Ivan Edilberto Munguia Vargas

Expediente 1212/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1212/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • Ivan Edilberto Munguia Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil diecinueve. Del estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en la carátula del expediente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, en razón que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, por cuanto hace a los discos remitidos por la autoridad responsable Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, mediante oficio que al efecto se gire, devuélvansele al resultar innecesaria su conservación.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas, ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa como asunto concluido. En razón de lo anterior, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión solicitada; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo y en las carátulas respectivas. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente...

  4. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Jueza de Control de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, remite el disco de audio y video con folio **********, que contiene la audiencia de suspensión condicional del proceso celebrada dentro de la carpeta administrativa ********** de su índice, el cual se recibe como prueba acorde con el artículo 119 de la Ley de Amparo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, previo análisis a las constancias que integran los presentes autos y el disco recibido en esta fecha, se estima que en el caso se actualizan dos causales de improcedencia, como a continuación se explica. A) ACTO CONSENTIDO En relación con el acto reclamado a la Juez de Control de la Sala 1 adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso en la carpeta administrativa ********** de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de aparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen consentimiento;" Del citado precepto legal, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado o bien ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, situación que responde a un principio de seguridad jurídica, orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma ha exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto reclamado. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Por lo tanto, el consentimiento expreso para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos del acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella pretendería sustraerse a su propia conducta. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro: 232527 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 139-144, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 13 "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En efecto, el criterio citado indica que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplen tres requisitos, a saber: 1) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. 2) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. 3) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; en este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad. Ahora bien, el acto materia de estudio en este apartado consiste en: a) El auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso en la carpeta administrativa **********, por la Juez de Control de la Sala 1 adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz. Al respecto, la Juez responsable comunicó que en audiencia celebrada el **********, aprobó la suspensión condicional del proceso penal ********** en favor del encausado **********, aquí quejoso, y remitió copia autorizada del acta mínima de la citada audiencia (fojas 123 y 124), así como el disco compacto relativo a su desarrollo (foja 132). Asimismo, previa reproducción del disco aludido se observa que en la fecha indicada se llevó a cabo la audiencia en la que se aprobó la citada solución alterna por el término de seis meses, imponiéndole al procesado como condiciones, la obligación de realizar el trámite de regularización del vehículo **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, residir en lugar determinado y localizable, tener un empleo o trabajo, abstenerse de viajar al extranjero, acreditar dentro del término de un mes los trámites realizados para la regularización del vehículo y presentarse los días viernes de cada semana para dar seguimiento al beneficio que le fue concedido (minutos 11:58 al 13:15 del disco). Acorde con lo antes expuesto, se estima que al haberse acogido el procesado, aquí quejoso, a la suspensión condicional del proceso penal dentro de la carpeta administrativa ********** que se le instruye, aceptó los hechos de la imputación o al menos no los cuestionó, lo cual genera un consentimiento expreso del auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la referida carpeta y da lugar a la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la acción de acogerse a la suspensión condicional del proceso entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso, debido a que el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo; por lo tanto, resulta procedente el sobreseimiento fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación al caso, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2014495 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.) Página: 461 "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." B) CESACIÓN DE EFECTOS En otro aspecto, por cuanto hace a los diversos actos reclamados en este juicio, que el quejoso hace consistir en: 1. La imposición de las medidas cautelares por la Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, dentro de la carpeta administrativa **********, consistentes en la exhibición de garantía económica y la presentación periódica ante la citada autoridad los días viernes de cada semana; y, 2. La omisión del Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XII, con sede en Coatepec, Veracruz (autoridad sustituta del Fiscal Sexto de esa Unidad), de emitir un acuerdo a la petición de cuatro de octubre de dos mil dieciocho realizada por el quejoso, relativa a la devolución del vehículo **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** que aduce es de su propiedad. Se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La causal de improcedencia invocada se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se estima que la causa invocada se actualiza en este juicio, en virtud de lo siguiente. Por cuanto al acto precisado en el punto uno de este apartado, consta en el disco que remitió la autoridad responsable Jueza de Control de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, que dicha autoridad, derivado de haber otorgado al procesado, aquí quejoso, la suspensión condicional del proceso que solicitó en la carpeta administrativa **********, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que le habían sido impuestas al encausado, consistentes en la presentación periódica los días viernes de cada semana (minuto 15:28 del disco) y por cuanto a la garantía económica que había exhibido la dejó a su disposición (minuto 16:13 del disco). Asimismo, respecto del acto precisado en el punto 2 de este apartado, consta en autos que por oficio **********, el Fiscal responsable rindió su informe justificado y exhibió copia autógrafa del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación **********, en el que autorizó la devolución del vehículo antes descrito y también copias autorizadas del oficio **********, a través del cual el Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, emitió la opinión relativa a la procedencia de la devolución del vehículo, así como del acta de tres de abril de dos mil diecinueve, en la que consta que el promovente recibió de conformidad dicha unidad automotora, y además confirmó su recepción en la audiencia celebrada en el proceso penal que se le instruye, en la cual le fue otorgada la suspensión condicional del proceso (minuto 02:33 del disco). Acorde con lo antes relacionado, se concluye que han cesado los efectos de los actos materia de estudio en este apartado y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que da lugar al sobreseimiento del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: No. Registro: 917,637 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 103 Página: 81 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XIII y XXI, en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que se deja sin efecto la audiencia prevista para las CATORCE HORAS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y la captura integral en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entréguese copia certificada de este proveído a la parte que lo solicite, previa identificación y firma que por su recibo otorgue en autos para constancia. Notifíquese."

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