Iván García Mijares Hernández
Expediente 2297/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2297/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2023
Partes del expediente
- Iván García Mijares Hernández
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil veintitrés. Autoridad informa sobre domicilio. Agréguese a los autos el oficio del Gerente General de Teléfonos de México en el Estado de Tlaxcala, a través de su representación, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, informa que no se localizó registro del domicilio de la parte tercera interesada ********************. Se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil veintitrés. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la comunicación oficial remitida electrónicamente por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto *** con número de orden *** del índice de este juzgado, el cual se le remitió para que en auxilio de este órgano jurisdiccional notificara a la parte quejosa el auto de veintiséis de diciembre del año en curso emitido en el cuaderno principal de este juicio. En ese contexto, se tiene por notificada a la parte quejosa; por tanto, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes, sin que resulte necesario acusar de recibo por haberse remitido de forma electrónica. Notifíquese.
- Principal
En veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con la demanda de amparo registrada con el número de folio 3027********************. Conste.San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo ********************/2022-VIII, de la que se advierten los siguientes datos: Litis constitucional. Parte quejosa. ********************y otros. Autoridades responsables: Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México; Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de la Ciudad de México; Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México; Jefe de Unidad Departamental de Jurídico y Normativa de la Penitenciaria de la Ciudad de México; Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México; Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México; Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, servidor público ********************, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección del Servicio Médico de la Penitenciaría de la ciudad de México, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría de Gobernación. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Decimosexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Contraloría de la Ciudad de México, Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Presidente de México. Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Subdirección de Enlace Administrativo de la Penitenciaría de la Ciudad de México. CEAVI y coordinador del CEAVI. Actos reclamados. 1) Reubicación de ********************del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. 2) Ataques y actos de coacción contra ********************por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la Ciudad de México y de custodio Víctor Joel Palma Escalante, rondines del tercer y segundo grupos y líderes coordinadores de proyectos A y B, del tercer grupo y segundo grupo de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1****************************************0. 3) Reubicación de ******************** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a otro dormitorio diverso o área que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como agresiones de custodio de tercer grupo de seguridad penitenciaria de nombre Rafael Mateo Arenas Tabares así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico, ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México ******************** quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 4) Reubicación de ******************** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia cinco a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 5) Reubicación de ******************** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 6) Reubicación de ******************** y ******************** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia doce a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 7) Reubicación de ******************** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. ********************) Reubicación de ******************** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia siete a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. ********************) actos de molestia, intimidación, extorsión y de coacción de custodios del segundo y tercer grupo de seguridad penitenciaria. 10) ******************** reclama la restricción de reubicación del dormitorio cuatro, ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal, así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia, así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con ********************y en represalia por su activismo de derechos humanos. 11) Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales. 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 15 Ley de Amparo de tracto sucesivo. 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 16) Discriminación. 17) Violación al principio pro persona. 1********************) Inaplicación de criterios internacionales. 1********************) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, mas fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 24) Intimidación y discriminación y coacción de parte de ******************** contra los quejosos. 25) Audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales. 26) La negación de reparación de filtración de agua en estancia once zona uno dormitorio cuatro. 27) Negación del servicio médico y dental. 2********************) Discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farías así como Víctor Hugo García Gutiérrez, Edgar Iván Arellano, Ahmed Espinosa Prado del segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México. 2********************) Actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 30) Obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la penitenciaria de la Ciudad de México. 31) Coacción de ******************** contra el quejoso ********************, ******************** e I******************** para reubicarlo forzosamente al área de población con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad psicofisica y psicoemocional y sin permitirle reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 32) Coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos donde supuestamente se desisten de los recursos. 33) Intimidación contra ******************** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la penitenciaría de la Ciudad de México por su afinidad con ********************y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 34) Restricción de reubicar a ********************, ******************** e ******************** al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y psicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 35) Intimidación contra ********************, I******************** y ******************** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con ********************así como reclaman la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y psicoemocional por su afinidad con ********************y esto es discriminación plena y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 36) Restricción de entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia. 37) Omisión de auxilio durante alerta sísmica por personal de seguridad y custodia de la Penitenciaría de la ciudad de México. 3********************) Actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México contra los quejosos cómo represalia por la certificación de estado psicofisico de los quejosos. 3********************) Negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI. 40) Actos de molestia y discriminación de los tres grupos de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México. Declaración de incompetencia. Ahora, con el propósito de resolver lo conducente a la competencia, se toma en consideración que dicha figura procesal constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Para tal efecto, es necesario precisar que la competencia en materia judicial es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. Asimismo, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Ahora, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia dentro de los cuales se encuentra la competencia territorial que distribuye las facultades para juzgar, o sea para decir el derecho, entre diversos órganos jurisdiccionales, según diferente asignación de límites geográficos. Los Tribunales Colegiados de Circuito y Colegiados de Apelación, así como los Juzgados de Distrito solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual está determinada en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, las reglas para fijar la competencia de las personas juzgadoras de distrito, por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, mismas que son, precisamente, las que constituyen la materia de estudio y que consisten en lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden tres reglas para determinar la legal competencia para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. Será competente la persona juzgadora de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente la persona juzgadora de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente la persona juzgadora de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, como quedó precisado, entre otras cosas, en el presente asunto se reclaman la orden de traslado a diverso centro de reclusión de la Penitenciaría de Ciudad de México, sin que se conozca con certeza a dónde podrían ser trasladados, y que si bien la mayoría de las Juezas y Jueces de Distrito del país fueron designados como autoridades responsables dentro del propio juicio de amparo; ello no implica que por ese hecho las personas juzgadoras carezcan de competencia legal para conocer del trámite y resolución del juicio de amparo (en tanto, no podían ser juez y parte en el juicio de amparo). Esto acorde a la regla de competencia contenida en el artículo 3********************, en relación con lo previsto en el numeral 51, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues el primero de los numerales constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 37 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro del mismo distrito y especialización, si lo hubiera y, en caso contrario, al más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. Lo que concatenado con el contenido de la fracción IV, del numeral 51 de la ley de la materia, que prevé las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse de su conocimiento, cuando tengan el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. En ese sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los conflictos competenciales ********************/2022 y ********************/2022, en sesiones de seis y veinte de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, en los cuales resolvió asuntos similares al que nos ocupa, promovido por el propio quejoso, sustentó el criterio en el sentido de que de la demanda de amparo se advierte: que los quejosos reclaman a los Jueces del Primero al Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, a los Jueces del Primero al Décimo Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la ciudad de México, y a los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, actos que se refieren a "violación al principio pro persona" e "inaplicación de criterios internacionales", sin señalar en qué acto concreto se realizaron esas violaciones. De lo anterior estableció, que no se trata de actos reclamados como tales, sino de conceptos de violación, de ahí que si esas violaciones no constituyen acto reclamados, entonces desaparece la condición para fincar la competencia a favor de los Juzgados de Distrito que no hayan sido señalados como autoridades responsables,, porque los jueces de todo el país no pueden ser considerados como autoridades responsables, porque no se les atribuye algún acto en particular, porque insistió, que de la demanda de amparo no se advierte que se les reclame algún acto en particular, únicamente se aducen violaciones del principio pro persona y la no aplicación de los tratados internacionales de los que México forma parte, lo cual se refiere a los actos verdaderamente reclamados por los quejosos, consistentes en el traslado con fines intimidatorios y por represalia de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México; a la reubicación por represalias y con fines intimidatorios y discriminatorios, de cada uno de los quejosos del dormitorio, zona, y estancia, en que se encuentran a un dormitorio, módulo diverso o área distinta, del centro de reclusión en el que están. De esa manera, el Tribunal Colegiado determinó que atendiendo a que el acto reclamado destacado es una orden de traslado de un centro penitenciario a otro indeterminado, teniendo certeza de que los quejosos se encuentran recluidos en un reclusorio de la Ciudad de México, el conflicto debía resolverse conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, derivado de las consideraciones anteriores y atendiendo a la demanda de amparo, se estima que la legal competencia para conocer del presente juicio de amparo, corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por tener jurisdicción en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, en términos del párrafo primero del artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciarán a materializar los actos de autoridad, atendiendo a que el acto reclamado destacado es una orden de traslado de un centro penitenciario a otro indeterminado y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. En tales condiciones, este Juzgado estima carecer de legal competencia para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ********************y otros; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 4******************** de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien se estima competente para conocer del juicio, por los motivos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. Conviene traer a colación, como hecho notorio la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que resolvió el conflicto competencial ******************** suscitado entre este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y el diverso Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero que en lo conducente estableció: "Ahora bien, este Tribunal Colegiado ha emitido criterio en el sentido de que, considerando que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman: la orden de traslado a diverso centro de reclusión de la Penitenciaría de Ciudad de México, sin que se conozca con certeza a dónde podrían ser trasladados, y que si bien la mayoría de los Jueces de Distrito del país fueron designados como autoridades responsables dentro del propio juicio de amparo; ello no implica que por ese hecho los jueces de Distrito designados carezcan de competencia legal para conocer del trámite y resolución del juicio de amparo (en tanto, no podían ser juez y parte en el juicio de amparo). Esto acorde a la regla de competencia contenida en el artículo 3********************, en relación con lo previsto en el numeral 51, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues el primero de los numerales constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 37 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro del mismo distrito y especialización, si lo hubiera y, en caso contrario, al más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. Lo que concatenado con el contenido de la fracción IV, del numeral 51 de la ley de la materia, que prevé las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse de su conocimiento, cuando tengan el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. En efecto, al resolver los conflictos competenciales ********************/2022 y ********************/2022, en sesiones de seis y veinte de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, este Tribunal Colegiado ha sustentado el criterio en el sentido de que de la demanda de amparo se advierte: que los quejosos reclaman a los Jueces del Primero al Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, a los Jueces del Primero al Décimo Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la ciudad de México, y a los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, los actos enumerados 17 y 1********************, que se refieren a "violación al principio pro persona" e "inaplicación de criterios internacionales", sin señalar en qué acto concreto se realizaron esas violaciones. De lo anterior se sigue, que no se trata de actos reclamados como tales, sino de conceptos de violación, de ahí que si esas violaciones no constituyen acto reclamados, entonces desaparece la condición para fincar la competencia a favor de la Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, porque los jueces de Distrito de todo el País no pueden ser considerados como autoridades responsables, porque no se les atribuye algún acto en particular, como tampoco se justifica que se haya excluido a los Jueces de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la capital, para decir que ellos son competentes por estar más cercanos a la Ciudad de México, porque se insiste, de la demanda de amparo no se advierte que se les reclame algún acto en particular, únicamente se aducen violaciones del principio pro persona y la no aplicación de los tratados internacionales de los que México forma parte, lo cual se refiere a los actos verdaderamente reclamados por los quejosos, consistentes en el traslado con fines intimidatorios y por represalia de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México; a la reubicación por represalias y con fines intimidatorios y discriminatorios, de cada uno de los quejosos del dormitorio, zona, y estancia, en que se encuentran a un dormitorio, módulo diverso o área distinta, del centro de reclusión en el que están. De esta manera, atendiendo a que el acto reclamado destacado es una orden de traslado de un centro penitenciario a otro indeterminado, teniendo certeza de que los quejosos se encuentran recluidos en un reclusorio de la Ciudad de México, el conflicto debe resolverse conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La disposición legal transcrita establece tres supuestos en que puede darse la competencia de los Jueces de Distrito, por razón de territorio, a saber: a) Es juez competente el que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Respecto de las hipótesis marcadas con los incisos a) y b) tienen en común que el acto reclamado sea ejecutable, ya sea porque se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, o bien porque su ejecución empiece en un distrito y continúe ejecutándose en otro; aunque también contienen diferencias, pues en la primera hipótesis se requiere que el Juez de Distrito tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; mientras que en la segunda hipótesis, si el acto reclamado comenzó a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro distrito, es juez competente en donde se presente la demanda. Por lo que se refiere al tercer supuesto, no requiere otra interpretación más que la literal, es decir, que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Derivado de ello, al ser uno de los actos reclamados la orden de traslado de los quejosos a un diverso centro de reclusión, resulta obligado atender lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis ********************0/2007, en cuya ejecutoria se determinó que, por su naturaleza jurídica, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que la persona de que se trata es ingresada en el otro centro penitenciario. En el caso, los quejosos señalaron como actos reclamados: la orden de traslado a diverso centro de reclusión de la Penitenciaría de Ciudad de México, así como el traslado del dormitorio en el que se ubican a otro dormitorio situado en diverso módulo o área; sin ser específicos, en indicar a cuál centro de reclusión en concreto se realizará tal traslado. De ahí que, solo se tiene noticia cierta del lugar en el que se encuentran recluidos, por ende, solo se tiene certeza respecto de dónde empezarán a ejecutarse tales actos, esto es, en la Penitenciaría de la Ciudad de México, donde los solicitantes del amparo afirmaron estar recluidos; por lo que la competencia para conocer del asunto se surte a favor de un Juez de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar donde los quejosos se encuentren recluidos. (.) Lo así expuesto, permite concluir que debido a la naturaleza del acto reclamado y la circunstancia de que éste pudiera tener ejecución en más de un distrito judicial, en un primer momento, que la competencia debe recaer en favor de uno de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Entonces, como de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro indeterminado, solo se tiene la certeza respecto de dónde empezarán a ejecutarse tal acto, o si únicamente van a ser cambiados de celda y zona en la Penitenciaría de la Ciudad de México, donde los solicitantes del amparo afirmaron estar recluidos, se colige que la competencia para conocer del asunto le corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por tener jurisdicción en el lugar donde los quejosos se encuentren recluidos, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación en ese sentido. No pasa inadvertido para este órgano colegiado que la demanda de amparo no contiene firma autógrafa ni evidencia criptográfica, puesto que ello no es materia del conflicto competencial, además de que en su caso debe ser motivo de prevención para que se cumpla con el requisito atinente No varía el sentido de esta decisión el que se reclame la inconstitucionalidad del reglamento "empleado por las responsables", pues al margen de que no indican acto concreto de aplicación del mismo, ello en todo caso sería materia de prevención aclaratoria que se llegara a formular a los peticionarios a fin de establecer, de ser el caso, si coinciden con los actos de reubicación que también cuestionan. Las consideraciones aquí sustentadas también fueron aplicadas por este Tribunal Colegiado al resolver los conflictos competenciales números ********************/2022 y ********************/2022, en sesiones de seis y veinte de octubre de dos mil veintidós, respectivamente. Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se declara legalmente competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer del juicio de amparo indirecto número ********************/2022, lugar en donde inicia la ejecución de los actos reclamados, a quien se ordena la remisión de los autos para que se avoque a su conocimiento." Suspensión de plano: El artículo 4********************, párrafo primero, de la ley de la materia, dispone que cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por lo tanto, atento a la naturaleza de los actos que se reclaman, este juzgado federal emite los siguientes pronunciamientos. En primer lugar, es necesario puntualizar que el artículo 145 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." Dicho artículo establece que cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo [promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades], se debe dejar sin materia el incidente de suspensión. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 227/2011, sostuvo [respecto a la Ley de Amparo abrogada] que el fin de declarar sin materia el incidente de suspensión en esos casos es evitar conductas dolosas por parte de los litigantes. Por lo tanto, se concluye que cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo [promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades], se debe declarar sin materia el incidente de suspensión. Sustenta lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial de la Primera Sala del Alto Tribunal: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE PRUEBE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE ESA MEDIDA CAUTELAR EN OTRO JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SUCEDA, INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE LA DEFINITIVA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; lo cual sucederá sin importar el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, porque en la Ley de Amparo se eliminó la precisión de que sería en la audiencia incidental en la que debía probarse la existencia de un juicio de amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la suspensión, es decir, el legislador quiso dejar abierta la posibilidad de que se dejara sin materia el incidente, incluso después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar." Ahora bien, en el caso concreto, de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional, se advierte la existencia de los diversos juicios de amparo ********************/2022-IV, ********************/2022-IV, 73********************/2022-II, ********************/2022-VIII, ********************/2022-VII, ********************00/2022-VIII, ********************36/2022-I, ****************************************5/2022-VII y su acumulado ****************************************6/2022-VIII, ********************/2022, y ********************/2022 los cuales se traen a la vista como hecho notorio. Del análisis de dichos asuntos se advierte que se emitió un pronunciamiento en torno a la suspensión de plano solicitada, con motivo de la demanda de amparo promovida por los ahora quejosos, en el sentido de concederla respecto de algunos de los actos que se controvierten en esta demanda. En ese contexto, de las constancias que este órgano jurisdiccional tiene a la vista, se advierte que en los juicios de amparo indirecto ********************/2022-IV, ********************/2022-IV, 73********************/2022-II, ********************/2022-VIII, ********************/2022-VII, ********************00/2022-VIII y ********************36/2022-I, ****************************************5/2022-VII y su acumulado ****************************************6/2022-VIII, ********************/2022 y ********************/2022, del índice de este Juzgado Federal, ya se emitió un pronunciamiento sobre la suspensión de plano solicitada por los quejosos. Asimismo, en algunos de esos juicios se requirió a las autoridades responsables adoptaran las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los quejosos, con la finalidad de que no sean objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Ante tal circunstancia, no es dable pronunciarse nuevamente respecto de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, pues de esta forma se desincentiva que las partes promuevan diversos juicios de amparo contra los mismos actos con el fin de obtener la medida cautelar solicitada. Al respecto, cobra aplicación al caso, por analogía, la siguiente tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, SIN MATERIA, POR HABERSE CONCEDIDO OTRA. Si ya se concedió la suspensión en un juicio de amparo directo promovido en contra del laudo, la nueva suspensión solicitada en el amparo directo promovido en contra de la mencionada resolución debe declararse sin materia, de conformidad con el artículo 134 de la Ley de Amparo, interpretado por mayoría de razón, en virtud de que resulta ilógico que sobre la decisión en materia de suspensión tomado por la autoridad a la que le corresponde, se haga otra declaración en relación con el mismo punto." También es aplicable al caso, por identidad de razones, el siguiente criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DEBE DEJARSE SIN MATERIA CUANDO APAREZCA DEBIDAMENTE PROBADO QUE YA SE RESOLVIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL MISMO ACTO RECLAMADO EN OTRO JUICIO DE AMPARO, PROMOVIDO ANTERIORMENTE POR EL MISMO QUEJOSO EN CONTRA DE LAS PROPIAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Hechos: El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano en contra de los actos reclamados en un juicio de amparo interpuesto de conformidad con los artículos 15, 10******************** y 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, la autoridad responsable acreditó en el informe relativo, que previamente otro Juez de Distrito había concedido la medida cautelar respecto de los mismos actos reclamados por el propio quejoso. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que el artículo 145 de la Ley de Amparo es aplicable por analogía a la suspensión de plano y, en esa medida, también es conducente dejar sin materia la medida cautelar oficiosa, cuando en autos quede debidamente probado un previo pronunciamiento sobre la medida suspensional. Justificación: El artículo 145 referido establece que cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión. Disposición normativa que debe estimarse aplicable, por analogía, a la suspensión de plano prevista en el citado artículo 126, ya que al resolver la contradicción de tesis ********************/********************3, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la suspensión de plano es equiparable a la suspensión definitiva que se decreta en el incidente respectivo, en tanto que surte sus efectos hasta que se decide en definitiva el juicio principal, sólo que sin estar sujeta a una resolución interlocutoria; aunado al hecho de que en la diversa contradicción de tesis 227/2011, la Primera Sala del Alto Tribunal precisó que la finalidad de dejar sin materia la providencia precautoria es desalentar una conducta dolosa del quejoso, o de quien promueve la instancia constitucional en su nombre, con el único objetivo de retardar injustificadamente la ejecución de los actos reclamados." No se soslaya que en la presente demanda de amparo se agregan actos novedosos, como lo es la negación del servicio médico y dental; obligación de realizar fajina, restricción de otorgar ropa de lluvia y actos de coacción para desistirse de diversos juicios de amparo promovidos; sin embargo, dichos actos no son urgentes, pues dadas las circunstancias y el contexto relatado por los quejosos, no se advierte que tales actos puedan afectar gravemente la dignidad e integridad personales. Así es, de los artículos 125, 126 y 12******************** de la Ley de Amparo, se advierte que debe proveerse de oficio y de plano sobre la suspensión, entre otros casos, cuando se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; sin embargo, no cualquier molestia, justificada o no, que derive de la reclusión en un centro penitenciario amerita la concesión de esa medida cautelar, sino actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes respecto de los cuales este juzgado federal ya emitió un pronunciamiento en algunos de los precedentes que antes se citaron. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las instalaciones de la penitenciaria de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 2**************************************** y 2**************************************** del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en comento, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a fin de que comisione personal a su digno cargo para que realice lo siguiente: Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se efectúe la notificación personal a la parte quejosa en el centro penitenciario señalado para tal efecto; Le corra traslado a la parte quejosa con el contenido de este auto en el que se declina competencia para conocer del juicio de amparo indirecto; Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles; en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, y, Por último, hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5°, 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de conformidad con lo establecido en el artículo ********************°, del propio reglamento, puede ejercer el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ********************. Lo anterior, sin perjuicio que en diverso momento la parte quejosa designe a alguno de los demás quejosos. Háganse las anotaciones conducentes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Por otro lado, se solicita al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del presente juicio de amparo, se sirva a acusar el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, a fin de ordenar el archivo del presente asunto. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-1******************** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 12******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/200********************, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y ********************, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, ********************º, ********************º, 67, fracción II, 6********************, ****************************************, 104, 10********************, 110, 113, 117 y 11******************** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 11********************, 11******************** y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese; y personalmente por exhorto a la parte quejosa.
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