Ivan Gonzalez Rodríguez

Expediente 663/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
663/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
24/02/2016

Partes del expediente

  • Ivan Gonzalez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de enero de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por la Supervisora Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos en representación del Director de Ejecución de Penas y Medidas judiciales del Estado de Chihuahua, mediante el cual informa a este juzgador el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente asunto, además remite copia certificada del oficio FEEPYMJ/UATYDH/,0054/2016 de once de enero de dos mil dieciséis, orden de internamiento de doce de enero de dos mil dieciséis, certificado médico de ingreso de once de enero de dos mil dieciséis y de la ficha sinalegtica del quejoso, con lo que se da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Por tal motivo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgador resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada **** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ****, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el acuse postal que ampara el oficio 10466/2015 enviado para notificar la sentencia al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado: Deje insubsistente el oficio *************** de siete de septiembre de dos mil quince, exclusivamente respecto del aquí quejoso. Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser tornado al Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. [.] La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, pues los actos que se le atribuyen se deducen directamente de lo ordenado por la responsable ordenadora[.] Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Ahora, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia dictada en el presente juicio, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se les señala: a) Con fundamento en el artículo 238, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo actual, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante los Tribunales de la Federación por la desobediencia cometida. Asimismo, se requiere al Fiscal General del Estado, con residencia oficial en Chihuahua, como superior jerárquico del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado, para que en el mismo término de tres días le ordene acatar el fallo protector, y lo acredite con las constancias respectivas, ello en atención a lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la legislación de la materia. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que el recaudador responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284, del tomo XXVIII, julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169286, de rubro: INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de noviembre de dos mil quince. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 663/2015-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este juzgado, el licenciado ****, en su carácter de defensor particular de ****, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Procurador General de la Republica, Subdelegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Subdelegado de Procedimientos Penales y Amparos "A" de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Chihuahua, Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, Coordinador de la Policía Federal, Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Bravos, Director del CERESO Estatal en Ciudad Juárez y Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó: IV.-ACTOS RECLAMADOS.- LA ILEGAL ORDEN DE SU TRASLADO, SIN LA AUTORIZACIÓN DEL JUEZ, por la autoridades señaladas como responsables al centro penitenciario conocido como Aquiles Serdán ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chih., puesto que, ya fue trasladado físicamente a ese centro penitenciario, tal acto fue arbitrario ocasionando perjuicios irreparables en su persona, ya que no otorgo su consentimiento para su traslado, toda vez que no ha terminado el proceso penal, esta siendo sujeto a proceso penal en esta ciudad, más aun, reside su familia, madre, hermanos y ellos están impedidos para que lo visiten por carecer de recursos económicos para ello, todo esto, esta impidiendo cumplir con el objetivo del Ejecutivo: que es la reputación social y con esto la integración del quejoso con su familia y la sociedad, a demás que provoco mayores perjuicios económicos y sociales, en virtud de que el hoy quejoso tenia un trabajo estable en el CE. RE SO ESTATAL y esto daba la posibilidad de ayudar con algo a su familia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, se registró bajo el número 663/2015-I, se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CUARTO. Autoridad Inexistente. Se tuvo por inexistente al Subdelegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, toda vez que el quejoso no desahogó la vista que se le otorgó en ocho de octubre pasado. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de la omisión y acto de una autoridad administrativa residente en esta ciudad, esto es, dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama: El traslado que se ordenó hacer al quejoso ****. El cumplimiento y la ejecución de dicha orden de traslado. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Procurador General de la Republica, Subdelegado de Procedimientos Penales y Amparos "A" de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Chihuahua, Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, Coordinador de la Policía Federal y Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Bravos, al rendir sus respectivos informes justificados negaron el acto que se les atribuye, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías respecto de las citadas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Por su parte, el Director del CERESO Estatal en Ciudad Juárez y Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto que les fue atribuido, consistente en ordenar y ejecutar el traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua. La aceptación de la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias de autos, de las que se deduce la existencia de los oficios FEEPYMJ/UATYDH/3565/2015, FEEPYMJ/UATYDH/3566/2015, así como el diverso oficio FEEPYMJ/UATYDH/3567/2015, FEEPYMJ/UATYDH/3568/2015, todos de siete de septiembre del año en curso, signados por el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, mediante los que se ordenó que el quejoso, entre otros, fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia o de sobreseimiento hechas valer por las partes, ni que este juzgador advierta, de oficio, que se actualice alguna, se impone procede abordar al estudio del fondo del asunto que se plantea. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Séptimo. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. Como preámbulo al análisis de la cuestión efectivamente planteada, es oportuno precisar que si bien el acto reclamado (orden de traslado), fue emitido por autoridades del orden administrativo no se analizará en función a las reglas particulares de esta materia, porque con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Por ello, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces de ejecución en materia penal; y será a la luz de esta particular naturaleza que se analizará la constitucionalidad del acto tildado de ilegal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, de Octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. En la especie, el solicitante del amparo aduce que el mandamiento emitido por la autoridad responsable para trasladarlo del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, esto es, del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta localidad, al Centro de Reinserción Social número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, vulnera su derecho fundamental de audiencia y lo aleja injustificadamente de su familia. Lo alegado por la parte quejosa es fundado, al ser suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar la transgresión a los derechos del quejoso, es oportuno precisar que en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, en el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, se establecen las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Asimismo, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontraran las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que debe deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que en tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el Juzgador que la fijó. Además, tratándose de la prisión preventiva es necesario considerar que la orden de traslado afecta el derecho fundamental consistente en que aquélla se cumpla en el lugar del juicio, lo que a su vez, podría afectar o imposibilitar la realización de otros derechos rectores del proceso penal y elevados a rango fundamental, por estar inmersos en los artículos 16, tercer párrafo, 17, segundo párrafo, 18, primer párrafo, y 20, apartado A, fracciones III a IX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) celeridad, que se efectúa en condiciones que coadyuvan a la rápida solución del caso -y no en las que tiendan a hacer lenta esa decisión-; b) inmediatez, que tiende a asegurar la presencia real entre Juez e inculpado y que sea el mismo juzgador que participa en el desahogo de las pruebas quien las pondere al momento de juzgar; y c) defensa plena, consistente en que el inculpado, de manera personal -no sólo a través de un defensor-, esté en posibilidad real de participar en la preparación y desahogo de pruebas y del uso de medios de impugnación que la ley le brinda; de ahí la necesidad de que sea el juez de proceso quien sea el que determine en lugar donde deba quedar recluido el procesado. En la especie, de las constancias que obran en autos, se aprecia que mediante la emisión del oficio FEEPYMJ/UATYDH/3565/2014, de siete de septiembre de dos mil quince (fojas 28 a 32), el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado, ordenó el traslado, entre otros, del aquí quejoso ****, del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al diverso ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, Centro de Reinserción Social número Uno, lugar en el que quedó internado. En este orden de ideas, si la orden de traslado reclamada fue emitida por el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado, y no así por el juez o jueces ante los cuales se encuentra a disposición, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple, pues como se dijo, la orden de traslado de mérito fue emitida por el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado. Pues, además, bajo protesta de decir verdad, manifestó que aun no ha sido sentenciado dentro de la causa penal 2886/2014 del índice del Juzgado de Garantía del distrito judicial Bravos, pues como quedó expuesto, carece de facultades para emitir de propia cuenta la orden de traslado relativa, dado que corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados; de ahí que el acto reclamado sea inconstitucional. En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado, con sede en Chihuahua: a) Deje insubsistente el oficio FEEPYMJ/UATYDH/3565/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, exclusivamente respecto del aquí quejoso. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser tornado al Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, pues los actos que se le atribuyen se deducen directamente de lo reclamado a la responsable ordenadora, de conformidad con la jurisprudencia ochenta y ocho, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del tomo V, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que estatuye: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: Primero. Se sobresee el juicio de amparo, contra los actos y autoridades señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos que ahí se exponen. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra los actos y autoridades señalados en el considerando cuarto de esta sentencia y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.

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