Iván Eliuth Perlata Campos
Expediente 1176/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Maythe Chávez Hernández
- Iván Eliuth Perlata Campos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el licenciado Julio Ángel Lagunas Moreno, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso Iván Eliut Perealta Campos, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió adjuntos a su escrito de demanda; en su atención, realícese la devolución de los mismos, previas copias certificadas que obren en su lugar y previa razón de recibo que obre en autos para debida constancia. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ***; en atención a la prevención realizada en autos, hace del conocimiento que la demanda de amparo promovida es en carácter de apoderado legal de ***, circunstancia de lo cual se toma conocimiento. DETERMINACIÓN En atención a lo anterior y tomando en consideración que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto es: La resolución de veintisiete de agosto de este año, dictado en el toca 145/2021-II en la que resuelve la no admisión de agravios, así como el de ofrecer pruebas que oferto en su escrito de veinticinco de febrero de este año, al resultar extemporáneos. Precisado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquéllos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa derechos sustantivos. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. " En efecto, respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende al acto aquí reclamado, se trata de una violación formal, que no reúne esas características (ejecución de imposible reparación), ya que no afecta materialmente derechos sustantivos del promovente de amparo; pues en su caso, solo podrán afectar derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, ya que surge en un plano meramente procesal. Se llega a dicha conclusión, ya que contra dicha resolución de veintisiete de agosto de este año, en la que resuelve la no admisión de agravios, así como el de ofrecer pruebas que oferto en su escrito de veinticinco de febrero de este año, al resultar extemporáneos, no es procedente el juicio de amparo, dado que no se afectan los derechos sustantivos de la parte agraviada, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado del fallo correspondiente, en que el material probatorio es valorado, el que incluso puede ser favorable a su intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso dicho fallo definitivo, en que se podrá hacer valer dichas violaciones procesales. Al respecto es aplicable por su contenido la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006589, de rubro que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como la diversa jurisprudencia C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro 2006338, de rubro y texto, siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ***, por el cual exhibe copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas otorgado mediante escritura pública ***, con el cual acredita su personalidad como apoderado legal de ***, misma que se ordena su devolución previa certificación de las copias simples agregadas y previa constancia de recibo que obre en autos para debida constancia. En su atención, se le tiene pretendiendo dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que en dicho acuerdo, se requirió a la parte quejosa para que dentro el término de cinco días señalara lo siguiente: "a) Informe si la demanda que presenta es por propio derecho o en su carácter de apoderado legal de ***, en virtud que de su escrito de demanda dice interponerla por propio derecho, sin embargo de los anexos que acompaña de advierte se ostenta como apoderado legal. b) En caso de ostentarse en carácter de apoderado legal de ***, acredite fehacientemente dicha personalidad." Luego, dado que la ocursante mediante la promoción que se acuerda se limita únicamente a anexar copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas otorgado mediante escritura pública ***, con el cual acredita su personalidad como apoderado legal de ***, motivo de la prevención realizada, siendo omiso en señalar si la demanda presentada es por propio derecho o en su carácter de apoderado legal de *** Por tanto, a fin de que este órgano se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho resulte procedente, debido a que el escrito mediante el cual el promovente pretende dar cumplimiento a la prevención, se presentó el día veintiocho de septiembre de los corrientes, y el termino concedido para desahogar dicha prevención corre a partir de la misma fecha, dígasele que puede dar cumplimiento al requerimiento antes del vencimiento de los cinco días concedidos mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, concediéndose un día más a partir de la legal notificación de este proveído para que este en aptitud de realizar lo solicitado, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, y exhiba copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes. Se invoca por analogía, la jurisprudencia 2ª/J.106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, noventa época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." En el entendido que conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de la materia, se previene a la parte quejosa, para que exhiba las copias necesarias de su escrito con el que cumpla de manera íntegra con la prevención otorgada en acuerdo de veintidós del mes y año en curso. Tiene aplicación, en los mismos términos que el criterio jurisprudencial anterior, la jurisprudencia P./J. 36/2001, publicada en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en el término señalado, se tendrá por no presentado el escrito que se provee y se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar por edictos a la tercero interesada ***, sin que a la fecha obren los mismos. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MIUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la misma. Notifíquese
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