Iván Cazarin Molina

Expediente 356/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
356/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
04/04/2016

Partes del expediente

  • Iván Cazarin Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta por medio del cual el Director Técnico en suplencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento efectuado en veintiocho de marzo del año en curso, exhibe en copia certificada dos fojas útiles relativas a la partida jurídica del quejoso que obra en sus archivos; por tanto, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó a la autoridad en cita en el acuerdo referido, sin hacer mayor pronunciamiento, en atención a que por auto de treinta del marzo anterior, se dejó sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional al sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio al haberse desistido el peticionario del amparo, conforme al numeral 63, fracción I, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el telegrama de cuenta, por medio del cual la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, acusa recibo del oficio 4890, mediante el cual se envió copia del dictamen pericial emitido por la experta en materia contable; circunstancia de la que se toma conocimiento. En ese mismo sentido, con los oficios restantes la Delegada del Presidente de la Republica, acusa recibo del oficio 4889, mediante el cual se envió copia del dictamen pericial emitido por la experta en materia contable, y manifiesta que dicha experticia fue enviada incompleta. Atento a lo anterior, y en obvio de mayores dilaciones se ordena reenviar la citada prueba a la autoridad referida en el párrafo que antecede, a fin de que se imponga de su contenido íntegro.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en auto de catorce de diciembre de dos mil quince, se reservó fijar fecha para la toma de muestras caligráficas, lo anterior en razón de que no se ha logrado la comparecencia de Cruz Zacarías Segura. En esas condiciones, se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil dieciséis, para desahogar la diligencia de toma de muestras caligráficas. Ahora, tomando en consideración que la prueba pericial en materia de grafoscopía, grafometría y caligrafía fue ofrecida por el tercero interesado Rafael Alejandro Aranda Meléndez, se requiere al citado tercero interesado para que en la fecha y hora señalada en líneas que anteceden presente a Cruz Zacarías Segura, para desahogar la diligencia de toma de muestras caligráficas, en el local de este juzgado de Distrito, con identificación original vigente, a estampar firmas indubitables y realizar los ejercicios caligráficos que le indiquen la perito oficial Josefina Flores Pacheco; asimismo, en la fecha señalada deberá exhibir los documentos con que cuente y en los cuales aparezca su firma autógrafa comprendidos en la temporalidad de cinco años anteriores o posteriores a las firmas dubitadas. La anterior circunstancia hágase de conocimiento a la perito oficial por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Parciales de la Procuraduría General de la República, Estado de México. Se apercibe, tanto para la perito oficial Josefina Flores Pacheco, como para Cruz Zacarías Segura, y al tercero interesado, que de no dar cumplimiento a lo requerido en este proveído, se les impondrá multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia; asimismo, se le apercibe al tercero interesado Rafael Alejandro Aranda Meléndez, que de no cumplir con lo aquí solicitado se tendrá por desierta la prueba. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del veintidós de abril de dos mil dieciséis, para su celebración. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1563/2015, promovido por ********************contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; por lo que, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, remitido el mismo día a este juzgado, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades Responsables: Director del Centro Federal de Readaptación Social Número "Uno", Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número "Uno", Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Titular del Área Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social Número "Uno", Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Titular del Área de Seguridad y Guarda del Centro Federal de Readaptación Social Número "Uno", Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Titular del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número "Uno", Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Acto reclamado: El despojo de su televisor, audífonos, eliminador y reloj de pulsera. SEGUNDO. El quejoso señaló como preceptos constitucionales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 103 y 107 de la Carta Magna. TERCERO. Mediante proveído de cinco de octubre de dos mil quince, este juzgado admitió a trámite la demanda y solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado, dando intervención al Representante Social Federal de la adscripción, fijándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Por autos de veintidós de diciembre del año próximo anterior y veintisiete de enero del año en curso, se requirió al quejoso que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, lo cual a la fecha no aconteció, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió en diversas ocasiones e inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto de una autoridad que tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial del juzgado y se considera que es de los señalados como de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se obtiene que ********************reclama de las autoridades responsables Director, Consejo Técnico Interdisciplinario, Titular del Área Jurídica, y Titular del Área de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número "Uno", Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el despojo de su televisor, audífonos, eliminador y reloj de pulsera. Al caso se cita, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, tiene sustento en la tesis aislada visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. El Encargado del Despacho de la Dirección General, Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular de la Dirección Jurídica, y Comandante de la Dirección de Seguridad y las Áreas de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado (fojas 27 a 33 y 54 a 60). Luego, concerniente a la negativa que hacen las autoridades responsables, en relación al acto reclamado, las mismas no quedaron desvirtuadas por la parte quejosa ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó los informes rendidos por las responsables, por lo tanto es de establecerse que éstos surten efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante de amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. En efecto, es de señalarse, que las autoridades responsables se constituyen en parte dentro del juicio de amparo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por las autoridades responsables revisten el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar la parte quejosa los informes correspondientes, entonces se produce el efecto de que como documentos público, surtan sus efectos legales. Motivo por el cual, la carga de la prueba de la existencia de los actos reclamados, estuvo a cargo de la parte quejosa; es decir existió la obligación del solicitante de amparo de aportar elementos de convicción para acreditar la existencia del acto reclamado. Más aún, y dada la naturaleza de los actos reclamados, la obligación del quejoso no solamente debe de circunscribirse a demostrar su existencia, sino que la misma debe de acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior. Lo cual en la especie no aconteció. En tal virtud, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, por cuanto hace al acto y autoridades precisados en este apartado, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable en lo conducente, la tesis visible en la página 1962 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. AL NO UBICARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO. De acuerdo con el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, existe obligación del órgano revisor de dar vista a la quejosa cuando advierta la actualización de una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el a quo. Ahora bien, la improcedencia del juicio conduce, cuando éste se ha sustanciado, a decretar el sobreseimiento, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin embargo, hay otras hipótesis distintas a la improcedencia que también conducen a sobreseer en el juicio, entre ellas, la inexistencia del acto reclamado, por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito encontró la actualización de una hipótesis de sobreseimiento distinta a la analizada por el Juez de Distrito, que no deriva de una causal de improcedencia, no tiene obligación de dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, porque la determinación alcanzada por el órgano jurisdiccional no se sustenta en alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, sino en la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del citado artículo 63. Por tanto, si el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado no se ubica en la hipótesis prevista en el referido artículo 64, segundo párrafo, no es obligatorio dar vista al quejoso." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************contra los actos y autoridades especificados en el considerando segundo de este fallo, por las razones y términos expuestos en el considerando tercero de la misma.

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