Iván de Jesús Espinosa Mares
Expediente 478/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Iván de Jesús Espinosa Mares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, desahoga parcialmente el requerimiento realizado en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, y remite copia certificada del acuerdo con el que le dio vista a la parte actora en el expediente laboral 1657/2022. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y actuario adscrito a dicho Tribunal, la parálisis procesal en el juicio laboral de origen y como consecuencia de ello, la falta de emplazamiento a los demandados dentro del juicio laboral ******************** en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Actualiza causal de improcedencia. Ahora, del oficio de cuenta y su anexo, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, de las constancias remitidas por el juez responsable se colige que la parálisis procesal reclamada y como consecuencia de ello la falta de emplazamiento de los demandados (i) Grupo Jomer, (ii) Proyectos y Reparaciones Electromecánicas Jomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, y (iii) quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en calle la Cantera, número 99, localidad Arroyos, San Luis Potosí, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, ha cesado en sus efectos. Lo anterior, porque el Juez perteneciente al Tribunal responsable remitió copias certificadas del expediente laboral ******************** consistentes en: 1. La diligencia de emplazamiento de veintinueve de marzo del año en curso, respecto de quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en calle la Cantera, número 99, localidad Arroyos, San Luis Potosí. 2. La razón actuarial de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, de la que se desprende que el diligenciario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, se constituyó en el domicilio señalado a fin de emplazar a juicio a los demandados Grupo Jomer y Proyectos y Reparaciones Electromecánicas Jomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en virtud de no haber logrado el emplazamiento respectivo, mediante proveído de doce de abril del mismo año, requirió a la parte aquí quejosa para que dentro del término de tres días, proporcionara datos o elementos en los cuales señale la ubicación exacta del domicilio de la demandada, o bien, para que proporcionara diverso domicilio en donde pudieran ser emplazados. Lo que evidencia que ya no existe la dilación procesal de ejecutar el emplazamiento de los demandados ordenado en el acuerdo dictado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se advierte que la paralización procesal de la que se duele la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, toda vez que el juez responsable demostró que el diligenciario se constituyó en los domicilios señalados para emplazar a los demandados, logrando el llamamiento de uno de ellos, y ante la imposibilidad de llevar los emplazamientos respecto de los dos demandados restantes, requirió a la parte aquí quejosa para que aportara mayores elementos o proporcionara diverso domicilio para el mismo fin (emplazar a la parte demandada). Por tanto, es inconcuso que tal circunstancia constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, es decir, el expediente ******************** del índice de la autoridad responsable, ya no está paralizado puesto que ahora el impulso procesal recae en la parte quejosa, al estar en ella la facultad y obligación de proporcionar lo que la autoridad responsable solicita para que se efectúen los emplazamientos respectivos. Por lo que se concluye que la paralización del procedimiento reclamada ya fue subsanada por las autoridades responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, el acuerdo dictado el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el cuaderno administrativo, así como la copia del oficio ********************, remitido por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del que se advierte que en cumplimiento a lo instruido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se declaró procedente la solicitud de concentración de juicios, presentada por la Secretaria de la Defensa Nacional y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como actos reclamados: "Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022". Bajo ese panorama, si en el juicio de amparo en que se actúa se reclaman: a) La orden verbal de cambio de adscripción. b) Los actos de ejecución derivados de dicha determinación. c) Malos tratos, intimidación y tortura psicológica. En tal virtud, y toda vez que los actos reclamados se encuentran estrechamente relacionados, pues en ambos sumarios constitucionales se vinculan con el cambio de adscripción del quejoso para continuar sus labores en la Guardia Nacional, y con la incorporación de ésta a la Secretaría de la Defensa Nacional; esto es, se relaciona con la incorporación del quejoso a la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese tenor, el presente juicio de amparo se estima se encuentra relacionado con el aludido decreto, se ordena remitir el presente expediente y los cuadernos incidentales derivados del mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la ciudad de México, para que turne el expediente en que se actúa, quien deberá remitir a este juzgado la boleta de acuse de recibo correspondiente, para estar en posibilidad de notificar a las partes, por lista, a qué órgano jurisdiccional auxiliar correspondió el conocimiento del asunto. Con la impresión de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Repórtese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como "Egreso por Acuerdo General", en cumplimiento al mismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda la consulta del expediente electrónico del asunto en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario. Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la autoridad oficiante la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Hágase del conocimiento del Juzgado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a quien por turno corresponda conocer del presente controvertido, que en el cuaderno incidental, obran glosados los originales del escrito y oficios por el cual la parte quejosa ******************** y la Directora General de Amparos y Contencioso, en representación del Comandante, Coordinador de Administración y Finanzas, Director General de Recursos Humanos, Director General de Recursos Financieros, Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, General de División D.E.M. R.E.T. y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, todos de la Guardia Nacional, interpusieron recurso de revisión contra la interlocutoria dictada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el aludido incidente de suspensión. Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio signado por los Directores Contenciosos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos C, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia; en atención a su contenido, se provee: Reserva de acuerdo. Resérvese acordar lo que en derecho corresponda respecto del oficio de cuenta, hasta en tanto todas las autoridades responsables rindan sus informes correspondientes. Domicilio y delegados. Como lo solicita la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 9° de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala. Correo electrónico. Téngase a la autoridad responsable por señalando como correo electrónico el que precisa. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la citada legislación, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento procesal oportuno. Apertura de tomo de pruebas. Debido a la voluminosidad del anexo que se adjunta, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo, debidamente identificado como tomo II de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
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