Iván Daniel Espinola Velázquez

Expediente 842/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
842/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Iván Daniel Espinola Velázquez
  • Yajaira de Jesús Velázquez Ucán
  • YAJAIRA DE JESÚS VELÁZQUEZ UCÁN y Otros.
  • Héctor Daniel Espinola Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de autos se desprende que por proveído de veintisiete de mayo pasado causó estado el acuerdo dictado el diez de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, ordenándose el archivo de este expediente principal como asunto totalmente concluido; en consecuencia, tal determinación se hace extensiva a los cuadernos incidentales, por lo que se ordena remitirlos por cuerda separada al archivo de este juzgado, debiendo anexarles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por tanto, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada mediante resolución interlocutoria de veintidós de abril de dos mil veintidós, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el diez de mayo del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, el hecho que no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio 18738/2022-V-B, dirigido al Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, dado el sentido de la presente determinación, dese cuenta con copia autorizada de este acuerdo en autos del incidente de suspensión derivado de este asunto, para que se acuerde lo que en derecho corresponda. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Como está ordenado en el cuaderno principal de donde deriva este incidente de suspensión, se da cuenta con la copia autorizada del auto dictado en esta propia fecha, en el cual, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declaró que el acuerdo dictado el diez de mayo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el referido juicio, causó estado para todos los efectos legales correspondientes, ordenándose oportunamente su remisión al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En mérito de lo anterior, teniendo en cuenta que en los autos, la audiencia incidental se encuentra fijada para su celebración a las once horas con veintinueve minutos de este propio día; lo procedente es declarar sin materia este incidente de suspensión, dejándose sin efecto la fecha y hora antes indicadas. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito recibido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, en el que solicita que se requiera a las responsables vinculadas al cumplimiento de la suspensión aquí concedida a la parte quejosa, la ejecución de la medida suspensional. En este sentido, realiza las siguientes peticiones: Que se gire oficio al Secretario de Salud del Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Toluca, para que informe cuál es el procedimiento que lleva a cabo para aplicar la vacuna en la población infantil de entre cinco y once años en el caso, y se le cuestione cuántos menores en ese rango de edad han sido vacunados al presente en sus primeras y segundas dosis, y si la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios o la Secretaría de Salud Federal, han emitido instrucción a favor o en contra del procedimiento que por iniciativa y en apego al cumplimiento de las órdenes judiciales, así como de la necesidad de proteger la salud de sus ciudadanos han dictaminado para la aplicación de dichas vacunas. Se imponga una multa a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión, como medida de apremio, para que realicen la gestiones pertinentes de forma inmediata, para adquirir la vacuna Pfizer BioNtech de 10mcg directamente con la farmacéutica, considerando que actualmente se cuenta con autorización sanitaria para importarla, comercializarla y aplicarla en el país y que los gobiernos de la entidades y los integrantes del Sistema Nacional de Salud son competentes para celebrar contratos con dichas farmacéuticas. Se conmine a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión a que ejecuten el fallo protector, al recibir el informe de la autoridad sanitaria precisada en el punto 1, que las ha cumplido en su demarcación territorial. Se imponga una multa como medio de apremio a la autoridad responsable, Secretario de Salud, para que cumpla con el fallo protector en un término prudente, conminándolo con aumentar el monto de la multa en caso de no cumplir con el lazo establecido por este Juzgado. Al efecto, se acuerda: Por lo que toca a la solicitud planteada en el punto 1, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la información relativa a la aplicación de vacunas a menores de entre cinco y once años, por parte del Secretario de Salud en el Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, resulta totalmente improcedente. Lo anterior, pues como ha quedado establecido en estos autos, es a través del Operativo Correcaminos, la estrategia multisectorial del Gobierno de México, para coordinar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en nuestro país, la cual tiene como objetivo lograr la cobertura de vacunación de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente. Siendo que, la Coordinación General del Operativo está a cargo de la Presidencia de la República; y el Titular del Sistema Nacional DIF, funge como Secretaría Técnica de la coordinación presidencial. También se desprende que la dirección técnica del operativo, estará a cargo de la Secretaría de Salud Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. Que en cada entidad federativa contará con una persona Coordinadora Estatal Correcaminos, designada por la Secretaría de Salud Federal, y estarán bajo la coordinación de dicha Secretaría y de la Coordinadora Presidencial. La coordinación nacional y las entidades responsables, tendrán las facultades y/o atribuciones que enumera dicho programa. Entre ellas, se destaca en el particular, la gestión y facilitación para la búsqueda y definición de proveeduría con las compañías farmacéuticas globales: Secretaría de Relaciones Exteriores. También señala que la coordinación estatal correcaminos será la responsable de la coordinación operativa de la estrategia federal de vacunación en cada una de las entidades federativas y definirá los planes de distribución en la entidad de acuerdo con los lineamientos federales. La persona designada como Coordinadora estatal correcaminos será la encargada de la conformación de equipos estatales con los enlaces de Bienestar, Fuerzas Armadas y enlaces institucionales de salud constituido en los Comités Estatales de Vacunación para la definición y seguimiento técnico de los sitios de vacunación y proceso de vacunación con la vigilancia de los procedimientos técnicos establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Los servicios estatales de salud, específicamente los responsables del programa de vacunación y los enlaces institucionales de los COEVA, fungirán como apoyo técnico en la recepción y conformación de paquetes por unidad de vacunación. Dispone también que la persona designada como responsable de la coordinación estatal correcaminos fungirá como única vía de comunicación entre la coordinación federal y las autoridades locales, y establece cuáles son sus responsabilidades. De ahí que al existir una estrategia claramente establecida para la obtención de las vacunas contra la Covid-19, es que, se reitera, no es el caso acordar de conformidad lo solicitado por la ocursante, en el sentido de requerir al Secretario de Salud en el Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, la información relativa a la aplicación de vacunas por su parte en el Estado donde ejerce su jurisdicción. Máxime, que en el caso, no se trata de autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente suspensión, y a nada práctico llevaría hacer del conocimiento de las autoridades efectivamente vinculadas al cumplimiento de la misma, la existencia de dichos precedentes, pues lo cierto es que las referidas autoridades se encuentran obligadas al cumplimiento de dicha medida cautelar, en los términos de la misma. Ahora bien, por lo que toca a las restantes solicitudes formuladas en el escrito de cuenta, previo a proceder a la imposición de multa alguna o bien conminar a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la medida cautelar, requiérase al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, así como al COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, con sede en Yucalpetén, Progreso, Yucatán, a fin de que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado las gestiones realizadas en cumplimiento a la medida cautelar, debiendo precisar los actos que han llevado a cabo con el fin de cumplimentar la suspensión ordenada en autos. Esto es, para que con la debida prontitud, lleven a cabo la aplicación del esquema de vacunación a la parte menor quejosa en los términos descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas; de la vacuna Pfizer que corresponda de acuerdo a su edad. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda. Por otra parte, de igual manera se requiere al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, informe a este juzgado si en otras entidades federativas han procedido a la aplicación de vacunas a los menores comprendidos en dicho rango de edades, así como si existe algún impedimento en el Estado de Yucatán, para que procedan a su aplicación, y de ser así lo justifique legalmente. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.

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