Iván Castrejón Linares
Expediente 678/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Iván Castrejón Linares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata.
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VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 678/2020, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede esta ciudad y de otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el siete de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno el día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, Iván Castrejón Linares, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A.- ORDENADORA. 1. EL C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 2. EL C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 3. EL C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 4. EL C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 5. EL C. JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 6. EL C. JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 7. EL C. JUEZ SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 8. EL C. JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 9. EL C. JUEZ NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) 10. EL C. JUEZ DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.) B.- EJECUTORAS. 1.- EL CORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL (.) 2.- EL COORDINADOR DE ZONA DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO (.) 3.- EL COORDINADOR DE ZONA DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SECTOR ZAPATA (.) 4.- EL COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS. A.- DE LAS ORDENADORAS RECLAMO. A.1 LA ILEGAL ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.2.- LA ILEGAL ORDEN DE PRESENTACION DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.3.- LA ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.4.- LA ILEGAL ORDEN DE ARRAIGO DICTADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A.5.- RECLAMO TAMBIEN LOS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS DICTADOS POR TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABLES EN MI CONTRA, EN LA QUE SE PRETENDA PRIVARME DE LA LIBERTAD, SIN QUE SE HAYA SEGUIDO JUICIO EN MI CONTRA EN EL QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. B. DE LAS EJECUTORAS SE RECLAMA. B.1. LA EJECUCIÓN DE LA ILEGAL ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DE PRESENTACIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O ARRAIGO DICTADA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. DE TODAS LAS AUTORIDADES RECLAMO LOS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR LOS ACTOS QUE RECLAMO." SEGUNDO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados son atribuidos a diversas autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º Transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional son los siguientes: ? La orden de aprehensión, presentación, detención y/o arraigo girada en su contra; y, ? La ejecución de tales mandatos. La anterior delimitación se extrae del capítulo de actos reclamados y antecedentes, expuestos por la parte quejosa y responde al imperativo que contiene el invocado numeral 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia 10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68). Las autoridades Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por sí y en su carácter de autoridades sustitutas de los Juzgados Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, de conformidad con lo establecido en el oficio 3091, de veintiocho de octubre de dos mil veinte, emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, Encargado de la Coordinación de Zona de Policía Ministerial de Investigación del Sector Central, Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional Acapulco, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Sector Zapata, y Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona del Sector Coloso, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos atribuidos por el quejoso Iván Castrejón Linares, consistentes en la orden de aprehensión, presentación, detención y/o arraigo y su ejecución. En ese tenor, de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, ante la negativa de las autoridades responsables, el quejoso debió aportar pruebas que demostraran lo contrario, lo que en la especie no aconteció; por tanto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia registrada con el número 284 en el Apéndice 1917-2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y la quejosa no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 284 en el Apéndice 1917-2000, Tomo VI, página 236). En esas condiciones al no obrar dato alguno que demuestre la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, se sobresee el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 65, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el expediente en que se actúa, y remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión administrativo 102/2020 formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva emitida por este Juzgado de Distrito en el presente juicio de amparo; en consecuencia, agréguese el oficio y testimonio de referencia, acúsese recibo y hágase saber a las partes que el tribunal de alzada auxiliar en la ejecutoria de que se trata, dictó los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E: PRIMERO. Quedan firmes la concesión de amparo decretada en el considerando noveno de la sentencia recurrida, y los sobreseimientos respecto de las autoridades responsables Gobernador del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno, Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Guerrero, en función de los actos que se le atribuyen advertidos en el resultando, por las razones expuestas en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 97/2019 promovido por ****, en contra de la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero, por el acto precisado en el resultando primero de la presente sentencia. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Lilia Justo Torres, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria". En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y toda vez que del estado que guarda el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación de que se trata, se advierte que se encuentra integrado por reproducciones fotostáticas simples; consecuentemente, para evitar la acumulación innecesaria de documentos, glósense únicamente las actuaciones que obran en original. Por otra parte, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: a) Que en lo futuro no se apliquen a la parte quejosa los artículos 17 y 21 de la Ley Número 172 de Ingresos para el municipio de Acapulco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que se estiman inconstitucionales, en tanto dure su vigencia; y, b) Para que el Director de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero -por sí o por conducto del funcionario que correspondadevuelva a la parte quejosa la cantidad total de $7,838.46 (siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 46/100 moneda nacional) relativo a la suma de los impuestos adicionales, que aparecen reflejados en los recibos oficiales de pago G-279577 y G-279575. En tal tenor, resulta importante precisar que los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, disponen: ......De los referidos preceptos, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar ineludiblemente, con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Por tanto, tomando en consideración los lineamientos previstos en la Ley de Amparo, en torno al procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector. En ese tenor, se estima procedente otorgar por única ocasión a las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos de dicha dependencia, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, el improrrogable plazo determinado de TREINTA DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración su complejidad y dificultad, habida cuenta que involucra la entrega de recursos públicos. Dicho plazo determinado se estima prudente y razonable para realizar los trámites administrativos correspondientes para la expedición del cheque por la cantidad de $7,838.46 (siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 46/100 moneda nacional), que se tiene que devolver a la parte quejosa debidamente actualizada. Asimismo, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase como autoridades vinculadas a la Presidenta Municipal, Director de Egresos y al Primer Síndico Procurador Administrativo Financiero y Contable, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, para que dentro del mismo plazo, expidan un cheque por la cantidad de $7,838.46 (siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 46/100 moneda nacional), que pagó a la parte quejosa por concepto de impuestos adicionales que aparecen reflejados en los recibos oficiales de pago G-279577 y G- 279575, debidamente actualizada. En la inteligencia de que se les conmina para que de manera periódica informen los avances que se vayan materializando respecto a la expedición de dicho cheque. Apercibidos que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo1, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio2. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19). De la misma forma, con apoyo en el numeral 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos inmediatos, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria de amparo, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponerles para conseguir ese cumplimiento, lo que deberán acreditar ante este juzgado federal, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, apercibidos que de no demostrar que dieron la orden, incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos inmediatos que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dichas autoridades que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a las autoridades requeridas que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a las autoridades requeridas que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10 a.), sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 11). Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Con independencia de lo anterior, indíquese a las partes, que si desean consultar de manera física el presente sumario, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberán de generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios firmados por los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, ambos con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informes justificados; con sus contenidos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
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