Ivan Ennio Canales Cruz
Expediente 526/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2018
Partes del expediente
- Ivan Ennio Canales Cruz
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho ; este órgano jurisdiccional resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Los efectos de ese otorgamiento consisten en lo siguiente: "(.) En consecuencia, al haberse declarado parcialmente fundado el concepto de violación analizado, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. EFECTOS DEL AMPARO OTORGADO A propósito del otorgamiento del amparo, el tribunal señalado como autoridad responsable, deberá efectuar las actuaciones siguientes: 1. Dejar sin efectos la sentencia reclamada, dictada el seis de julio de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad 3523/16-11-02-2-2-OT. 2. Dictar otra en la que, reitere las razones por las que determinó procedente declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, pero se pronuncie sobre los efectos que debe imprimir a dicha nulidad, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia número 2a./J 133/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 'NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS., así como en la ejecutoria que le dio origen. (.)". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Consecuentemente, mediante oficio 11-2-2-32275/18, de ocho de junio de dos mil dieciocho, el magistrado presidente de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma fecha, de la que se advierte que se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente : "(.) SEGUNDO. En estricto cumplimiento al numeral 1 de los efectos del amparo concedido, establecidos en el último considerando de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 526/2017, se precisa que por auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, los suscritos dejaron insubsistente la sentencia definitiva de seis de julio de dos mil diecisiete. (.) En el considerando décimo, siguiendo los lineamientos expresados en el último considerando de la ejecutoria que se cumplimenta, se declarará la nulidad de las resoluciones impugnadas, para el efecto de que quede a discreción de la autoridad reponer el procedimiento o dictar una nueva resolución, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia número 2a./J. 133/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS', así como en la ejecutoria que le dio origen. (.) DÉCIMO.- En las relatadas consideraciones, se estima que no existe algún otro argumento de agravio pueda generar mayor beneficio a los previamente estudiados, en tal virtud, de conformidad con lo analizado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo, con fundamento en los artículos 1°, párrafo segundo, 51, fracciones II y III, 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida y la negativa ficta impugnada que la confirma, declaratoria de nulidad que, en estricto acatamiento de la ejecutoria que se cumplimenta, al tratarse de una resolución que deriva de la emisión de una revisión de gabinete expedida con base en la facultad discrecional que se encuentra conferida a la autoridad en el artículo 16 constitucional, debe ser para el efecto de que, a discreción de la autoridad, si así lo estima conveniente y aún no han caducado sus facultades: '1. Reponga el procedimiento fiscalizador a partir de la violación cometida. 2. Hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que: (.)'. En ese sentido, toda vez que la resolución impugnada derivó del ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad, en caso de que decidiera reponer el procedimiento y emitir un nuevo acto en el ejercicio de dichas facultades, la citada autoridad cuenta con el plazo de cuatro meses una vez que quede firme el presente fallo, de conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para este tribunal, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor, misma que establece literalmente lo siguiente: (Se transcribe). (.)" [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Del contenido de dicha sentencia, cuya copia certificada se tiene a la vista, se observa que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, puesto que dejó insubsistente la sentencia reclamada, y emitió otra en la que reiteró las razones por las que determinó procedente declarar la nulidad de las resoluciones, y se pronunció sobre los efectos que debió imprimir a dicha nulidad, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 133/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, dicha sala determinó lo siguiente: "(.) 1. Reponga el procedimiento fiscalizador a partir de la violación cometida y confiera plazo de ley a la parte actora, a fin de que ésta se manifieste y haga valer lo que a su derecho corresponda, en relación con la información y documentación obtenida de la compulsa realizada al tercero Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey que le fue notificada al momento, a su vez, de notificarle la resolución recurrida y que sirvió como sustento, en parte, para estimar ingresos acumulables presuntos a la actora. 2. Hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que: a) Valore las manifestaciones y pruebas que en su caso haya hecho valer la actora en relación con la información y documentación obtenida de la compulsa realizada al tercero Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey. b) Valore la prueba presuntamente aportada por la parte actora mediante escrito ingresado el treinta de septiembre de dos mil quince, ante la autoridad fiscal, consistente en el contrato de préstamo (mutuo) celebrado con el C. Armando Schiavan Monroy, esto a fin de determinar si con tal documental se desvirtúa o no como ingreso acumulable, la cantidad de $262,200.00 (doscientos sesenta y dos mil doscientos pesos), que hizo valer en ese escrito. c) Se pronuncie de manera directa en relación con las pruebas presuntamente aportadas por la parte actora mediante escrito ingresado el once de septiembre de dos mil quince, ante la autoridad fiscal, consistentes, entre otros, en estados de cuenta y los comprobantes fiscales que la actora exhibió en relación con los gastos efectuados, entre otros, con las empresas Volkswagen Leasing, S.A. de C.V. y las demás empresas señaladas en esos apartados de la resolución recurrida, esto a fin de determinar si con tal documentación se desvirtúa o no el rechazo de las deducciones y acreditamientos en cantidades, entre otros, de $127,852.57 (ciento veintisiete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 57/100) y $291,914.57 (doscientos noventa y un mil novecientos catorce pesos 57/100), como lo hizo valer en ese escrito. d) Se pronuncie de manera directa en relación con las pruebas presuntamente aportadas por la parte actora mediante escrito ingresado el once de septiembre de dos mil quince, ante la autoridad fiscal, consistentes, entre otros, en estados de cuenta y los comprobantes fiscales que la actora exhibió en relación con los gastos efectuados, entre otros, con la empresa Parisauto de Satélite, S.A. de C.V. por la compra de un vehículo de la marca Peugeot, en cantidad total de $214,900.00 (doscientos catorce mil novecientos pesos), con un impuesto al valor agregado desglosado en cantidad de $29,641.38 (veintinueve mil seiscientos cuarenta y un pesos 38/100) y un precio original de $185,258.62 (ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 62/100), esto a fin de determinar si con tal documentación se desvirtúa o no el rechazo de las deducciones y acreditamientos relativos a la compra de dicho vehículo, en su modalidad de depreciación, como lo hizo valer en ese escrito. e) Hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho corresponda, reproduciendo, en lo conducente, las partes que han quedado intocadas a través de este fallo. En ese sentido, toda vez que la resolución impugnada derivó del ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad, en caso de que decidiera reponer el procedimiento y emitir un nuevo acto en el ejercicio de dichas facultades, la citada autoridad cuenta con el plazo de cuatro meses una vez que quede firme el presente fallo, de conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (.)". Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Así, hágase saber a la parte quejosa y tercero interesada que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta, y anexos que acompañan, por medio de los cuales, en el primero, se acusa recibo del oficio por el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente asunto y los autos originales del juicio de nulidad 3523/16-11-02-2-OT; asimismo, en el diverso oficio, remite copia certificada de la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciocho, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada.
- Juicio de Amparo Directo
Se resuelve: --- "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a (.)".
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