Iván Eduardo Segura Perales

Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
115/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Iván Eduardo Segura Perales

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la constancia de cuenta levantada por el actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente a los quejosos Teresa Perales Moreno e Iván Eduardo Segura Perales, el proveído de ocho de febrero del año en curso, emitido dentro del presente asunto, esto es, por que el domicilio señalado para oír y recibir citas y notificaciones, no lo localizó y fue informado por el delegado de la Ranchería Boquerón que la numeración es imprecisa y que la citada Ranchería está dividida en tres secciones, así también preguntó a vecinos del lugar si conocían a prenombrados quejosos y nadie supo darle referencias de ellos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquese a los aludidos quejosos y autorizados el citado proveído, por lista de acuerdos, así como los subsecuentes aun los de carácter personal. Notifíquese y cúmplase. ACUERDO VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; se tiene por recibido el oficio de cuenta, con el cual la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió el original del juicio de amparo directo al que anexó el original del juicio de amparo directo 34/2021, de su índice, y un tomo de prueba consistente en el toca civil 112/2020-II; lo anterior por carecer de competencia el tribunal de su adscripción para conocer del referido juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto; y se tiene a Teresa Perales Moreno e Iván Eduardo Segura Perales, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman de los Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, y otra autoridad, con sede en esta ciudad, que estiman violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal razón, fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional bajo el número 115/2021-7. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, que reza: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por tanto, se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, contra el acto que reclama de los Magistrados que Integran la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otra autoridad, que hace consistir esencialmente en: La resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el toca civil 112/2020-II, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en la que confirmó lo determinado en la audiencia incidental de pruebas y alegatos, celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido por Miguel Antonio Segura Ocaña, inherente al juicio especial de alimentos 204/2017, del índice del Juzgado Civil de Macuspana, Tabasco. Ahora bien, por la conclusión a la que se llegará, es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". En el caso, como ya se precisó el acto reclamado consiste en la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, por la Sala Civil responsable en el toca 112/2020-II, en la que declaró infundado el recurso de apelación promovido por los aquí quejosos, y por ende, confirmó el auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Juez Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco, en la audiencia de pruebas y alegatos, relativa al incidente de cancelación de pensión alimenticia, inherente al juicio de pensión alimenticia 204/2017, de su índice, diligencia en la que la precitada juez concedió el término de tres días al incidentista Miguel Antonio Segura Ocaña para que exhiba el acuse de recibo del oficio 5115/II/2019 de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se le solicitó un informe a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y al Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco; determinación que versa sobre el tópico de pruebas y que no queda comprendida dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues únicamente produce efectos intraprocesales en la incidencia de la que deriva el acto reclamado, cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica con el simple hecho de que la juez civil de Primera Instancia emita una resolución favorable a los intereses de la parte promovente, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia aludido y de resultarle adversa puede repararse a través del medio de impugnación correspondiente, en el que puede alegar como violación la resolución que aquí reclama, por haber trascendido al resultado del fallo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 4329/89, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, la tesis consultable en la página 134, Tomo VII, Octava Época, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el rubro y texto que siguen: "ACTO RECLAMADO. CUANDO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El acto reclamado no implica una violación de imposible reparación cuando no afecte no sólo y en forma inmediata los derechos fundamentales del quejoso cuando sólo producen efectos intraprocesales, pues sus consecuencias netamente jurídicas son inicuas si obtiene un fallo favorable a sus pretensiones, no en caso contrario se puede reparar a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva". Sirve también de apoyo a lo que antecede, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2812, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que sigue: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." No se soslaya que la promoción del juicio de amparo indirecto pudiera llevar implícita la pretensión de que se examine de manera inmediata la resolución que reclama, con la finalidad de evitar el desgaste de tiempo y recursos que supone todo proceso; sin embargo, la satisfacción de los términos y la observancia de las instituciones de naturaleza adjetiva o procesal son condición necesaria en todo proceso jurisdiccional, de ahí que ese aspecto no pueda considerarse como un derecho sustantivo ya que por sí solo no implica violación alguna a derechos fundamentales de la parte quejosa. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de amparo instado en esta vía por la parte quejosa, resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la quejosa para recibir citas y notificaciones en esta ciudad, el que señala en la demanda y como autorizados para tales efectos a los licenciados Carlos Arturo Ocaña Carrillo y Teresa Lidia Méndez Bautista, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite transcripción del proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la Subcoordinadora de Asuntos Jurídicos, de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en contra de la sentencia dictada en el juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual fue radicado bajo el amparo en revisión 09/2021 de su índice. Notifíquese.

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