Iván Guillermo Chávez Galván

Expediente 1618/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1618/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Iván Guillermo Chávez Galván

Actuaciones

  1. Principal

    - V I S T O el estado procesal y la certificación secretarial que antecede de la que se desprende . . . se declara que HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA , EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL(S) AVISO(S) DE 03/01/2019, QUE CONTIENE(N) LA DETERMINACIÓN(ES) DE 26/12/2018, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) DETERMINACIÓN(ES) DE VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): 26/12/2018 "Vista la demanda de garantías promovida por Iván Guillermo Chávez Galván, contra actos de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1618/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, previa a la admisión de la demanda, ésta Juzgadora considera necesario proveer respecto de la procedencia e improcedencia del Juicio de amparo atendiendo a los lineamientos del artículo 113 de la Ley de Amparo, de lo que resulta, que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, de conformidad con el precepto legal antes invocado, que dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que la parte quejosa señala como reclamado, y que hace consistir esencialmente en: a. El oficio número DDHQP/882/2018 emitido el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, derivado del expediente DDH/201/2018, por el cual, la Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, invita al Presidente Municipal de Querétaro, a exhibir en un plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la recepción del documento un proyecto de acuerdo de responsabilidad. b. La inconstitucionalidad de los artículos 88 fracción IV, 90 y 91 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada el 03 de septiembre del 2015 en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga" En ese orden de ideas, en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, que prevén: El artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo es del tenor siguiente. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. [.] En el artículo transcrito se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos administrativos emitidos aisladamente por autoridades distintas de tribunales jurisdiccionales; pero tratándose de actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos no pueden válidamente reclamarse en la vía constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el que podrán reclamarse tanto las violaciones contenidas en la propia resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. La excepción a esta regla, se encuentra en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la ley de la materia, que establece la procedencia de la acción constitucional tratándose de actos en el procedimiento que puedan causar daño de imposible reparación que dejen sin defensa al quejoso; es decir, aquellos que afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén garantías individuales o que afectan a las partes en grado predominante o superior. Por tanto, el juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos derivados de un procedimiento administrativo, pero que no constituyen la resolución definitiva, únicamente resulta procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, esa restricción descarta la posibilidad fáctica y jurídica de que la instancia constitucional se incoe contra cualquier resolución o actuación que se dicte en el procedimiento, sino sólo contra aquellas con las que se cause un perjuicio irreparable al peticionario del amparo que no pueda ser enmendado en la sentencia misma y que conlleve a la afectación directa e inmediata de los derechos fundamentales del gobernado, es decir, el menoscabo de las prerrogativas sustantivas que consagra la Constitución General de la República en su favor. De tal manera que la procedencia del juicio de amparo, en la hipótesis sub-examen, no permite su instauración respecto de actos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, salvo que sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en la Tesis: P./J. 24/92, de rubro y texto siguiente. "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Época: Octava Época, Registro: 205651, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/92, página: 11) Así como en la tesis visible con el número P. LVII/2004, en la página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierten las siguientes conclusiones: 1. Los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo amparado por los derechos humanos que consagra la Constitución General de la República, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio; por tanto, sólo puede estimarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, porque ese menoscabo y sus efectos ulteriores no se destruyen con el dictado de una resolución o sentencia definitiva favorable a las pretensiones de quien reciente la afectación. 2. Contrario a ello, son actos susceptibles de ser reparados, aquellos que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y cuya enmienda es factible que sobrevenga mediante el dictado de una resolución que sea acorde a los intereses de quien ejercitó la acción, pues los actos que fueron contemporáneos a la secuela procedimental tienden a extinguirse en el momento en que se concluye la instancia y sin que se hubiere consumado la afectación a los derechos fundamentales del gobernado con la consecuente afectación de su esfera jurídica. 3. No obstante lo anterior, no se desconoce que existe una excepción en tratándose de actos procesales, ya que se consideran de imposible reparación y, por tanto, el juicio de amparo indirecto que se promueva en su contra resulta procedente si sus consecuencias revelan o ponen de manifiesto una afectación superlativa para las partes, es decir, en grado predominante o superior; afectación que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, es decir, se dará tal afectación cuando concurran circunstancias de gran trascendencia que signifiquen una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario de la contienda. Cabe destacar, conforme a lo expuesto, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la improcedencia del juicio de amparo contra las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su eventual incumplimiento, porque con su realización no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita y, por ende, que dicha Comisión no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; sin embargo, pueden establecerse supuestos dentro del proceso seguido ante ese organismo, en donde el impedimento a las personas de acceder a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, se aleja del estándar de legalidad que afecta su esfera jurídica, como puede ser la falta de dar trámite por no cumplir con requisitos de procedencia, lo que puede estimarse como acto de autoridad, porque se trata de un acto intraprocesal que extingue situaciones jurídicas, de forma unilateral, obligatoria y que puede generar violaciones a derechos humanos, supuesto en el si puede resultar procedente el juicio de amparo. Bajo ese contexto, en el presente asunto, si bien la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, es un organismo autónomo y, por tanto, goza de plena independencia para emitir sus recomendaciones, empero, ello no significa que dicha Defensoría pueda o deje de actuar arbitrariamente, pues su competencia y funciones, se encuentran establecidas en la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, las cuales, al igual que todas las autoridades, debe ejercerlas con apego a la Ley. Por tal motivo, conforme a lo antes expuesto, el derecho de acceso a la tutela no jurisdiccional, implica que todos los individuos tienen derecho a acceder a un proceso ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, sin que ello implique que necesariamente deba emitir una recomendación, pero sí que dicho proceso se apegue a los estándares de legalidad que le son exigibles a todas las autoridades. Bajo ese contexto, la Defensoría en cuestión debe tramitar las quejas de su competencia, relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, conforme al artículo 1 y 15 de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, con apego a la Ley sin incurrir en arbitrariedades, de ahí que el incumplimiento al ejercicio de las facultades de investigación que constitucionalmente le han sido encomendadas, es susceptible, por sí mismo, de afectar la esfera jurídica de las personas, en tanto les impide acceder a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, lo que pudiera ser motivo de análisis en un juicio de amparo. En ese contexto, lo anterior permite establecer que los actos reclamados consistentes en el oficio número DDHQP/882/2018 emitido el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, derivado del expediente DDH/201/2018, por el cual, la Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, invita al Presidente Municipal de Querétaro, a exhibir en un plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la recepción del documento un proyecto de acuerdo de responsabilidad, no colman los extremos previstos en el artículo 107, fracción III, inciso a) y b), de la Ley de Amparo, para justificar la procedencia del juicio de amparo bi-instancial. En efecto, dichos actos reclamados sólo conducen a determinar una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, en razón de que son actos que se verifican durante el desenvolvimiento lógico-natural del procedimiento, relativo a la presunta irregularidad de los actos emanados por el entonces Secretario de Obras Públicas Municipales de Querétaro y atender a la solicitud e implementar las medidas de reparación conducentes y las garantías de no repetición de actos similares, que no afectan irremediablemente derechos sustantivos, lo anterior se apoya por analogía lo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguiente. "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." (Época: Novena Época, Registro: 175221, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 43/2006, Página: 242). En consecuencia, la emisión del oficio DDHQP/882/2018, de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, que invita al Presidente Municipal de Querétaro, a exhibir en un plazo no mayor a quince días naturales, un proyecto de acuerdo de responsabilidad, no constituye un acto de imposible reparación, aunque se argumente que fue emitido por autoridad incompetente, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, por ende, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que vulnere garantías individuales, razón por la que no es reclamable en amparo indirecto. Lo anterior es así, pues el hecho de que se notifique al quejoso la petición que se le hizo a la autoridad municipal para emitir el acuerdo de responsabilidad, lejos de privarle de algún derecho, vela por la procuración de sus derechos sustantivos como la garantía de audiencia y debido proceso, de ahí que una vez dictada la resolución solicitada, en términos del artículo 92 y 93 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, deberá ser avaluado por el Visitador General, quien podrá aceptarlo o rechazarlo, de aceptar el proyecto la Defensoría vigilará el cumplimiento del acuerdo de responsabilidad y realizara una evaluación y de rechazarlo la autoridad requerida podrá emitir una segunda propuesta. Por tanto al tratarse de actos intraprocesales que no son de imposible reparación, no puede estimarse procedente el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, pues resulta necesario esperar hasta el dictado de la resolución en aquel asunto, y que sea contraria a los intereses del quejoso, para que esté en aptitud de promover los medios de defensa que tenga a su alcance, en que combata las violaciones procesales cometidas dentro de la contienda de origen. Asimismo, respecto al acto reclamado que hace consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 88 fracción IV, 90 y 91 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada el 03 de septiembre del 2015 en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, no procede su estudio, en virtud de que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado por el cual se desechó la presente demanda, ello impide a esta juzgadora el estudio que atañen a las cuestiones de fondo; apoya a lo anterior en lo conducente la tesis de jurisprudencia número de registro 174106 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia Común, Tesis VII.1o.C. J/24, Página 1191, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El artículo 73 de la Ley de Amparo establece de manera enunciativa, no limitativa, las causas de improcedencia del juicio de garantías; por tanto, si la demanda relativa se desecha por actualizarse cualquiera de las hipótesis previstas por el precepto invocado, no causa agravio la falta de estudio de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por el acto reclamado de las autoridades responsables, en razón de que el desechamiento de la demanda impide el análisis ulterior de los problemas de fondo. Del mismo modo por analogía de acuerdo a la tesis 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, Materia Común, cuyo texto dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por tanto, al quedar acreditado de forma indubitable que los actos reclamados son actos emitidos dentro de un procedimiento que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos y que tampoco se actualiza el estado de excepción (afectación en grado predominante o superior), no son susceptibles de ser reclamados mediante el juicio de amparo indirecto, en consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, en términos del artículo 113 de la misma Ley. . .. ......." POR LOS MOTIVOS QUE SE EXPONEN EN DICHO PROVEÍDO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.

  3. Principal

    -NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE . . .

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