Iván Eduardo Prieto Grajeda
Expediente 533/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Iván Eduardo Prieto Grajeda
- Iván Eduardo Prieto Grajeda y Otros.
- licenciado Raúl Román Holguín, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en Nuevo Casas Grandes, encargado del juicio oral 42/2022 derivado de la causa penal 59/2020
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 533/2023-VII-B, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Galeana; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra la autoridad responsable Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Galeana, con residencia en esta ciudad, a quien esencialmente reclamó el desechamiento del incidente planteado en audiencia de debate dentro del juicio penal de origen ********************/******************** que se sigue por el delito de lesiones por riña con carácter de provocado, contra el ahora quejoso. SEGUNDO. En proveído de uno de marzo del año en curso, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a la autoridad señalada como responsable su informe previo y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en los términos que constan en el acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Galeana, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, conviene en la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. Previamente, al entrar al estudio de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, por la naturaleza jurídica de dichos actos, no queda duda de la improcedencia de la suspensión relativa a dicha autoridad, pues, además se trata de un acto que le reviste las características de consumado, por tanto, lo conducente en la especie es negar la medida cautelar que hoy nos ocupa, justamente, contra el acto del que se duele la parte quejosa, pues aquel ya se llevó a cabo, circunstancia que se tiene así dada la manifestación que aduce el propio quejoso en la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1090, que aparece publicada en la página 156, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en el amparo se pronuncie." TERCERO. No obstante lo anterior, el suscrito Juez estima procedente conceder la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, ello hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrá de quedar las cosas y tomará medida pertinentes para conservar la materia de amparo hasta terminar la materia de juicio, y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden. Además se colma, en principio, la exigencia que refiere la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, atinente a que la medida cautelar debe ser solicitada por la parte agraviada, situación que es más que suficiente para justificar, al menos indiciariamente, el interés jurídico de la parte quejosa para solicitar que se suspendan los efectos de los actos reclamados. También se satisface el diverso requisito que exige la fracción II, del artículo 128 de la Ley de la Materia, merced a que, con la medida suspensional la sociedad no recibe alguna afectación, ya que el acto materia del reclamo solo recae sobre la parte agraviada; ello, desde luego, en tanto se examine la constitucionalidad de éste. Sirve de apoyo también a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis jurisprudencial número I.3o.A. J/16, que se consulta en la página 383, del Tomo V, del mes de enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." De igual manera, la tesis de Novena Época, número V.2º.50 A., que aparece en la página 1125, del Tomo XI, correspondiente al mes de febrero del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual es del rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE PREJUZGAR SOBRE LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL SIN BASE OBJETIVA. Si la quejosa reclama ataques a sus derechos de propiedad y posesión, alegando que la autoridad administrativa la trata de desposeer de un predio por obstruir supuestamente la vía pública, empero en su demanda de garantías aduce que el inmueble que ocupa como de su propiedad no invade espacio público, el Juez de Distrito no puede, sin prueba en contrario, negar la suspensión provisional invocando que no se satisface el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo porque, en su concepto, de concederla se contravendrían disposiciones de orden público como son las contenidas en el capítulo II denominado del Uso de la vía pública del Reglamento de Construcción para el Centro de Población de Nogales, Sonora, además de que se obstaculizaría la libre circulación peatonal y vehicular, ya que ello es objeto de prueba durante el trámite del incidente de suspensión; pero además a lo que debe atenderse es precisamente lo que la quejosa argumenta respecto a que no obstruye la vía pública por ser el predio que ocupa propiedad privada, y debe atenderse a sus manifestaciones cuando no hay prueba en contra." Además, no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129, de la ley de la materia ni algún otro similar. En esa misma asociación de ideas y como ya se dijo, con fundamento en lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la medida suspensional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, ello hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. Sin perjuicio de lo expuesto, la medida cautelar que se concede, no surtirá efecto alguno, para el caso de que el acto reclamado ya hubiese sido ejecutado, previamente a la presentación de la demanda de amparo. Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo, en el presente asunto, no se exigirá garantía alguna, toda vez que la suspensión definitiva concedida en este incidente de suspensión únicamente tiene los efectos a que se refiere el artículo 163 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 139, 140, 141 y 1******************** de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. De conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva a ********************, contra el acto precisado en dicho considerando. SEGUNDO. De conformidad con el considerando tercero de esta interlocutoria, se concede la suspensión definitiva contra el acto y autoridad responsable precisada en dicho considerando. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Verónica Uranga Luviano, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra el informe previo ni el acuse de notificación de la autoridad responsable Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en concordancia con lo previsto en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgador estima necesario diferir la audiencia incidental que se tenía programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. En ese contexto, se hace del conocimiento de la autoridad de mérito que puede remitir su informe al correo electrónico de este órgano jurisdiccional 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, que para tal efecto se utiliza. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ya fueron emplazados al presente asunto el licenciado Raúl Román Holguín, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en Nuevo Casas Grandes, encargado del juicio oral 42/2022 derivado de la causa penal 59/2020, así como a la víctima Pablo Eduardo Salinas Ballesteros; por tanto y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les pone a la vista el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de hacer relación de él, al momento de celebrar la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería de celebrarse en esta fecha, y en su lugar se programa para las diez horas con diez minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta, agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, en primer término, se tiene a la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Función de Juez de Enjuiciamiento, en el Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo, al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación a los discos versátiles digitales (DVD) que anexa la autoridad de que se trata, los cuales adquieren el carácter de pruebas documentales públicas lato sensu, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, se ordena insertarlos en un sobre y glosarlos a los presentes autos, los que de igual forma se ponen a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su interés legal convenga, haciéndoles saber que de no contar con los medios necesarios para su reproducción, les podrán ser proporcionados por este Órgano Judicial. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su respectivo ocurso. Por otra parte, se tiene al Administrador del Tribunal de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, remitiendo el despacho 92/2023, orden 228/2023-VII-B, debidamente diligenciado, para los efectos legales correspondientes. Por último, acúsese de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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