanda de amparo refiere: ".personalidad que acredito con la carta poder que se adjunta al presente escrito.". Y, de sus antecedentes del acto reclamado, no se advierte la calidad que tiene en el juicio natural, ni tampoco si representa a diversa persona, pues no anexo la carta poder que afirma adjuntó a la presente demanda. Lo cual crea incertidumbre del carácter con el que pretende instar esta vía, es decir, si por propio derecho o también como representante de diversa persona, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada. Ahora, en caso de acudir también en representación de diversa persona, deberá acreditar tal carácter con la documental correspondiente. Ello es así, pues el artículo 17 Constitucional prevé el derecho relativo a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, éstos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia 2ª./J. 1/96, visible en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1996, Tomo III, Novena Época, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". Por ende, analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí, en cambio, distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, aunado a que está regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente que podría ocurrir, inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantía para su ejecución e incluso, de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes son partes en juicio. Segundo. De igual forma, deberá exhibir tres copias de la constancia con la cual avale la circunstancia descrita en párrafos precedentes, pues el acreditamiento de la personalidad, al ser uno de los requisitos de la demanda incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para ejercitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad y, este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 108 de la Ley de Amparo, se logra a través de una copia del referido ocurso, la cual corresponde exhibir a la parte quejosa. Sobre el particular por analogía se invoca la jurisprudencia P./J.37/2001, visible a fojas 125 del Semanario Judicial de la Federación, Abril 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA." Tercero. Con fundamento en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, deberá señalar con precisión el acto que reclama en esta vía constitucional; ello, en atención a que en el apartado correspondiente, refiere como tal: "ACTO RECLAMADO: Lo constituye la ABSTENCION por parte de la autoridad señalada como responsable AL NO EMITIR EL ACUERDO DE EJECUCIÓN LABORAL EN EL EXPEDIENTE 823/2009 de conformidad con los artículos 250, 251, 252, 253, 264, 255, 256 y demás relativos y aplicables de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios así como de los artículos 685, 838 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria donde se establece que se dictaran las medidas necesarias para que la ejecución de laudos sea pronta y expedita par lo que la autoridad responsable tendría que haber emitido el acuerdo de ejecución en un término no mayor a 48 horas hábiles posteriores a que reciba promociones par escrito, en el término correspondiente que fijan dichos preceptos legales, además de entorpecer el procedimiento de ejecución de manera clara, infundada y arbitraria, vulnerando con ello mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin embargo, en su primer concepto de violación último párrafo, solicita se tenga por cumplida la sentencia de amparo hasta que se liquide el crédito laboral. A lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad laboral de proveer lo conducente en la etapa de ejecución, el juicio de amparo sería improcedente, porque se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, es decir, el juicio de amparo resulta improcedente respecto a la solicitud del amparo indirecto por todos los posibles actos que llegaran a emitirse en un procedimiento; de ahí que, se deberá especificar el acto en concreto con el que se aduce la responsable transgrede los derechos del solicitante. Resultan aplicables en lo conducente los criterios jurisprudenciales 2a./J. 16/2011 (10a.) y 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubros y textos siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por tanto, deberá precisar el acto que en concreto reclama en esta vía constitucional, ello, pues el dato requerido es necesario para estar en aptitud de solicitar su informe a la responsable y fijar de manera concreta la litis en el presente juicio. Resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Se apercibe al promovente que de no cumplir con los requerimientos precisados con antelación dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas mencionadas en el ocurso de amparo. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
III Visto el estado procesal para resolver el incidente de repetición del acto reclamado promovido por Maximiliano Arriaga Jordán, Sonia Carbajal Aybar y Avelino Vázquez Montoro, por conducto de su apoderado legal, en el juicio de amparo indirecto 822/2012-III; y, ÚNICO. Es infundada la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por Maximiliano Arriaga Jordán, Sonia Carbajal Aybar y Avelino Vázquez Montoro, por conducto de su apoderado legal, por las razones y los motivos expuestos en la última parte considerativa de la presente resolución.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Iván García Ramírez104/2019
- Iván Gómez Camacho1334/2017
- Ivan Gonzalez Hernandez1850/2018
- Ivan Gonzalez Martinez728/2021
- Ivan Herrera González1336/2021
- Ivan Israel Ramirez Cedillo899/2017
- Ivan Israel Ramirez Cedillo362/2015
- Ivan Jimenez Mendieta1630/2023
- Ivan Lenin Agis Lechuga927/2015
- Ivan Llolistli Romero Mendoza1790/2023
- Ivan López Hinojosa822/2022
- Ivan Lorenzo Espinosa1854/2023