Ivan Enrique Flores Contreras
Expediente 566/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ivan Enrique Flores Contreras
Actuaciones
- Principal
HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO, SE REMITE AL ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO CON LA INDICACION DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el escrito de demanda presentada por Iván Enrique Flores Contreras por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de lo Penal con residencia en Mexicali, Baja California; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como 566/2015-1A. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, es decir, sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifestó" significa claro o evidente, mientras que "indubitable" significa cierto o seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior es aplicable la tesis jurisprudencial I.6°.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo formulada por el propio promovente, en contra del acto que reclamó del Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que es el previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. El citado precepto legal, establece lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Del precepto anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley ordinaria, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse al juicio de amparo cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el auto que se combata. En este orden de ideas, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La determinación de catorce de septiembre de dos mil quince, por el Juez Tercero de lo Penal, en la cual se declara improcedente la solicitud del quejoso, de cancelación de sus antecedentes penales, en la causa penal número 644/1997, del índice de la autoridad judicial responsable. Por su parte, el artículo 317 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, dispone lo siguiente (se añade subrayado): "ARTÍCULO 317.- Resoluciones Impugnables en Revocación.- El recurso de revocación es admisible en la primera instancia, contra los autos que no son apelables, y en la segunda, en contra de todos los que se pronuncien antes de la sentencia, con excepción, en ambos casos, de las resoluciones que la Ley expresamente declare no impugnables. Sin embargo, ningún Juez ni Tribunal podrá revocar la sentencia que dicte." De lo anterior se colige que en contra del auto en el que se declaró improcedente la solicitud de cancelación de antecedentes penales de Iván Enrique Flores Contreras, en la causa penal número 644/1997, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, procede el recurso de revocación. Lo anterior, con base en que esa actuación judicial no constituye alguna de las resoluciones en contra de las cuales procede el recurso de apelación, en términos del artículo 320 del propio ordenamiento procesal, que a la letra establece: "ARTÍCULO 320.- Resoluciones Apelables.- El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: I.- Las sentencias definitivas, hecha excepción de las sentencias dictadas por los Jueces de Paz; II.- Los autos que decreten el sobreseimiento; III.- Los autos que nieguen o concedan la suspensión del procedimiento judicial, y los que concedan o nieguen la acumulación o separación de expedientes; IV.- Los autos de formal procesamiento y los de falta de elementos para procesar; V.- Los autos que concedan o nieguen cualquier tipo de libertad; VI.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VII.- Los autos que desechen pruebas; VIII.- Los autos que nieguen la radicación, la orden de aprehensión o de citación para preparatoria, que serán recurribles solo por el Ministerio Público. IX.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial o el arraigo de indiciado; X.- Los autos en que el Juzgado se declare competente o incompetente, así como los que concedan o nieguen la recusación; y XI.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de la detención, a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; y XII.- Las demás resoluciones que señale la ley." En estas condiciones, al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del auto que el promovente aquí reclama, de manera evidente se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se observó el principio de definitividad. Por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR IVÁN ENRIQUE FLORES CONTRERAS; esto es así, dado que en contra del acto judicial reclamado, procede un recurso ordinario, por lo que es manifiesto e indudable el motivo de improcedencia que se actualiza en el asunto a estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que encuentra sustento en la tesis I.3o.C.64 K (10a.), consultable en la página 2295 del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Sin que se actualice alguno de los casos de excepción al mencionado principio de definitividad, ya que el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; el acto reclamado tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; además de que el promovente no es persona extraña al procedimiento. Lo anterior encuentra sustento en la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), consultable en la página 3141 del Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO." Se tiene como domicilio procesal el precisado en el escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que señala el promovente, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Daniel Mieamon Angulo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales en este expediente; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Por último, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Héctor Guzmán Castillo Juez Segundo de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.
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