Ivan García Martínez
Expediente 917/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Ivan García Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
I. Estado de autos. De la certificación anterior, se advierte que en los incidentes de suspensión derivados de este juicio fueron concedidas tanto la suspensión provisional como la definitiva; asimismo, que al ordenarse el archivo no fueron valorados los cuadernos incidentales. II. Regulariza valoración. En atención a lo expuesto, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza dicha valoración en los siguientes términos: Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1. del Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva, en su caso la interlocutoria que determina la violación de la suspensión. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente y sus cuadernos incidentales; de ahí que el plazo para su depuración empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar. III. Devolución de Anexos (Discos). Toda vez que resulta innecesario que obren diversos discos ópticos, remitidos por la autoridad responsable, devuélvanse los mismos sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remiten, resulta apta para acreditar su recepción. III. Se pone a disposición memoria USB Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que derogó el diverso Acuerdo 1/2001; de conformidad con el artículo décimo primero del acuerdo en comento, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, acuda ante este Juzgado a recibir la memoria USB que fue adjuntada al presente juicio, apercibido que de no hacerlo será destruida junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito presentado por ***en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada del presente juicio y la devolución de la memoria USB que se anexó con la demanda de amparo. Al respecto, dígasele que las cuestiones sobre las que versa su ocurso, deberán ser peticionadas por la parte directamente quejosa. En efecto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. "En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." El primer párrafo transcrito prevé que la parte quejosa podrá autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá amplias facultades para realizar cualquier acto procesal relacionado con el juicio constitucional, que favorezcan los intereses del autorizante, así como el interponer recursos, inclusive. Así, en la disposición legal en comento, se hace una referencia de diversos actos que puede realizar el autorizado por el quejoso en términos amplios de dicho numeral y señala, además, que podrá "realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante", de donde se infiere que dicha autorización implica una diversidad importante de facultades, las cuales inician desde el momento de la presentación de la demanda y subsisten mientras existan actos que realizar en relación con este medio de control constitucional para defensa de los derechos del autorizante. Es aplicable, de manera ilustrativa, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIV/98, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA." Luego, si el catorce de julio de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, es evidente que ya no existe actuación alguna que realizar dentro de este sumario para la defensa de los derechos del autorizantes y, por tanto, en el caso concreto, no subsiste la autorización otorgada a la promovente. De ahí, que la petición de copias y la devolución del documento de referencia, en todo caso deberá ser solicitada por la parte quejosa. Notifíquese.
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Visto el cuaderno de antecedentes que contiene el escrito presentado por la licenciada ***, en su carácter de autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, el cual se reservó acordar lo conducente en proveído de nueve de junio del presente año; en esas condiciones, agréguese el mismo únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido y archivado. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos y la razón que antecede, se desprende que el quejoso ratificó el escrito en el que manifestó su intención de desistir del presente juicio. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 63, fracción I, a pesar de que se haya externado con posterioridad a la fecha en que este juzgador dictó resolución en esta primera instancia, porque, además de que no ha causado ejecutoria, el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y este órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. (...) En esas condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia dictada ha causado ejecutoria por ministerio de la ley, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. (...) Notifíquese.
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