Iván Buso Ríos

Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
277/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Iván Buso Ríos
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador
  • Carolina Orduña Luna
  • CAROLINA ORDUÑA LUNA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Por recibido el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato ISAPEG por sus siglas, a través del cual pretende informar la fecha y lugar en la que la menor de edad de identidad reservada aquí quejosa deberá acudir para la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de veinticuatro de agosto pasado, se declaró firme el proveído mediante el cual se sobreseyó en el juicio. Finalmente, se hace constar que la misiva de cuenta fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.

  2. Principal

    Firmeza del auto de sobreseimiento Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido el proveído de veintiocho de julio del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación causó estado. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, toda vez que no les irroga perjuicio. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, que a la letra dice: Estado procesal Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, se tuvo a la Secretaria de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato informando que la menor quejosa ya recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, lo que acreditó con los comprobantes de vacunación expedidos por la Coordinación de Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato (folios 215 y 216). Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa; sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que feneció el plazo concedido para que se manifestara al respecto, sin haberlo realizado. Ahora bien, acorde con lo anterior y con el estado de autos, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable una causal de improcedencia, que obliga a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Se explica: El uno de marzo de dos mil veintidós, Carolina Orduña Luna e Iván Buso Ríos, en representación de su menor hija de iniciales S.E.B.O., presentaron una demanda de amparo, en la cual reclamaron de diversas autoridades, en lo esencial, la omisión de aplicar a esa infanta la vacuna contra el Covid-19. Por auto de dos de marzo siguiente, se admitió la demanda y concedió la suspensión de plano para que le fuera aplicado el biológico correspondiente. En respuesta a ello, mediante oficio registrado con folio 10890 (foja 214) el apoderado de la autoridad responsable Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato informó que se inmunizó con la primera y segunda dosis del fármaco respectivo a la menor de edad quejosa y exhibió las constancias relativas, de las que se advierte que efectivamente el veintisiete de mayo y veintiuno de junio ambos de dos mil veintidós, fue vacunada la menor de referencia. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada con esa circunstancia, en auto de dieciocho de julio pasado, pues se le apercibió que de no hacer manifestación al respecto, se entendería que la infante sí recibió las dosis en comento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene como cierto que la menor quejosa ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Bajo esas circunstancias, se actualiza de forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado en sus efectos la conducta omisiva reclamada. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Lo anterior, dado que la autoridad responsable subsanó la omisión reclamada primigeniamente, es decir, aplicó las dosis de la vacuna cuya omisión de hacerlo constituyó el reclamo en esta instancia. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Atento a lo que antecede, resulta innecesario verificar la audiencia constitucional programada en autos, por lo que se deja sin efectos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Estado procesal Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, se tuvo a la Secretaria de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato informando que la menor quejosa ya recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, lo que acreditó con los comprobantes de vacunación expedidos por la Coordinación de Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato (folios 215 y 216). Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa; sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que feneció el plazo concedido para que se manifestara al respecto, sin haberlo realizado. Ahora bien, acorde con lo anterior y con el estado de autos, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable una causal de improcedencia, que obliga a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Se explica: El uno de marzo de dos mil veintidós, Carolina Orduña Luna e Iván Buso Ríos, en representación de su menor hija de iniciales S.E.B.O., presentaron una demanda de amparo, en la cual reclamaron de diversas autoridades, en lo esencial, la omisión de aplicar a esa infanta la vacuna contra el Covid-19. Por auto de dos de marzo siguiente, se admitió la demanda y concedió la suspensión de plano para que le fuera aplicado el biológico correspondiente. En respuesta a ello, mediante oficio registrado con folio 10890 (foja 214) el apoderado de la autoridad responsable Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato informó que se inmunizó con la primera y segunda dosis del fármaco respectivo a la menor de edad quejosa y exhibió las constancias relativas, de las que se advierte que efectivamente el veintisiete de mayo y veintiuno de junio ambos de dos mil veintidós, fue vacunada la menor de referencia. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada con esa circunstancia, en auto de dieciocho de julio pasado, pues se le apercibió que de no hacer manifestación al respecto, se entendería que la infante sí recibió las dosis en comento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene como cierto que la menor quejosa ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Bajo esas circunstancias, se actualiza de forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado en sus efectos la conducta omisiva reclamada. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Lo anterior, dado que la autoridad responsable subsanó la omisión reclamada primigeniamente, es decir, aplicó las dosis de la vacuna cuya omisión de hacerlo constituyó el reclamo en esta instancia. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Atento a lo que antecede, resulta innecesario verificar la audiencia constitucional programada en autos, por lo que se deja sin efectos. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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