Ivan Gerardo Rodriguez Valencia
Expediente 903/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ivan Gerardo Rodriguez Valencia
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo III-903/2018-Ldel índice de este juzgado y comunica que mediante auto de quince de noviembre del presente año desechó el recurso de revisión interpuesto por -, contra el auto de veintidós de octubre pasado. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente copia del escrito de cuenta suscrito por el apoderado legal del quejoso -, a través del cual interpone recurso de revisión en contra del auto dictado el veintidós de octubre pasado en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación, se ordena distribuir entre las partes copia de los agravios respectivos y, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada con el original del escrito de agravios y una copia para el Representante Social de la Federación de su adscripción, dentro del término de tres días que dispone el precepto citado en último término. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondientes y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA.. DEL AUTO DE VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo 874/2018, mediante el cual informa que en proveído de fecha dieciocho de octubre de la presente anualidad, ese Tribunal declaró carecer legalmente de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, en tales condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-903/2018-L. Acúsese recibo de estilo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias consistentes en el toca de apelación I-254/2018 del índice del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; se ordenan formar un tomo de prueba por separado para facilitar su manejo. Ahora, del análisis de la demanda de garantías, promovida por Emilio Barrera Valdés, quien se ostenta apoderado del quejoso Iván Gerardo Rodríguez Valencia, carácter que tiene reconocido dentro del juicio de origen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS. La sentencia interlocutoria que se combate, constitutiva del acto reclamado, lo es la Sentencia interlocutoria dictada dentro del Toca de Apelación número I-I254/2018, dictada en fecha 13 TRECE DE Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, con motivo del recurso de Apelación hecho valer por la parte demandada, en contra de la SENTENCIA INTERLOCUTORIA, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1181/2017, que sobre Pago de Pesos y otras prestaciones promovieron los endosatarios en Procuración del Sr. Manuel Almazán Benítez, en contra de mi ponderante Iván Gerardo Rodríguez Valencia. En la que se resolvió ilegalmente el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento por lo que considero violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del aquí quejoso en términos de los Artículos 170, 171, y 172 fracción V, de la Ley de Amparo"." Para una mejor óptica del reclamo se procede hacer una narración de antecedentes. Dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1181/2017 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, demandó Juan Manuel Almazán Benítez, al aquí quejoso Iván Gerardo Rodríguez Valencia. Por auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez responsable admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil frente al aquí quejoso. Seguido por sus trámites y etapas procesales del juicio, el quejoso interpuso incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento y nulidad de embargo; por escrito presentado el diecisiete de abril del año en curso, el actor -, contesto la vista que se le dio del incidente. El pasado ocho de mayo, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán dictó sentencia interlocutoria a través de la cual se declaró improcedente dicho incidente, quedando subsistente el embargo y emplazamiento efectuado. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso, interpuso recurso de apelación, admitido el veintidós de agosto, mismo que fue turnado al Tribunal de Alzada, que por razón de turno le toco conocer al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Mediante resolución de trece de septiembre de la presente anualidad, el Magistrado responsable, resolvió el recurso de apelación planteado, mismo que confirmó la sentencia interlocutoria impugnada. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Numerales que establecen como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad, la propiedad. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas del quejoso cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. El acto reclamado en la demanda de cuenta, lo es la resolución trece de septiembre de dos mil dieciocho dentro del toca de apelación I-254/2018 del índice del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, que declaró infundado el recurso de apelación y confirmo la interlocutoria impugnada que resolvió el incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento. Así queda de manifiesto que dicha resolución reclamada no tiene sobre la parte quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo. Es así ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, posesión, entre otros; pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Será hasta el dictado de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, si la sentencia es adversa a los intereses legales de las peticionarias, pues de momento; sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, cuestión que como se dijo no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. De Igual forma, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, consultable en la página 1944, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)." Por lo antes expuesto y fundado, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado -, virtud a que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo 874/2018, mediante el cual informa que en proveído de fecha dieciocho de octubre de la presente anualidad, ese Tribunal declaró carecer legalmente de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, en tales condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-903/2018-L. Acúsese recibo de estilo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias consistentes en el toca de apelación I-254/2018 del índice del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; se ordenan formar un tomo de prueba por separado para facilitar su manejo. Ahora, del análisis de la demanda de garantías, promovida por -, quien se ostenta apoderado del quejoso -, carácter que tiene reconocido dentro del juicio de origen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS. La sentencia interlocutoria que se combate, constitutiva del acto reclamado, lo es la Sentencia interlocutoria dictada dentro del Toca de Apelación número I-I254/2018, dictada en fecha 13 TRECE DE Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, con motivo del recurso de Apelación hecho valer por la parte demandada, en contra de la SENTENCIA INTERLOCUTORIA, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1181/2017, que sobre Pago de Pesos y otras prestaciones promovieron los endosatarios en Procuración del - en contra de mi ponderante -. En la que se resolvió ilegalmente el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento por lo que considero violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del aquí quejoso en términos de los Artículos 170, 171, y 172 fracción V, de la Ley de Amparo"." Para una mejor óptica del reclamo se procede hacer una narración de antecedentes. Dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1181/2017 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, demandó -, al aquí quejoso - Por auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez responsable admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil frente al aquí quejoso. Seguido por sus trámites y etapas procesales del juicio, el quejoso interpuso incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento y nulidad de embargo; por escrito presentado el diecisiete de abril del año en curso, el actor -, contesto la vista que se le dio del incidente. El pasado ocho de mayo, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán dictó sentencia interlocutoria a través de la cual se declaró improcedente dicho incidente, quedando subsistente el embargo y emplazamiento efectuado. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso, interpuso recurso de apelación, admitido el veintidós de agosto, mismo que fue turnado al Tribunal de Alzada, que por razón de turno le toco conocer al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Mediante resolución de trece de septiembre de la presente anualidad, el Magistrado responsable, resolvió el recurso de apelación planteado, mismo que confirmó la sentencia interlocutoria impugnada. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV , por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Numerales que establecen como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad, la propiedad. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas del quejoso cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. El acto reclamado en la demanda de cuenta, lo es la resolución trece de septiembre de dos mil dieciocho dentro del toca de apelación I-254/2018 del índice del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, que declaró infundado el recurso de apelación y confirmo la interlocutoria impugnada que resolvió el incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento. Así queda de manifiesto que dicha resolución reclamada no tiene sobre la parte quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo. Es así ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, posesión, entre otros; pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Será hasta el dictado de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, si la sentencia es adversa a los intereses legales de las peticionarias, pues de momento; sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, cuestión que como se dijo no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con su apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Materia, se desecha la demanda de garantías. De Igual forma, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, consultable en la página 1944, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)." Por lo antes expuesto y fundado, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado -, virtud a que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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