Iván de Jesús Salazar Solano

Expediente 2474/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2474/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Iván de Jesús Salazar Solano
  • Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por ende, con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado inciso y numeral ya citados, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Igualmente, se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, en tal virtud, el ORIGINAL del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Y, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el DUPLICADO del incidente de suspensión es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Ahora, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo, ni el incidente de suspensión derivado del presente asunto. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, atento al oficio de marras, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de la autoridad responsable, medularmente, lo constituye el emplazamiento que le fue practicado al controvertido 1843/2016, así como todo lo actuado con posterioridad. Sentado lo anterior, es menester indicar, en relación al citado acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el mismo." Ello, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado por parte de las responsables, pues así lo ha sostenido el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 283, visible a fojas 190, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, se estima conveniente precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y convencional cuyo objeto constituye reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin último de restituirlo en el pleno goce de tales derechos que le han sido violentados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige a su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a pronunciarse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya instado. La causa de improcedencia antes señalada, se encuentra orientada por la imposibilidad de realizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, a fin de que se le restituya al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, cuando como en el caso el acto reclamado por la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la que se actualiza cuando el órgano de control constitucional advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Lo anterior es así, porque de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estime violentadas, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues aun cuando subsista el acto reclamado, si se modifica la situación jurídica que surgió con motivo de él, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de ser reparada, ello impide que el acto reclamado y sus efectos trasciendan a ésta última y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad específica. Los razonamientos expuestos encuentran punto de apoyo en la tesis 2ª.XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Se afirma lo anterior, toda vez que de la determinación de veinticuatro de noviembre del año en curso, misma que remitió la Juez responsable, se advierte que el tercero interesado Jorge Antonio Alcázar Pedroza y el aquí quejoso Iván de Jesús Salazar Solano, llegaron a un acuerdo, por lo que el primero se desistió de la ejecución de la sentencia emitida en el controvertido de origen, por lo que se levantó el embargo trabado en ese expediente, se ordenó la entrega del documento base de la acción al demandado y se ordenó el archivo definitivo de ese juicio. Motivo por el que si bien existe el emplazamiento que le fue practicado en el juicio mercantil de origen al aquí quejoso, así como las diversas actuaciones practicadas en el mismo, que concluyeron con una sentencia condenatoria emitida en su contra, lo cierto es que dichos actos de autoridad que en su momento generaron molestia al quejoso, ya no le reparan ningún perjuicio con motivo de la determinación emitida por la Juez responsable, al haber tenido a la parte actora por desistida de la ejecución de la sentencia relativa, por haber llegado a un acuerdo con la parte demandada, ordenando con ello el archivo del juicio natural. De ahí que ya no se puede restituir a la parte quejosa en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, es inconcuso que en el caso, los efectos del acto de autoridad impugnado, consistente en el emplazamiento que le fue practicado al controvertido en cuestión, así como las restantes actuaciones del proceso, aún y cuando en el fondo del asunto sean inconstitucionales, resulta jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estimare violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, precisamente en virtud del archivo del expediente mercantil de origen. En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie sobrevino la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con nueve minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe de mérito y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y anexo que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del mismo, así como las constancias adjuntas, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3°, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa.

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