Iván Isaías Valadez Hidalgo

Expediente 859/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
859/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Iván Isaías Valadez Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito y anexos que remite el quejoso Iván Isaías Valadez Hidalgo, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado mediante proveído que antecede; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata y anexos, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se extrae el siguiente acto reclamado: El auto de treinta de mayo del año en curso, por el cual, el Juez Tercer Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro, determinó no acordar de conformidad la petición del quejoso, consistente en conceder término a la depositaria judicial para la entrega de los bienes, toda vez que el depositario Gerardo de Jesús Ortiz Acuña, fue nombrado como endosatario en procuración, por lo cual tiene la misma obligación de salvaguardar el depósito de los bienes embargados. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de garantías, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En efecto, en la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de garantías, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en amparo. La reproducción que antecede pone de manifiesto que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitorio, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de garantías tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de garantías sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 1835, tomo CIII quinta época, del Semanario Judicial de la Federación. "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella". Asimismo, conviene citar la tesis número 2a. LVI/2000, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Igualmente con la finalidad de demostrar el motivo en que se basa la causa de improcedencia explicada con anterioridad, esto es, para evidenciar que contra el acto reclamado procede un medio de defensa ordinario que de ser el caso tendría el efecto jurídico-material de modificar, revocar o nulificar el auto reclamado, debe traerse a glosa los antecedentes del acto reclamado, que narra la promovente en su escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio: Ante el Juez Tercero Menor Civil, con residencia en esta ciudad, se radicó el Juicio Ejecutivo Mercantil 1081/2015, promovido por Iván Isaías Valadez Hidalgo, en contra de José Braulo Hernández Jiménez. Se admitió la demanda mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil quince. En el mes de julio de dos mil quince se emplazó y embargó al demandado, haciéndole el señalamiento previsto en el artículo 1392 del Código de Comercio, respecto del depositario judicial de los bienes embargados. Se dictó sentencia definitiva el treinta y uno de agosto de dos mil quince. Con fecha siete de abril del año en curso el quejoso solicitó se le pusiera en posesión real material y jurídica de los bienes muebles embargados en autos en la diligencia de emplazamiento de embargo respectiva, situación que dio lugar a la razón actuarial de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de donde se infiere que los bienes no están en el domicilio señalado para su depósito. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó que se concediera término a la depositaria judicial para la entrega de los bienes embargados. Y el treinta de mayo del año en curso, el Juez Tercer Menor Civil de esta ciudad, determinó no acordar de conformidad su petición, toda vez que el depositario Gerardo de Jesús Ortiz Acuña, fue nombrado como endosatario en procuración, por lo cual tiene la misma obligación de salvaguardar el depósito de los bienes embargados. El proveído aludido en el punto inmediato anterior, constituye el acto reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Así, la demanda de amparo entablada por la quejosa, en contra del proveído de treinta de mayo del año en curso, a través del cual el Juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, determinó no acordar de conformidad su petición, toda vez que el depositario Gerardo de Jesús Ortiz Acuña, fue nombrado como endosatario en procuración, por lo cual tiene la misma obligación de salvaguardar el depósito de los bienes embargados, se torna improcedente dado que la quejosa, previamente a la interposición de la demanda que nos ocupa, no agotó el medio ordinario de defensa que procedía en su contra, tal como se resalta a continuación: Al respecto, el Código de Comercio aplicable al juicio natural, concede la posibilidad de que el auto en comento sea impugnado mediante el recurso de revocación, según lo dispone el artículo 1334 en relación con el dispositivo legal 1339 del mismo cuerpo normativo que establece: "Artículo 1339. (...) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)". Por su parte el ordinal 1334 invocado alude: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.)". De tales preceptos se tiene que dicho medio de impugnación (revocación) es susceptible de hacerse valer dentro del procedimiento en que se emitió el acto tildado de inconstitucional, ya que no se trata de aquellos enlistados por el artículo 1339, que contemplan la procedencia del diverso recurso de apelación, por ende, procede el supuesto revocación, por el cual el acto reclamado podría ser modificado o revocado en términos de la legislación en comento. En ese orden de ideas, el medio de defensa legal idóneo para combatir el proveído de treinta de mayo de dos mil diecisiete, es el recurso de revocación, en términos del ordinal 1334, del Código de Comercio; de manera que, al haberse constatado que la parte quejosa, previo a instar el presente libelo, omitió agotar dicho medio ordinario de defensa en contra del proveído reclamado, se clarifica la actualización de la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 765, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como, en lo conducente, la tesis sustentada por el extinto Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 211, Tomo XI, marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGÚN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México." Por consiguiente, se actualiza dicha causa de improcedencia toda vez que la peticionaria de garantías, previamente no agotó el medio ordinario de defensa concedido por el Código de Comercio, contra el proveído emitido el treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio ejecutivo mercantil 1081/2015 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro. La anterior decisión se asume en la inteligencia de que el acto reclamado, no es de aquellos casos excepcionales estipulados por la invocada fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Asimismo, tampoco se surten las restantes excepciones al principio de definitividad, ya que la parte promovente no se ostenta con la calidad de persona extraña al procedimiento, por el contrario, como ya se vio la aquí quejosa es parte actora en el juicio de origen, quien tiene pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra y finalmente, este juzgador federal considera que la procedencia del recurso o medio de defensa invocado, no está sujeto a interpretación adicional, ya que su fundamento legal es suficientemente claro para determinar la procedencia del mismo. Lo anterior, en consonancia además con lo estipulado por el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Así, la convención internacional en cita da libertad a los Estados parte, de fijar en su derecho interno, recursos sencillos y rápidos, o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, a fin de que se salvaguarden los derechos del gobernado; en cumplimiento a lo cual el sistema mexicano, concretamente el derecho procesal en materia mercantil, establece la posibilidad de que la parte demandada promueva el recurso de revocación en contra del acto aquí reclamado, el cual se trata de un medio con las cualidades estipuladas por el pacto internacional en comento, es decir, se promueve ante tribunal competente, de una manera sencilla, y es efectivo para modificar o revocar el acto de que se trata (cuyo objetivo es analizar temas de legalidad). Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 22/2014 Décima Época, de rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUIDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Así las cosas, por los motivos y fundamentos expuestos, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos explicados anteriormente. Por lo expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo interpuesta por Iván Isaías Valadez Hidalgo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    PREVENCIÓN. Una vez analizado el contenido integral de la demanda de cuenta, se aprecia que la misma no cumple con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, primordialmente lo previsto por las fracciones IV y V del citado precepto. En efecto, analizada integrante la demanda de amparo se advierte que el promovente no narró de forma completa los antecedentes del acto reclamado; además, no especifica con exactitud la fecha de conocimiento del acto reclamado. Luego, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en relación con la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase a al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advertida de las sanciones previstas en el dispositivo 261, fracción I, del ordenamiento legal invocado, a que se hacen acreedores quienes afirman hechos falsos u omitan los que les consten, realice lo siguiente: PRIMERO. Amplíe los antecedentes del acto reclamado y formule una relación sucinta y pormenorizada de los mismos. Lo anterior es así, pues los que narra no permiten a este juzgado estar en condiciones de pronunciarse sobre de la admisibilidad de la demanda de amparo; en el entendido que deberá: a) Indicar con qué carácter promovió la demanda relativa al expediente 1081/2015 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro y si actualmente subsiste el mismo. b) Especificar que se proveyó en el auto reclamado. c) Señale la fecha en que le fue notificada la resolución que constituye el acto reclamado. d) Que diga si interpuso algún medio de defensa o recurso en contra del auto reclamado. SEGUNDO. Con independencia del punto de prevención anterior, externe bajo protesta de decir verdad, la serie de hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, narrados en su escrito inicial de demanda pues fue omiso en realizar dicha protesta. Se apercibe legalmente al promovente que en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en las fracciones IV y V, así como el ordinal 110 de la misma ley, esto es, el o los actos reclamados, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que menciona en su libelo constitucional, cuya teleología no es otra que dar claridad al juzgador federal con relación a la naturaleza misma del acto reclamado, a fin de discernir en el caso concreto respecto a su procedibilidad. Aunado a lo anterior, los autorizados no pueden desahogar una prevención relativa a que se exprese bajo protesta de decir verdad cuestiones inherentes a los antecedentes de los actos reclamados, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintitres de junio de dos mil diecisiete: "PREVENCIÓN. Una vez analizado el contenido integral de la demanda de cuenta, se aprecia que la misma no cumple con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, primordialmente lo previsto por las fracciones IV y V del citado precepto. En efecto, analizada integrante la demanda de amparo se advierte que el promovente no narró de forma completa los antecedentes del acto reclamado; además, no especifica con exactitud la fecha de conocimiento del acto reclamado. Luego, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en relación con la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase a al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advertida de las sanciones previstas en el dispositivo 261, fracción I, del ordenamiento legal invocado, a que se hacen acreedores quienes afirman hechos falsos u omitan los que les consten, realice lo siguiente: PRIMERO. Amplíe los antecedentes del acto reclamado y formule una relación sucinta y pormenorizada de los mismos. Lo anterior es así, pues los que narra no permiten a este juzgado estar en condiciones de pronunciarse sobre de la admisibilidad de la demanda de amparo; en el entendido que deberá: a) Indicar con qué carácter promovió la demanda relativa al expediente 1081/2015 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro y si actualmente subsiste el mismo. b) Especificar que se proveyó en el auto reclamado. c) Señale la fecha en que le fue notificada la resolución que constituye el acto reclamado. d) Que diga si interpuso algún medio de defensa o recurso en contra del auto reclamado. SEGUNDO. Con independencia del punto de prevención anterior, externe bajo protesta de decir verdad, la serie de hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, narrados en su escrito inicial de demanda pues fue omiso en realizar dicha protesta. Se apercibe legalmente al promovente que en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en las fracciones IV y V, así como el ordinal 110 de la misma ley, esto es, el o los actos reclamados, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que menciona en su libelo constitucional, cuya teleología no es otra que dar claridad al juzgador federal con relación a la naturaleza misma del acto reclamado, a fin de discernir en el caso concreto respecto a su procedibilidad. Aunado a lo anterior, los autorizados no pueden desahogar una prevención relativa a que se exprese bajo protesta de decir verdad cuestiones inherentes a los antecedentes de los actos reclamados, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. ".

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