Iván Flores Ponce
Expediente 298/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Iván Flores Ponce
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de primero de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el impedimento 1/2019, así como el juicio de amparo 1398/2018 promovido por Iván Flores Ponce, por propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad; al haber declarado fundado el impedimento planteado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Acúsese el recibo de estilo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 298/2019 y fórmese el expediente respectivo. DESECHAMIENTO Ahora, a fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, motivo por el cual se efectuará el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Así como la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, página 730, Novena Época de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En esencia, las tesis anotadas señalan que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; aunado, que este motivo sea "manifiesto", es decir, cuando se advierte en forma clara y absoluta de la lectura de la demanda de garantías; además, que también sea "indudable", lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata encuadra en el caso concreto. En el caso a estudio, de la demanda de amparo se advierte que el promovente Iván Flores Ponce, esencialmente señala como acto reclamado, el auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio familiar 823/2018-I, donde se señaló el cinco de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio del quejoso. En efecto, conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En el presente caso, se reitera que el quejoso Iván Flores Ponce, reclama esencialmente, el auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio familiar 823/2018-I, donde se señaló el cinco de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos. Ahora, como se dijo, se estima que en el caso se actualiza la citada causal de improcedencia, en atención a las consideraciones siguientes. Es menester establecer que de la interpretación de los artículos 22, 115 y 117 de la ley de la materia, establecen, en la parte que interesa, que recibida la demanda de amparo, de no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la misma; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días hábiles siguientes; pedirá informe con justificación a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; hecho lo anterior, se dará vista a las partes, para que en un lapso de ocho días se impongan del contenido del informe. De lo anterior, se desprende que, de admitirse a trámite la demanda de amparo en esta data, deberá fijarse dentro de los treinta días hábiles siguientes, una fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, atendiendo a la agenda de audiencias y a la carga de trabajo que se lleva en este órgano jurisdiccional, y tomando como base para su cómputo el uno de marzo de dos mil diecinueve, se fijaría hasta el uno de abril de dos mil diecinueve; por lo que considerando que se emita sentencia en la misma fecha, ya habría transcurrido la fecha señalada en el auto impugnado (cinco de marzo de dos mil diecinueve) para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen. En este sentido, si, en el caso, la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la fecha señalada para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen (cinco de marzo de dos mil diecinueve) y, en su lugar, dictara otra; ello evidencia que, de concederse el amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, en la medida en que sería física y jurídicamente imposible para la responsable señalar una fecha más próxima para la celebración de la referida audiencia, además de que también sería imposible retrotraer el tiempo transcurrido entre el dictado del acuerdo reclamado y la fecha señalada por la responsable para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio de origen Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente la demanda de amparo, pues de darse trámite a la misma, y aunque pudieran resultar fundados los conceptos de violación, se estaría en imposibilidad de concretar a favor del peticionario de amparo los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirlo en el goce del derecho fundamental violado (impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo; además, la probable infracción no podrá ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, y ningún fin práctico tendría dar trámite a la demanda y conceder la protección constitucional solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente la inconforme. En apoyo de lo anterior se cita la tesis visible en la página 2868, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De igual forma, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página nueve, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." En las condiciones indicadas, al quedar de manifiesto que en la especie, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Iván Flores Ponce, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Ramírez Santiago, Azucena Abarca Villagómez y Brianda Jolotzy Viridiana López Hesiquio, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, empero no ha lugar a tener como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Briseida Elizabeth Abarca Aries, José Eduardo Hernández Martínez, José González Villalobos, Raúl De La O Muñoz y Amairani Reyes Juárez, toda vez que de acuerdo a la certificación de cuenta no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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