Iván Corrales García
Expediente 86/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Iván Corrales García
- Titular de la Dirección de Servicios Al Público de la Dirección General de la Policia Estatal de Caminos, Villahermosa, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Juicio 86/2021-I veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación y constancia de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que en su punto único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Iván Corrales García, contra actos reclamados de la Dirección de Servicios al Público Dependiente de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, para los siguientes efectos: ? .Deje sin efectos única y exclusivamente la información de la unidad automotriz CR-V, marca honda, modelo 2010, con número de serie 3CZRE3834AG001197, consultable en su base de datos que se relaciona con la infracción cometida por Laura Yolanda Aguirre Cadenas, registrada con la boleta de infracción con número de folio A-415010. Resolución constitucional que causó ejecutoria el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. La Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cumplimiento al fallo protector remitió copia certificada del oficio número SSyPC/CPE/DGPEC/UEJ/1478/2021 de seis de julio anterior, emitido por la Directora General de la Policía Estatal de Caminos, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como la hoja de consulta de la cancelación de la infracción. Constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2 numeral. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista al quejoso Iván Corrales García, para que dentro del término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Transcurrido el término concedido, se advierte que el quejoso fue omiso en desahogar la vista en comento; por lo tanto, este juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Al respecto, es aplicable la tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. La sentencia de amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, deje sin efecto única y exclusivamente la boleta de infracción con número de folio A-415010 respecto de la unidad automotriz CR-V, marca honda, modelo 2010, con número de serie 3CZRE3834AG001197, consultable en su base de datos, relacionada con la infracción cometida por Laura Yolanda Aguirre Cadenas. Al respecto se advierte que la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del oficio número SSyPC/CPE/DGPEC/UEJ/1478/2021 de seis de julio anterior, emitido por la Directora General de la Policía Estatal de Caminos, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como la hoja de consulta de la cancelación de la infracción. Por lo expuesto, se puede concluir que se cumplieron los efectos del fallo protector y por ende, la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental violado, sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. ? Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Incidente de suspensión Tocante al original del incidente de suspensión es depurable, en atención a que se concedió la medida cautelar. Por su parte, el duplicado del cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general mencionado, es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses de archivo, procédase en consecuencia. Notifíquese.
- Incidental
Inc. 86/2021-I veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación y constancia de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que en su punto único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Iván Corrales García, contra actos reclamados de la Dirección de Servicios al Público Dependiente de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, para los siguientes efectos: ? .Deje sin efectos única y exclusivamente la información de la unidad automotriz CR-V, marca honda, modelo 2010, con número de serie 3CZRE3834AG001197, consultable en su base de datos que se relaciona con la infracción cometida por Laura Yolanda Aguirre Cadenas, registrada con la boleta de infracción con número de folio A-415010. Resolución constitucional que causó ejecutoria el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. La Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cumplimiento al fallo protector remitió copia certificada del oficio número SSyPC/CPE/DGPEC/UEJ/1478/2021 de seis de julio anterior, emitido por la Directora General de la Policía Estatal de Caminos, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como la hoja de consulta de la cancelación de la infracción. Constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2 numeral. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista al quejoso Iván Corrales García, para que dentro del término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Transcurrido el término concedido, se advierte que el quejoso fue omiso en desahogar la vista en comento; por lo tanto, este juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Al respecto, es aplicable la tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. La sentencia de amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, deje sin efecto única y exclusivamente la boleta de infracción con número de folio A-415010 respecto de la unidad automotriz CR-V, marca honda, modelo 2010, con número de serie 3CZRE3834AG001197, consultable en su base de datos, relacionada con la infracción cometida por Laura Yolanda Aguirre Cadenas. Al respecto se advierte que la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del oficio número SSyPC/CPE/DGPEC/UEJ/1478/2021 de seis de julio anterior, emitido por la Directora General de la Policía Estatal de Caminos, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como la hoja de consulta de la cancelación de la infracción. Por lo expuesto, se puede concluir que se cumplieron los efectos del fallo protector y por ende, la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental violado, sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. ? Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Incidente de suspensión Tocante al original del incidente de suspensión es depurable, en atención a que se concedió la medida cautelar. Por su parte, el duplicado del cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general mencionado, es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses de archivo, procédase en consecuencia. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector, y al efecto, remite copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho. En esas condiciones, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, con relación al cumplimiento remitido por la responsable; apercibida que de no hacerlo así, dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Juicio 86/2021-bbb veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y la certificación de autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión previsto en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley citada, en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó por una parte y se concedió por otra el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Iván Corrales García. Por, tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección de Servicios al Público dependiente de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, realice las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, misma que se concedió para los efectos siguientes: ? Deje sin efectos única y exclusivamente la información de la unidad automotriz CR-V, marca honda, modelo 2010, con número de serie 3CZRE3834AG001197, consultable en su base de datos que se relaciona con la infracción cometida por Laura Yolanda Aguirre Cadenas, registrada con la boleta de infracción con número de folio A-415010. Hecho que sea lo anterior, remita copia certificada de las constancias relativas que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término ya señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 237 fracción I, 238, 258 y 259 de la Ley de Amparo; es decir, se le impondrá de manera individual, una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador; además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor y se procederá a INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, con sede en esta ciudad, para su substanciación. Notifíquese en términos ley.
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