Ivan Bernardino Saldaña Pérez
Expediente 1403/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ivan Bernardino Saldaña Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
...agréguese a los autos para que obre como en derecho el oficio número 5907/2021 signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa la imposibilidad que cuenta para dar cumplimiento al fallo protector emitido dentro del presente asunto, por los motivos que expone en el oficio que se provee...de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y por correo electrónico a la parte quejosa corriéndole traslado con copia del oficio que se recibe y anexos que acompaña.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno...con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores...Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1403/2020, promovido por Iván Bernardino Saldaña Pérez, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Pablo Hernández Montiel, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Acto continuo, el Secretario hace una relación de las constancias de autos que bajo el principio de economía procesal no habrán de transcribirse cada una. Apoya lo considerado, por analogía, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, que señala: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Enseguida, el Juez acuerda tener por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da nueva cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y hace constar que ninguna de las demás partes ofrecieron de su intención; el Juez acuerda: se tiene por recibidas, admitidas y desahogadas las documentales de cuenta, y no habiendo más pruebas que desahogar, se cierra el periodo. Enseguida se abre la etapa de alegatos: en la que el Secretario certifica que ninguna de las partes los ofreció. El Juez acuerda: al no existir alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1403/2020, promovido por Iván Bernardino Saldaña Pérez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, que fuera turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, Iván Bernardino Saldaña Pérez, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, que hizo consistir literalmente en: "IV. ACTO RECLAMADO: La tardanza y omisión de acordar la ampliación de demanda, presentada el 13 de marzo del 2020, así como de notificar a las demandadas, en el término señalado por el numero 735 y 873 de la Ley Federal del Trabajo dentro del expediente administrativo laboral número 473/E/2019. Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Iván Bernardino Saldaña Pérez, y se registró con el número 1403/2020; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO (Competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO (Precisión del acto reclamado). En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dar trámite al escrito de ampliación de demanda promovido dentro del juicio laboral 473/E/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de dar trámite al escrito de ampliación de demanda de trece de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 473/E/2019, refiriendo que en propia fecha procedió a su tramitación. Por lo anterior, se tiene por plenamente probado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio. En el caso, como las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualice alguna, procede examinar el fondo del presente asunto, sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante en su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, máxime que el artículo 77 de la Ley de Amparo, no señala que deban transcribirse en la sentencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2010, Novena Época, que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte impetrante de amparo, aduce que la omisión impugnada es violatoria de las garantías contempladas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, aunque para ello se amerite suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, al advertir este juzgador que la autoridad responsable infringe en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto por el numeral 838 de la Ley Federal del Trabajo; y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución, que establece la obligación de los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En relación a ese derecho fundamental, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese orden de ideas, resultan fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, consistentes en la omisión de proveer respecto al ocurso de trece de marzo de dos mil veinte, a través del cual, amplia la demanda que fuera registrada bajo el expediente laboral 473/E/2019. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 838, aplicado de manera supletoria, dispone: "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." El artículo en comento señala la obligación de la responsable de dictar el acuerdo correspondiente a las promociones por escrito que reciba dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En esa tesitura, de las constancias allegadas por la parte quejosa, se desprende que el trece de marzo de dos mil veinte, presentó dentro de los autos del expediente laboral número 473/E/2019, una promoción ante la responsable de esa misma data, sin que a la fecha obre constancia alguna dentro del presente sumario de garantías que ponga de manifiesto que la responsable ha acordado la petición presentada por la aquí parte quejosa, pues no obstante la potestad allega el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, de la lectura integral del mismo, no se desprende que se haya atendiendo el ocurso de trece de marzo de dos mil veinte, el cual constituye el acto aquí reclamado. Lo anterior evidencia el lapso excesivo en el que incurre la autoridad laboral para pronunciarse sobre la promoción en comento de acuerdo al término contemplado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, lo que pone de manifiesto la dilación en la que incide la responsable. Ello crea convicción plena a este juzgador para resolver en el sentido que se hace, pues se advierte una dilación procesal que debe ser subsanada por esta vía. De ahí que las razones expuestas por la autoridad laboral no resultan suficientes para acreditar su dicho, pues se advierte su indulgencia al permitir el retardo desmedido en la decisión de los asuntos sometidos ante su potestad, pues con ello se hace nugatorio el derecho de la parte quejosa a una pronta expedición de justicia, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de las reflexiones apuntadas, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Iván Bernardino Saldaña Pérez. EFECTOS DEL FALLO El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con asiento en esta ciudad, deberá: Pronunciarse de inmediato sobre el escrito de fecha trece de marzo de dos mil veinte, dentro del expediente laboral número 473/E/2019, a través del cual, la parte quejosa amplió la demanda laboral instaurada contra el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, o bien, manifestara su imposibilidad que tenga para ello. Lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Iván Bernardino Saldaña Pérez, respecto del acto reclamado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, precisado en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos señalados en el último de este fallo NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Pablo Hernández Montiel, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos suspendidos por el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, por la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial; reanudación que se llevará a cabo con base en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020 del citado órgano colegiado. Por tanto, visto el estado de autos del expediente en que se actúa, revela que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las once horas con tres minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, fecha que quedó comprendida dentro del lapso en el cual no corrieron términos procesales; por lo que, PROCEDE REANUDAR EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE SUMARIO en el punto en que quedaron pausados. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la inteligencia de que la misma, como se estableció en diverso auto y bajo los lineamientos allí descritos, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. De igual forma, se les hace de su conocimiento, que la reanudación de los plazos opera hasta que en tanto se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 ya citado. Por otro lado, en caso de que aún no lo hayan solicitado las partes, o proporcionado un correo electrónico, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General, se les invita que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente...Se ordena la notificación del presente proveído al Fiscal de la Federación Titular de la Agencia en Materia de Amparo Adscrito a este juzgado a través del correo electrónico rafael.desantillana@pgr.gob.mx. De igual forma, la notificación encomendada deberá llevarse a cabo aún en días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables de manera física o por correo electrónico a quienes lo hayan designado; debiéndose privilegiar los medios electrónicos para tal efecto, en términos del Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19.
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