Iván Ignacio López Martínez

Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
822/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Iván Ignacio López Martínez
  • Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuenta. El once de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintidós Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha se declaró en el cuaderno principal que causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depurase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  3. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. (CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO)

  4. Principal

    Juicio de amparo 822/2022 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y dos minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de emplazamiento a las partes ?autoridades responsables, parte quejosa y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción aportados por las partes, a saber: pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como las pruebas documentales exhibidas por las autoridades responsables a solicitud de este órgano jurisdiccional. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Ahora, en lo tocante a la prueba de cotejo y compulsa del escrito de veintinueve de mayo de dos mil veintidós ?mediante el cual se le comunicó al quejoso el nuevo puesto de "policía"?, con el original que obra en los archivos de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, a fin de acreditar la migración de Iván Ignacio López Martínez ?aquí quejoso? en su grado de "policía estatal de seguridad pública", al grado de "policía", quien resuelve considera innecesaria su práctica. A fin de justificar tal aserto, del análisis a las actuaciones que obran en el expediente, se desprenden los aspectos que pretende acreditar el impetrante con el citado medio de convicción; de ahí que, a nada práctico llevaría la admisión y desahogo de dicha probanza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Iván Ignacio López Martínez, contra el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el veinte de junio posterior por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Iván Ignacio López Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a las autoridades que más adelante se precisarán. Se admite demanda. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la representación social federal adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos atribuidos a sendas autoridades administrativas con residencia en esta ciudad; ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Migración del nombramiento que ocupaba el quejoso como policía estatal de seguridad pública adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, al de policía, sin existir un procedimiento en el que se respetara la garantía de audiencia previa. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables directora general del Sistema Integral de Desarrollo Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública; coordinadora de amparo adscrita a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y comisario general de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública y presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal, todas con residencia en esta ciudad. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables en cita, concretamente, del acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, la cual revela, en lo que interesa, la migración del nombramiento del quejoso en su carácter de "Policía estatal de seguridad pública" al grado de "Policía". Documentales en cuestión, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por no existir probanza alguna que desvirtúe su contenido, por tratarse de documentación expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, página ciento cincuenta y tres, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Análisis de causas de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, hace valer la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico o legítimo del impetrante de amparo. Al efecto, los dispositivos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Por otra parte, el artículo 6º de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos citados se destaca, en lo medular, que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario será improcedente el citado medio de control constitucional al no existir afectación al interés jurídico. Así, se entiende por interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional el criterio que refleja la jurisprudencia I.1o.A.J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 35, del número 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 217651, rubro: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." En efecto, para pedir la protección constitucional el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad; en ese sentido, del criterio transcrito se advierte: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Además, cabe decir que el precepto legal transcrito en párrafos precedentes encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio rector del juicio de amparo referente a la instancia de parte agraviada y que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ende, de lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer en su fracción I que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Por tanto, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En esa tesitura, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia de los juicios, pues debe entenderse que los actos impugnados lesionan la esfera jurídica del gobernado cuando tiene un derecho protegido por el Estado. En relación con lo expuesto, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de la parte quejosa, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Además, la Primera Sala aseveró que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. En el caso, es menester señalar que el quejoso reclama, en esencia, la realización de ajuste en el grado de carrera policial, en atención a que se realizó la migración de su nombramiento de "Policía estatal de seguridad pública", al grado de "Policía", sin iniciarse algún procedimiento administrativo en el que se le otorgara la garantía de audiencia. Ahora bien, el acto reclamado tiene relación intrínseca con el derecho de legalidad contenido en el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna, el cual se refiere a que un acto de autoridad no se debe emitir de un modo arbitrario, sino por el contrario, su emisión debe fincarse en observancia del marco jurídico que lo rige. Precisado lo anterior, de las constancias que integran los autos de este expediente, se advierte: a) Al quejoso Iván Ignacio López Martínez, se le otorgó el puesto de "Policía estatal de seguridad pública" adscrito a la Policía Estatal de Seguridad Pública, del Estado de Sonora, a partir del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, con número de empleado 41706 y nivel salarial 7 (I), con una percepción mensual bruta de $17,820.06 (diecisiete mil ochocientos veinte pesos 06/100 moneda nacional). b) Posteriormente, conforme acta de sesión extraordinaria 05/2022, verificada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, revela, se hicieron ajustes en los grados de carrera policial o migración de algunos elementos de la corporación policiaca, entre ellos al aquí quejoso, asimismo, en lo que interesa, se realizó la migración del nombramiento de Iván Ignacio López Martínez, del puesto de "Policía estatal de seguridad pública" al diverso de "Policía"; y, c) Se ordenó remitir copia debidamente certificada del acta de sesión mencionada conjuntamente con sus anexos, al titular de la institución policial, a fin de realizar las acciones administrativas tendentes al cumplimiento de lo acordado por el órgano colegiado. De igual forma, consta en autos, que el presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, informó, en lo sustancial, que la parte fundamental del proceso de homologación al nuevo modelo policial, donde se le otorgó el grado de "Policía" al agente Iván Ignacio López Martínez (quejoso), fue con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los integrantes de la corporación policial, lo que representa un incremento en el sueldo de los policías, fortalecimiento en las prestaciones de ellos, sus familias y dependientes económicos ?lo cual acreditó con las constancias pertinentes?. Por su parte, la coordinadora de Amparo, adscrita a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, informó que el agente Iván Ignacio López Martínez, antes de haberse realizado el proceso de homologación ?cuando ostentaba el nombramiento de "Policía Estatal de Seguridad Pública"?, tenía una percepción mensual bruta de $17,820.00 (diecisiete mil ochocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), según el tabulador del año dos mil veintiuno; asimismo, como consecuencia de homologación al nuevo modelo policial ?a partir de que el impetrante ostenta el nombramiento de "Policía"?, tiene un nivel salarial 7 (B) y una percepción mensual bruta de $20,432.48 (veinte mil cuatrocientos treinta y dos pesos 48/100 moneda nacional). Aunado a lo anterior, la consabida autoridad, refirió que el quejoso goza de las prestaciones laborales de servicio médico, seguro de vida, seguro de gastos funerarios, pago de veinte días laborales al año, por concepto de prima vacacional, así como el pago de cuarenta días laborales al año, por concepto de aguinaldo. Acto seguido, resulta pertinente traer a colación el contenido de algunos dispositivos aplicables al presente asunto contenidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, los cuales disponen: El artículo 84, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece: "Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno." Las porciones normativas de los artículos 134, 154, 159, 160 y 175 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, establecen: "ARTÍCULO 134. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante del Servicio de carrera, y se regirá por las normas mínimas siguientes: (.) ARTÍCULO 154. Los integrantes de las instituciones policiales, ajustarán invariablemente su conducta a los principios de legalidad, objetividad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, para ese efecto se sujetarán a las normas de actuación y de disciplina siguientes: (.) "ARTÍCULO 159. El Secretario de Seguridad Pública del Estado establecerá la Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, la cual se integrará de la siguiente manera: I.- Un Presidente, cuya función recaerá en la persona que ocupe el mayor rango jerárquico de la Institución Policial; II.- Un Secretario, que será el titular de la Dirección de Administración de la Institución Policial; III.- Tres vocales que serán: a) Dos miembros designados por el Presidente de esta Comisión, que deberán ser del grado jerárquico más alto de la Institución Policial; y b) El Director Jurídico de la Institución Policial. ARTÍCULO 160. La Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policía Estatal de Seguridad Pública, es autónoma en su funcionamiento y gozará de las más amplias facultades para examinar a los miembros de la Institución Policial, sus expedientes y hojas de servicio, además para su operación y funcionamiento podrá auxiliarse de un Secretario de Acuerdos y Proyectos, que será designado por la misma, comunicando su decisión al Secretario de Seguridad Pública del Estado para efectos de la expedición de su nombramiento y protesta. El Secretario de Acuerdos y Proyectos podrá asistirse de los secretarios jurídicos auxiliares que el presupuesto de egresos de la Institución Policial permita, asimismo dicha dependencia deberá proporcionar a la Comisión, los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. (.) ARTÍCULO 175. Todas las resoluciones y sanciones impuestas por la Comisión, deberán ser notificadas de inmediato al Registro Estatal que corresponda y al titular de la Institución Policial correspondiente, para su conocimiento y ejecución. Los artículos 27, 34 y 35 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, establecen: (.) "Artículo 27. La Institución de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria establecerá un régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema· de seguridad social del personal, sus familias y dependientes, debiendo comprender: l. Fortalecimiento de seguro de vida e incapacidad; ll. Créditos de corto plazo; lll. Sistemas de seguros educativos y similares para dependientes de los servidores públicos que fallezcan o que recaigan en incapacidad total o permanente en cumplimiento de sus funciones; IV. Servicio médico integral y de gastos médicos mayores; V. Fondos de ahorro; VI. Becas educativas; VII. Pago de defunción y, en su caso ayuda económica a los dependientes de los caídos en servicio, cotizado de acuerdo con el salario real percibido; VIII. Celebrar convenios con Instituciones de vivienda digna cono INFONAVIT, FOVISSTESON y otros, para garantizar el derecho a la vivienda del personal de la Institución Policial; y IX. Las demás que se consideren pertinentes." Artículo 34. Se entiende por grado, la jerarquía que tiene un miembro respecto de otro y que se desarrolla en el mismo entorno laboral. Por cargo se entiende a la obligación de desempeñar un mandato que le sea encomendado a un miembro, sin perjuicio del grado que tenga, pudiendo implicar un cambio de las funciones y del lugar donde las desempeña. Artículo 35. La autoridad competente de la Institución Policial podrá determinar dentro la estructura autorizada, el cambio de adscripción de sus integrantes, de una división a otra; de una división a un servicio; de un servicio a otro; y de un servicio a una división, así como la asignación a diferentes cargos y puestos acordes con el grado del policía, sin perjuicio de los derechos jerárquicos que correspondan, conservando la categoría y grados a que tenga derecho. De los preceptos legales trascritos se desprende, en lo que interesa, que la carrera policial comprende, entre otros factores, el grado policial; asimismo, que será la Comisión de Honor, Justicia y Promoción quien establecerá los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la carrera policial. Precisado lo anterior, debe decirse que de las constancias sumariales, resulta evidente que de la migración del nombramiento del impetrante de "Policía estatal de seguridad pública" al grado de "Policía", no se afectó al quejoso la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 de la Constitución Federal, esto es, no fueron afectados los derechos de la carrera policial del quejoso. De la misma forma, no está acreditado en el sumario, que se hayan modificado las actividades que venía realizando el quejoso como "Policía Estatal de Seguridad Pública", al migrarlo al grado de "Policía", en atención a que continúa desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones. En ese sentido, no está demostrado que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el quejoso como Policía Estatal de Seguridad Pública, por ende, resulta incuestionable que no existe un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden conforme a la ley, aunado a que el quejoso no ofreció prueba alguna que demostrara alguna afectación en su esfera jurídica. Lo anterior es así, porque la migración del nombramiento del impetrante del puesto de "Policía estatal de seguridad pública" al de "Policía", no refleja el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco se advierte una disminución de las prestaciones que percibía, pues no existe elemento de prueba desahogado en el presente asunto que demuestre lo contrario, máxime, que es una carga procesal del quejoso demostrar dichos extremos, de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En efecto, el impetrante no alegó ni demostró que dicha migración haya implicado alteración de sus funciones o reducción de sus emolumentos que le causaran perjuicio; por ende, no acreditó su legitimación para instar este juicio constitucional. Por lo anterior, se considera que la determinación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública, no trasgrede el derecho fundamental de legalidad ni el de audiencia alegados por el impetrante. En ese orden de ideas, la migración de Iván Ignacio López Martínez del grado de "Policía Estatal de Seguridad Pública", al diverso de "Policía", no le causa perjuicio alguno, en atención a que no se alteraron sus funciones y condiciones en la institución a la que pertenece, que hicieran procedente la promoción del juicio constitucional. Ello es así, pues el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia siguiente: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. (Registro: 206338, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, página 17). De igual forma, resulta orientadora al asunto en estudio, la jurisprudencia 2a./J. 38/2005, Registro digital: 178883. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Materias(s): Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 310, con rubro y texto siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, derivada del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, vinculados con el precepto 107, fracción I Constitucional, interpretado a contrario sensu, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. En consecuencia, este juzgador está impedido para analizar conceptos de violación en el presente asunto, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por último, en relación con el sobreseimiento en el juicio de amparo, cabe indicar que el establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), no constituye en sí mismo una violación al derecho humano a un recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 22/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Décima Época, con registro de localización digital 2005917, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, derivada del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, vinculados con el precepto 107, fracción I Constitucional, interpretado a contrario sensu, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Iván Ignacio López Martínez, respecto del acto precisado en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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