IVÁN ISRAEL JUÁREZ LÓPEZ y Otros.
Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1430/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- IVÁN ISRAEL JUÁREZ LÓPEZ y Otros.
- L.G. J. A.
Actuaciones
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
mesa San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintidós. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *¨*****..**, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *****..**, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1430/2022. Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Precisión del acto reclamado En el caso, se destaca que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente del amparo señala como actos reclamados de la autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el siguiente: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO: Señalo como acto reclamado, el siguiente: a).- El auto de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente familiar *****..**, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, relativo al juicio de guarda y custodia, mediante el cual resolvió el recurso de revocación, que presenté en contra de la parte relativa del auto de feche veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la impugnación que realicé respecto del dictamen de fecha once de agosto del año dos mil veintidós, emitido por la perito oficial del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciada en psicología Santa Manzano Mejía, la designación de perito que realicé para que emitiera una opinión técnica respecto a la valoración realizada por la perito oficial y el desahogo de la prueba pericial en psicología que ofrecí, tanto en mi persona como en la parte demandada, auto que en su parte relativa y en lo que interesa textualmente dice lo siguiente: "A los autos el escrito de *****..**, recibido el treinta de noviembre del año en curso, visto su contenido, con fundamento en los artículos 666 y 667, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se tiene el promovente interponiendo recurso de revocación en contra de la parte del auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, por ello, al versar el presente sobre un juicio de controversias del orden familiar cuya naturaleza formalmente es sumarísima, atento a lo dispuesto en el último párrafo del segundo de los dispositivos legales en cita, se procede a resolver de plano el recurso interpuesto. Resultan improcedentes los agravios vertidos por el actor en el escrito de cuenta tomando en consideración que contrario a lo que afirma el recurrente de la lectura integra de las partes relativas que recurre del auto de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, se advierte que dicha determinación se encuentran fundada y motivada pues la misma contiene los argumentos explicativos del porque se negó su petición, asimismo, se invocaron los preceptos legales aplicables (53, 336, 965 y 967 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado) y en los cuales se fundamentó tal determinación, por tanto, dicha determinación de ninguna manera viola en su perjuicio el derecho humano de legalidad que contempla el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 53, 667 y 978 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por Iván Israel Juárez López, en contra de las partes relativas que precisa del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, no se revoca la determinación combatida quedando firme en todos sus términos. En atención a lo vertido por el recurrente en el apartado único del escrito de cuenta resulta preciso puntualizar: primero, que en la determinación que impugna de ninguna forma se le limitó para estar asesorado por profesionista alguno respecto del cual el actor requiera asistencia o asesoría; segundo, que tal determinación se emitió precisamente con base en las manifestaciones vertidas en su escrito de fecha veintisiete de octubre pasado, en las que en forma clara, detallada y extensa expreso "las inconsistencias y contradicciones" que considero contiene dicho dictamen, por tanto, el desahogo de la diligencia de mérito tal como se dijo en la determinación que recurre e incluso transcribe en el de cuenta, es precisamente para que la perito aclarare y precise esas cuestiones, así como las que tanto las partes, la representante social o esta autoridad estime conducentes y necesarias para comprender, en medida de lo posible por no ser peritos en psicología, el contenido de su dictamen. Entonces, dicha audiencia no tiene como finalidad que la perita oficial sea confrontada o interrogada por un igual es decir, un perito en psicología, sino ilustrar a quienes carecemos de conocimientos en psicología y auxiliarnos ha comprender lo vertido en su dictamen. No obstante lo anterior, si el actor considera necesaria la intervención de un profesionista en psicología para que lo asista durante la diligencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 967 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y 16 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se autoriza al ciudadano Iván Israel Juárez López, para que, si a sus intereses conviene, en la audiencia programada para las doce horas del día ocho de diciembre del año en curso, asista en compañía del profesionista en la materia que requiera, con la precisión que la intervención del profesionista de su confianza se limitará a ilustrar al actor *****..**, en la formulación de preguntas y aclare las dudas que en él se generen, no para interrogar o confrontar a la perita oficial.(.)" Desechamiento de plano En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra los precisados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De esta manera el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma directa y actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente en relación con los actos extraprocesales, es indispensable que recaiga materialmente sobre derechos sustantivos, que serían la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, y por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado a la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente familiar 458/2021, relativo al juicio de guarda y custodia, mediante el cual resolvió el recurso de revocación, que el quejoso interpuso contra la parte relativa al auto de veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, determinación que declaró improcedente la impugnación que realizó respecto al dictamen en materia de psicología de once de agosto del año en curso, emitido por la perito oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Santa Manzano Mejía, así como la improcedencia de la designación de perito para que emitiera una opinión técnica respecto a la valoración realizada por la citada perito oficial y en razón de ello, el desahogo de la prueba pericial en psicología ofrecida por el promovente de amparo; no constituyen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no impide el ejercicio de algún derecho, dado que no trastoca algún derecho sustantivo del menor quejoso, ni del promovente, que deba ser reparado de manera inmediata a través del juicio constitucional. En ese contexto, se reitera que la resolución que constituye el acto reclamado, no puede ser analizada a través del juicio de amparo indirecto, ya que no tiene consecuencias de imposible reparación, pues atendiendo a las reglas y principios que rigen el juicio de amparo, los actos suscitados dentro del juicio respectivo (intraprocesales o adjetivos) que se consideren violatorios de derechos fundamentales, deberán ser combatidos en la vía del juicio de amparo directo que se promueva, en su caso, en contra de la sentencia definitiva, como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, si esta no es favorable a sus intereses, ya que de resultar favorable la sentencia dictada, la violación desparecería. Por tanto, se concluye, los actos reclamados en esta instancia constitucional, no producen una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues los mismos no implican, por sí solos, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Consulta del expediente electrónico Por otra parte, respecto al que se autorice al usuario ganster, para que pueda consultar el expediente electrónico, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36 y 37, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte promovente de amparo en el escrito de demanda, y por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Vicente Juárez Rodríguez, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y ser el presente asunto de naturaleza Civil. Proporciona número telefónico Respecto al número de teléfono que proporciona, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales con el citado promovente de amparo, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a la parte promovente, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
"...mesa San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintidós. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *¨*****..**, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *****..**, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1430/2022. Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Precisión del acto reclamado En el caso, se destaca que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente del amparo señala como actos reclamados de la autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el siguiente: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO: Señalo como acto reclamado, el siguiente: a).- El auto de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente familiar *****..**, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, relativo al juicio de guarda y custodia, mediante el cual resolvió el recurso de revocación, que presenté en contra de la parte relativa del auto de feche veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente la impugnación que realicé respecto del dictamen de fecha once de agosto del año dos mil veintidós, emitido por la perito oficial del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciada en psicología Santa Manzano Mejía, la designación de perito que realicé para que emitiera una opinión técnica respecto a la valoración realizada por la perito oficial y el desahogo de la prueba pericial en psicología que ofrecí, tanto en mi persona como en la parte demandada, auto que en su parte relativa y en lo que interesa textualmente dice lo siguiente: "A los autos el escrito de *****..**, recibido el treinta de noviembre del año en curso, visto su contenido, con fundamento en los artículos 666 y 667, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se tiene el promovente interponiendo recurso de revocación en contra de la parte del auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, por ello, al versar el presente sobre un juicio de controversias del orden familiar cuya naturaleza formalmente es sumarísima, atento a lo dispuesto en el último párrafo del segundo de los dispositivos legales en cita, se procede a resolver de plano el recurso interpuesto. Resultan improcedentes los agravios vertidos por el actor en el escrito de cuenta tomando en consideración que contrario a lo que afirma el recurrente de la lectura integra de las partes relativas que recurre del auto de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, se advierte que dicha determinación se encuentran fundada y motivada pues la misma contiene los argumentos explicativos del porque se negó su petición, asimismo, se invocaron los preceptos legales aplicables (53, 336, 965 y 967 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado) y en los cuales se fundamentó tal determinación, por tanto, dicha determinación de ninguna manera viola en su perjuicio el derecho humano de legalidad que contempla el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 53, 667 y 978 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por Iván Israel Juárez López, en contra de las partes relativas que precisa del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, no se revoca la determinación combatida quedando firme en todos sus términos. En atención a lo vertido por el recurrente en el apartado único del escrito de cuenta resulta preciso puntualizar: primero, que en la determinación que impugna de ninguna forma se le limitó para estar asesorado por profesionista alguno respecto del cual el actor requiera asistencia o asesoría; segundo, que tal determinación se emitió precisamente con base en las manifestaciones vertidas en su escrito de fecha veintisiete de octubre pasado, en las que en forma clara, detallada y extensa expreso "las inconsistencias y contradicciones" que considero contiene dicho dictamen, por tanto, el desahogo de la diligencia de mérito tal como se dijo en la determinación que recurre e incluso transcribe en el de cuenta, es precisamente para que la perito aclarare y precise esas cuestiones, así como las que tanto las partes, la representante social o esta autoridad estime conducentes y necesarias para comprender, en medida de lo posible por no ser peritos en psicología, el contenido de su dictamen. Entonces, dicha audiencia no tiene como finalidad que la perita oficial sea confrontada o interrogada por un igual es decir, un perito en psicología, sino ilustrar a quienes carecemos de conocimientos en psicología y auxiliarnos ha comprender lo vertido en su dictamen. No obstante lo anterior, si el actor considera necesaria la intervención de un profesionista en psicología para que lo asista durante la diligencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 967 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y 16 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se autoriza al ciudadano Iván Israel Juárez López, para que, si a sus intereses conviene, en la audiencia programada para las doce horas del día ocho de diciembre del año en curso, asista en compañía del profesionista en la materia que requiera, con la precisión que la intervención del profesionista de su confianza se limitará a ilustrar al actor *****..**, en la formulación de preguntas y aclare las dudas que en él se generen, no para interrogar o confrontar a la perita oficial.(.)" Desechamiento de plano En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra los precisados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De esta manera el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma directa y actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente en relación con los actos extraprocesales, es indispensable que recaiga materialmente sobre derechos sustantivos, que serían la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, y por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado a la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente familiar 458/2021, relativo al juicio de guarda y custodia, mediante el cual resolvió el recurso de revocación, que el quejoso interpuso contra la parte relativa al auto de veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, determinación que declaró improcedente la impugnación que realizó respecto al dictamen en materia de psicología de once de agosto del año en curso, emitido por la perito oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Santa Manzano Mejía, así como la improcedencia de la designación de perito para que emitiera una opinión técnica respecto a la valoración realizada por la citada perito oficial y en razón de ello, el desahogo de la prueba pericial en psicología ofrecida por el promovente de amparo; no constituyen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no impide el ejercicio de algún derecho, dado que no trastoca algún derecho sustantivo del menor quejoso, ni del promovente, que deba ser reparado de manera inmediata a través del juicio constitucional. En ese contexto, se reitera que la resolución que constituye el acto reclamado, no puede ser analizada a través del juicio de amparo indirecto, ya que no tiene consecuencias de imposible reparación, pues atendiendo a las reglas y principios que rigen el juicio de amparo, los actos suscitados dentro del juicio respectivo (intraprocesales o adjetivos) que se consideren violatorios de derechos fundamentales, deberán ser combatidos en la vía del juicio de amparo directo que se promueva, en su caso, en contra de la sentencia definitiva, como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, si esta no es favorable a sus intereses, ya que de resultar favorable la sentencia dictada, la violación desparecería. Por tanto, se concluye, los actos reclamados en esta instancia constitucional, no producen una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues los mismos no implican, por sí solos, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Consulta del expediente electrónico Por otra parte, respecto al que se autorice al usuario ganster, para que pueda consultar el expediente electrónico, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36 y 37, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte promovente de amparo en el escrito de demanda, y por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Vicente Juárez Rodríguez, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y ser el presente asunto de naturaleza Civil. Proporciona número telefónico Respecto al número de teléfono que proporciona, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales con el citado promovente de amparo, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a la parte promovente, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente..."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Ivan Cervantes Aragón391/2023
- IVÁN DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ y Otros.1356/2021
- IVÁN DE JESÚS MEDINA MORALES y Otros.903/2021
- Iván Espinos Castas y Otros.321/2017
- IVÁN GARCÍA MIJARES y Otros.1418/2022
- IVÁN ISRAEL JUÁREZ LÓPEZ y Otros.1321/2022
- IVÁN JESÚS DUARTE ROJAS y Otros.1414/2021
- Iván López Guadalupe y Otros.281/2014
- IVÁN MEDINA CRUZ y Otros.1049/2018
- Iván Mora Cruz y Otros.602/2015
- Iván Morales Valdez1080/2015
- Iván Pérez Ruiz y Otros.281/2016