Ivan Huerta Fernandez
Expediente 1053/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ivan Huerta Fernandez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Iván Huerta o Iván Huerta Fernández, por su propio derecho, contra actos de Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahuacóyotl. En consecuencia, regístrese bajo el número 1053/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Declinación de competencia al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, hecho un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste en la omisión del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahuacóyotl, de dictar sentencia en la causa penal 73/2013, de su índice; acto que se estima sí lleva implícita ejecución material en el Estado de México; de modo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. Sin que sea obstáculo que de la demanda de amparo se advierta que, en la especie, la privación de la libertad del quejoso se materializa en un ámbito territorial distinto de aquél en el cual se sigue su causa; pues, lo cierto es que dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del dispositivo transcrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Ahora bien, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo y de las manifestaciones realizadas por el quejoso, se desprende que el acto reclamado consiste en la omisión del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahuacóyotl, de resolver la causa penal 73/2023, de su índice, que se le instruye por el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadora quien tiene su sede en el Estado de México; y, no se ubica dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. En ese sentido, éste Juzgado de Distrito estima que resulta competente para conocer de este asunto, el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por ser el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, quien conoce del proceso penal instruido en contra del aquí quejoso, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. Esto, toda vez que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, trae como consecuencia que el procesado continúe sujeto a proceso, y recluido en el centro de internamiento en el que actualmente se encuentra. De ahí que, al permanecer el procesado a disposición del juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste y, en consecuencia, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la omisión del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahuacóyotl, de resolver la causa penal 73/2013, de su índice, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juzgado que conoce del proceso penal, en este caso, el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno Por ello, se insiste, que la competencia para conocer de este asunto, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por ser, como ya se dijo, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, quien conoce del proceso penal instruido en contra del aquí quejoso, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias del Semanario Judicial de la Federación publicadas de 1917 a la fecha, con registro digital 2023548, que establece: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por Iván Huerta o Iván Huerta Fernández, puesto que los efectos positivos de la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda, se presentan ante la autoridad que conoce del procedimiento donde se verifica dicha abstención, en el caso, ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, pues ante su potestad se radicó y tramita la causa penal 73/2013, de su índice, por lo que atendiendo a dicho criterio jurisprudencial, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto, lo que se traduce que le correspondería conocer del presente sumario al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno y no a este órgano de control constitucional, por no ejercer jurisdicción en relación a la citada autoridad responsable. En consecuencia, se estima que corresponde el conocimiento del presente asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; por tanto, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, por conducto de la Oficina de Correspondencia, remítase la referida demanda al Juzgado de Distrito en turno, en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Asimismo, solicítese de la manera más atenta al juez de Distrito, al que corresponda conocer de la demanda, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio para recibir notificaciones. Tomando en cuenta que la parte quejosa se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para efectos de que se constituyan en el citado centro penitenciario, y notifiquen este proveído, así como los subsecuentes. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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