Iván González Reyes

Expediente 628/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
628/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Iván González Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos, trascurrió del catorce al veinte de agosto del año en curso, con exclusión de los días diecisiete y dieciocho del presente mes y año, por corresponder a sábado y domingo. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    CUENTA. El nueve de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Luz Angélica Sandoval Rodríguez, Iván González Reyes, Blanca Aidé Ramírez Serrato y Norberto Varela Jaramillo, registrada con el folio 11228, con diez copias que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Eduardo Muñoz Arteaga (1880386) tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Raúl González Perea. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de agosto de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luz Angélica Sandoval Rodríguez, Iván González Reyes, Blanca Aidé Ramírez Serrato y Norberto Varela Jaramillo, contra actos del Síndico Municipal de Pánuco, Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 628/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalaron como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Síndica municipal de Pánuco, Zacatecas Dora Liliana Lara González. Regidores municipales de Pánuco, Zacatecas: Lucía Quiñones Medina, Juana Fabiola Pérez González, Víctor Daniel Casas Hernández, Juan Rodríguez Valdes, Mario Mauricio Valdés, Perla Coral Macías Miranda y Blanca Liliana Domínguez Hernández. Acto reclamado: [.] a).- El acto materialmente administrativo, carente de motivación y fundamentación, consistente en el punto de acuerdo que, en orden del día, de sesión de cabildo extraordinaria y ordinaria, las autoridades responsables pretenden someter a la aprobación del Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, en los siguientes términos: "Análisis, discusión y en su caso aprobación de la rescisión laboral de las Ciudadanas Luz Angélica Sandoval Rodríguez en su carácter de Encargada de Recursos Humanos, Iván González Reyes en su carácter de Director de Alcoholes y Encargado del Área Municipal de Transparencia Municipal, Blanca Aidé Ramírez Serrato en su calidad de Asesora y de Norberto Varela Jaramillo en su calidad de Subdirector de Obras y Servicios Públicos. " b).- La inminente aprobación, por parte de las autoridades responsables, del punto de acuerdo transcrito en el inciso anterior, ya sea en sesión extraordinaria u ordinaria de cabildo. [.] De lo anterior, el acto reclamado se traduce en el análisis, discusión y aprobación de la rescisión laboral en el punto de acuerdo que en orden del día, de sesión de cabildo extraordinaria y ordinaria. Es así, dado que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: [.] I.- Somos empleados del Municipio de Pánuco, Zacatecas: la suscrita Luz Angélica Sandoval Rodríguez con el carácter de Encargada de Recursos Humanos, el suscrito Iván González Reyes con el carácter de Director de Alcoholes y Encargado del Área Municipal de Transparencia Municipal, la suscrita Blanca Aidé Ramírez Serrato con el carácter de Asesora y el suscrito Norberto Varela Jaramillo con el carácter de Subdirector de Obras y Servicios Públicos. II.- El actual Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, correspondiente a la administración municipal 2018-2021, lo integran doce personas, las ocho señaladas como autoridades responsables, así como el Ingeniero ABRAHAM CASTRO TREJO, en su carácter de presidente municipal, y los señores regidores: ZENAIDA IBARRA CASTRO, GAMALlEL HERNÁNDEZ VILLELA y JOSÉ ANTONIO JARA CARRILLO. III.- Por motivos que desconocemos, las ahora autoridades responsables se encuentran impregnadas de un sentimiento irracional y arbitrario de animadversión en nuestra contra, razón por la cual, sin haber los suscritos incurrido en hechos constitutivos de causal de rescisión de la relación laboral, pretenden someter a la consideración del Ayuntamiento del Municipio de Pánuco, Zacatecas, ya sea en sesión extraordinaria u ordinaria de cabildo, la aprobación de un punto de acuerdo con el objeto de, sin previa audiencia, rescindirnos la relación laboral que nos une con dicho Municipio y, con ello privarnos del derecho humano que tenemos a la estabilidad en el empleo. Punto de acuerdo que a continuación se transcribe: "Análisis, discusión y en su caso aprobación de la rescisión laboral de las Ciudadanas Luz Angélica Sandoval Rodríguez en su carácter de Encargada de Recursos Humanos, Iván González Reyes en su carácter de Director de Alcoholes y Encargado del Área Municipal de Transparencia Municipal, Blanca Aidé Ramírez Serrato en su calidad de Asesora y de Norberto Varela Jaramillo en su calidad de Subdirector de Obras y Servicios Públicos. " Siendo que el Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, funcionando en pleno, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria, previamente a los actos reclamados que ahora se atribuyen a las autoridades responsables: a). - No ha aprobado ningún tipo de acuerdo en el que determine iniciar e instaurar el procedimiento administrativo de la rescisión de la relación de trabajo por causas imputables a los suscritos, dentro del cual se nos respeten nuestras garantías de audiencia, defensa y legalidad jurídica; b). - No ha cumplido con el deber de notificarnos de manera personal, legal y por escrito, la determinación referida en el inciso anterior, que contenga con claridad los hechos que la motivan y la fecha o fechas en que se cometieron, señalando además con precisión las fechas de las audiencias o de la práctica de cualquier diligencia administrativa, tendiente a demostrar la comisión o no de los hechos que se nos imputan; c). - Como consecuencia de lo señalado en los dos incisos anteriores, tampoco se ha llevado a cabo la redacción y/o levantamiento de un acta de investigación administrativa, dentro de la cual el citado Ayuntamiento o su representante nos haya otorgado el derecho de audiencia y defensa, acta dentro de la cual haya tenido intervención la representación sindical, asentándose en ella los hechos, motivo de su origen, con toda precisión; la respectiva declaración de los suscritos como trabajadores afectados y la del representante sindical, si hubiésemos intervenido y querido hacerlo, así como las manifestaciones de las testigos o los testigos de cargo y descargo idóneos; diligencia dentro de la cual se nos hayan recibido las demás pruebas que pertinentemente procedan, y, por ende, no existe acta firmada en sus actuaciones por los interesados y quien haya intervenido en la misma, lo que haría, de igual forma, dos testigos de asistencia. [.] Siendo que el acto reclamado, como se ha dicho, se hace consistir en el análisis, discusión y aprobación de la rescisión laboral en el punto de acuerdo que, en orden del día, de sesión de cabildo extraordinaria. Ahora, el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII, 1°, 5°, fracción I y 6°, por su orden, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Como se puede advertir, de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico (o legítimo en los casos que así proceda) del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, las formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. En ese sentido, conforme al contenido del artículo 6 de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, Octava Época, que dice: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. Asimismo se cita la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138 del tomo XV-I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de febrero de 1995, con registro 209001, que dispone: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ello es así, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados; circunstancia no se actualiza en el caso. En efecto, pues del escrito inicial de demanda, el acto reclamado se traduce en el análisis, discusión y aprobación de la rescisión laboral en el punto de acuerdo que, en orden del día, de sesión de cabildo extraordinaria y ordinaria. De ahí que se considere a dicho acto reclamado, como futuro y de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado exista o pueda llegar a existir. En otras palabras, dado los antecedentes narrados por los promoventes del amparo, no se advierte la ineludible existencia de que se haya realizado la rescisión laboral de los quejosos, circunstancia, se reitera, que resulta incierta, pues se basan en meras suposiciones y conjeturas, sin que sea precisado ningún dato que objetivamente revele su existencia. Tan es así, que los quejosos señalan en la demanda de amparo lo siguiente: [.] b).- La inminente aprobación, por parte de las autoridades responsables, del punto de acuerdo transcrito en el inciso anterior, ya sea en sesión extraordinaria u ordinaria de cabildo. [.] De estimarse lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384 del tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro 313618, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables". Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a los quejosos en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. No pasa desapercibido para este tribunal federal el contenido de la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, en el caso se considera que dicha jurisprudencia no resulta aplicable. Ello se afirma, en virtud que en el presente caso existen las condiciones para determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado rescindir de la relación laboral a los quejosos. En ese sentido, la deposición vertida por la promovente adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no sea ofertada expresamente como prueba, pues son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, a través de un escrito por el cual comparecen ante este juzgado de Distrito. Al respecto se cita el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1993, Octava Época, con registro 214035, que dice: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. Por tanto, como ya quedó establecido que el acto reclamado no causa de momento un perjuicio a la parte impetrante del amparo, pues su constitución resulta futura e incierta, se torna indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos humanos que promueve ante este juzgado de Distrito los quejosos Luz Angélica Sandoval Rodríguez, Iván González Reyes, Blanca Aidé Ramírez Serrato y Norberto Varela Jaramillo, por su propio derecho, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, 5°, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior sin perjuicio de que una vez que el acto que reclaman cobre vigencia en la vida jurídica, dentro de alguno de los procedimientos de origen, pueda la parte promovente intentar de nueva cuenta la acción de amparo en tutela de sus derechos humanos. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa del improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos promovida. REPRESENTANTE COMÚN Toda vez que los quejosos no designaron representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, éste Juzgado designa como tal a Luz Angélica Sadoval Rodríguez, sin perjuicio que puedan designar a algún otro. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Eduardo Muñoz Arteaga (1880386), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no contar con ese requisito se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a Raúl González Perea. Sin que haya lugar a tener por señalado como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, toda vez que no constituyen un domicilio propiamente; por ende, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, se determina que el presente proveído, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, se practiquen a la parte quejosa por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

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